La banda de “Cato”, una organización narco familiar que operaba desde Mar del Plata, comenzó a ser juzgada este martes en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N° 1.

El debate tiene diez imputados -varios de ellos integrantes de una misma familia- por conformar una banda transportaba y comercializaba cocaína y marihuana y lavaba el dinero proveniente de las maniobras ilícitas. El grupo de delincuentes fue desbaratado en 2018 y en su poder se incautaron más de 60 kilos de droga.

El fiscal Juan Manuel Pettigiani dio un nuevo encuadre a la calificación legal y adelantó el pedido de decomiso de 55 vehículos, que habrían sido adquiridos con el beneficio económico de los delitos cometidos.

La banda, de acuerdo a la acusación fiscal, estaba liderada por Carlos Esteban “Cato” Giménez y su cuñado Daniel Domeika, y la integraban también Ángel David Brecciarolli, Marina Rueda Sánchez, Jeremías Ezequiel Giménez, Raúl Ricardo Giménez, Ricardo Raúl Giménez, Luis Fernando Núñez Ayala, Ángel Custodio Núñez Martínez y Gabriela Patricia Menna.

La organización fue desbaratada el 27 de febrero de 2018, cuando efectivos de la Policía Federal Argentina que tenían intervenida la línea de Carlos Giménez escucharon que estaba a la espera de un cargamento de estupefacientes que llegaría desde la Ciudad de Buenos Aires. Con la orden judicial dictada, se allanó una vivienda ubicada en la calle Génova bis entre Pehuajó y Udine bis: el resultado fue el secuestro de casi 60 kilos de marihuana –ocultos en un BMW- y 500 gramos de cocaína, más de 400 mil pesos, una balanza, diez automóviles y una moto, entre otros elementos de interés para la investigación.

Además, se encontraron dos armas, una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 38, por las que quedaron imputados dos miembros de la banda, por tenencia ilegal de arma de guerra. Al día siguiente se allanaron las viviendas de los investigados e investigadas y se secuestró gran cantidad de automotores, documentación vehicular, sustancia de estiramiento y dinero en efectivo.

La investigación permitió avanzar también sobre los bienes que los acusados habrían obtenido a partir de las maniobras ilícitas desplegadas. La acusación por lavado de activos alcanza a ocho de los diez miembros de la banda. “El beneficio económico de las actividades ilícitas de tráfico de estupefacientes se introdujo en el mercado a través de la adquisición de bienes muebles, mayormente automotores, los cuales a su vez eran utilizados para el transporte, acopio y pago de estupefacientes, y continuar así desarrollando las actividades ilícitas llevadas a cabo por esta organización”, leyó Pettigiani durante la primera audiencia, acompañado por el auxiliar fiscal Carlos Fioriti, al identificar los distintos hechos a ser juzgados.

Patrimonios sin justificar

En este sentido, dejaron en claro que más allá de los emprendimientos comerciales que miembros de la banda tenían -como un corralón de materiales para la construcción y un polirubro, además de una agencia informal de automóviles situada sobre la avenida Polonia-, “sus integrantes no poseían actividad comercial/profesional lícita que justifique el patrimonio detectado durante la investigación el cual consistiría, en forma estimada, de aproximadamente $670.000 pesos de dinero en efectivo, 52 automóviles, tres motocicletas, y la documentación que acredita la posesión de al menos otros diez automóviles”. Sobre todos estos bienes el MPF pedirá el decomiso al momento de efectuarse el correspondiente alegato, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Código Penal.

En relación a la calificación legal, Pettigiani adelantó que el Ministerio Público propondrá una modificación a la calificación jurídica de los hechos por lo que llegaron imputados “Cato” Giménez, Domeika, Brecciarolli y Rueda Sánchez: si bien en la elevación a juicio se había encuadrado uno de los hechos como comercio de estupefacientes agravado, se propondrá la imputación como tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado.

La fundamentación se basó en la doctrina del Tribunal en una reciente causa. “La tenencia con fines de comercialización constituye una actividad ilícita donde la droga se mueve para hacer posible el negocio del traficante con independencia de que no se haya podido acreditar una entrega y la recepción del dinero a cambio, en el sentido que lo exige el tipo de comercio previsto en el artículo 5 de la ley 23.737 y es la forma que ha encontrado el legislador para castigar todo el proceso de fabricación, producción, distribución y comercio de sustancia estupefaciente, separando la consumación del agotamiento en las conductas de peligro recogidas en el artículo 5 inc. c) de la ley 23737”, precisó Pettigiani, quien reparó que la modificación propuesta “no implica una vulneración del principio de correlación entre la imputación y el fallo”.

En tanto, Núñez Ayala y Núñez Martínez están acusados del delito de transporte ilícito de estupefacientes, en carácter de coautores. De acuerdo a la pesquisa, los dos ciudadanos paraguayos, junto a un tercer cómplice que permanece prófugo, habían transportado la droga que fue secuestrada el día del allanamiento a bordo de automóvil BMW.