El juicio a casi 40 acusados de haber defraudado a la administración pública y en especial a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), a través de la tramitación irregular de cientos de jubilaciones y pensiones, se puso en marcha este martes, y de acuerdo al fiscal que interviene en el proceso, el perjuicio ocasionado al Estado fue de cerca de 90 millones de pesos.

El proceso oral se inició minutos después de las 10.30 en la sala del Tribunal Oral Federal, y busca determinar la responsabilidad penal de abogados, médicos, contadores, técnicos, peritos oficiales y dos exempleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) imputados en la denominada “causa Cagni”, en referencia al apellido de uno de los implicados.

En la primera audiencia, fueron presentadas las líneas de su acusación por parte del fiscal federal Nicolás Czizik, quien estuvo a cargo de la investigación.

Según precisó Czizik, que intervino de manera remota, los imputados llevaban adelante maniobras defraudatorias para obtener beneficios previsionales “a través del uso de relaciones laborales falsas y la simulación de afecciones de salud con certificados e historias clínicas apócrifos”.

El fiscal aseguró que cuatro de los acusados, entre ellos tres abogados, están imputados como jefes y organizadores de una asociación ilícita que tramitó “de manera ilegal” este tipo de beneficios en más de 350 casos, “a cambio de un honorario”.

Se trata de Rubén Cagni (52), Roberto Balbuena (67), Luciano Conrado Diez Suárez y Luis Iros (71), quienes estaban al frente de “Organización Jurídico Previsional S.R.L”, un estudio que funcionaba en el barrio marplatense de Chauvín.

Cagni, Balbuena, Diez Suárez e Iros, quienes cumplen arresto domiciliario, están acusados además como coautores de los delitos de defraudación contra la administración pública reiterado, tenencia de DNI ajeno y alteración dolosa de registros.

Según la acusación fiscal, otras nueve personas que llegaron a juicio formaron parte de la asociación ilícita, que operó al menos desde 2006.

Si bien inicialmente estaban imputadas 69 personas, tres de ellas fallecieron antes de que el caso llegara a la instancia del proceso oral, once suscribieron un acuerdo de juicio abreviado que debe ser homologado o no al cierre del debate oral por parte del tribunal, y otras 17 fueron sobreseídas por reparación integral del perjuicio a través de la devolución del dinero obtenido de manera irregular.

En el juicio se analizará también la presunta responsabilidad penal de 25 personas que consiguieron o tramitaron beneficios previsionales a través de estos mecanismos.

Los tres integrantes del TOF, Rodrigo Giménez Uriburu, Luis Imaz y José Mario Tripputi, siguieron el inicio del debate oral de manera remota, al igual que algunos de los imputados y sus defensas.

El juicio, que podría extenderse durante meses debido a la cantidad de hechos a ser analizados, continuará el próximo martes desde las 10, con los lineamientos de las acusaciones de la Anses, la AFIP y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que intervienen como querellantes.

La organización investigada fue desbaratada a partir de una denuncia formulada en 2016 por la Anses, y de acuerdo a la investigación el grupo se dedicaba a gestionar y tramitar “beneficios previsionales falsos que, luego de otorgados, conllevaron a un perjuicio patrimonial para la administración pública de considerable envergadura”.

Según la instrucción del caso, las maniobras “consistían en la utilización de empleadores falsos o sin actividad comercial activa” para generar “una simulación ilícita de vínculos laborales con empleados” que resultaban ser los beneficiarios.

De ese modo, lograban “fraguar períodos de prestación laboral mediante la regularización extemporánea en el Sistema Integrado Previsional Argentino sin realizar los aportes y contribuciones obligatorios”.

Según indicó en la elevación a juicio, el juez Santiago Inchausti, la organización utilizaba el CUIT de “aquellos supuestos empleadores falsos”, para declarar “servicios apócrifos en relación de dependencia, mediante la presentación de declaraciones juradas extemporáneas”.

“La organización delictiva se valió, a su vez, de diversas irregularidades y maniobras ilícitas como ser la alteración de registros del sistema de AFIP, utilización de documentos privados falsos, sellos de médicos y de un escribano, expedientes originales de la ANSES que en el sistema del organismo aparecían como extraviados”, aseguró.

El magistrado señaló además que la organización tenía “capacidad e incidencia” para “lograr dictámenes favorables”, ya que contaba con una “cartera de profesionales médicos que trabajaban sistemáticamente para ellos y expedían certificados con diversas patologías, sobrevaloradas, exageradas o inexistentes”.