Los sectores productivos de ajo, algodón y tomate en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza concentran la atención de un programa orientado a combatir el trabajo infantil en el sector agropecuario, que cuenta con financiamiento del gobierno de los Estados Unidos.

El proyecto “Offside: ¡marcando la cancha!” es una iniciativa impulsada por la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que lleva ya seis meses de implementación y se extenderá hasta 2023, a partir de un respaldo de US$ 2,5 millones aportados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Los cuatro ejes del programa son profundizar esfuerzos, responsabilidad, trabajo conjunto y concientización, según se definió en un reciente encuentro en el que participaron más de veinte instituciones y actores sociales, incluidos funcionarios de las Secretarías de Trabajo y de Agroindustria, sindicalistas y empresarios.

La OIT precisó que en la Argentina “el problema alcanza a más de 763.000 niños y niñas, de los cuales casi el 20% vive en zonas rurales, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), elaborada por el Indec junto con la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo en 2018”.

María Eugenia Figueroa, especialista del organismo en desarrollo rural y coordinadora nacional del proyecto Offside, instó a “promover una mayor articulación entre organismos de gobierno, empresas, trabajadores y la sociedad civil, para cumplir con la meta de erradicar el trabajo infantil para el año 2025”.

La experta destacó que el país ya cuenta con logros significativos, como el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (2018-2022), y la ley 26.847, que prohíbe y penaliza el flagelo.

A pesar de estos esfuerzos “el problema persiste porque miles de niñas y niños de todo el país siguen involucrados en tareas productivas propias de los adultos, con consecuencias muy graves en su salud, educación y trayectorias laborales futuras”, advirtió Figueroa.

Según los análisis de la OIT, estas prácticas avaladas por parte del sector empresario del campo “conducen a que, generación tras generación, se reproduzcan sesgos por género en el mercado de trabajo, así como las condiciones de informalidad y precariedad laboral”.

Entre las instituciones que integran la iniciativa se encuentran los gobiernos provinciales y las secretarías mencionadas; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); y la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti, perteneciente al Ministerio de Producción y Trabajo).

Participan asimismo la Unión Industrial Argentina (UIA); el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Según indicó Figueroa, el apoyo interinstitucional e interdisciplinario al proyecto Offside permitirá diseñar modelos de intervención para mejorar los mecanismos de coordinación local, a fin de combatir el trabajo infantil en el sector agropecuario y la participación de menores de edad en labores peligrosas y con cargas horarias superiores a lo permitido.