En el marco de la investigación por evasión fiscal a los dueños del complejo Sobremonte, la Justicia Federal le tomó la declaración indagatoria a seis de las once acusados de utilizar una red de testaferros para atribuirles de manera ficticia la explotación del lugar, ocultando así a los verdaderos beneficiarios.

De esta manera, la fiscal Laura Mazzaferri y el juez Santiago Inchausti escucharon entre el martes y el miercóles a seis de los imputados y se espera que al finalizar la semana el resto de los once acusados den sus testimonios.

Están acusados de evasión simple tributaria(ejercicios anuales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012); evasión agravada tributaria(ejercicios anuales 2013 y 2014) y asociación ilícita fiscal por los mismos períodos.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, la explotación ficticia del lugar se llevó a cabo -al menos desde 2003 a la actualidad- a través de una cuidadosa ingeniería compuesta por sociedades y personas físicas que actuaron como testaferros con el único propósito de encubrir a los dueños, quienes son los verdaderos beneficiarios del funcionamiento del lugar, evitando de este modo el cumplimiento de sus obligaciones impositivas. El Complejo Sobremonte, un multiespacio que engloba pistas de baile, restaurantes y lugares de esparcimiento desde hace casi 40 años, aumentó considerablemente su dimensión en el transcurso del tiempo.

Monotributistas ricos

Uno de los aspectos que sobresale de la pesquisa es la notable inconsistencia que surge entre el perfil patrimonial y lo declarado ante el fisco por parte de los principales acusados. En este sentido, uno de los organizadores de las maniobras y el principal beneficiario de las ganancias del complejo no registra inscripción en ninguno de los impuestos y/o regímenes cuya recaudación se encuentra a cargo la AFIP/DGI desde septiembre de 2002. Tampoco se encuentra declarado como empleado en relación de dependencia, ni resulta titular de tarjeta de crédito alguna, ni posee bienes inmuebles a su nombre.

Lavado

Además de los delitos tributarios, la fiscal federal de Mar del Plata Laura Mazzaferri y la Procelac plantearon la existencia de indicios respecto a una posible legitimación de activos de origen delictivo, en especial teniendo en cuenta que la legislación sancionada en 2011 -en sintonía con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional- incluyó a la evasión como delito precedente del lavado de activos.