El fiscal general Pablo Ouviña continuó con el alegato en el debate denominado “CNU II”, en el que se juzga a los abogados Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa por su participación en una asociación ilícita que cometió crímenes de lesa humanidad en la etapa previa al golpe de Estado de 1976 en Mar del Plata. El fiscal dio cuenta del modus operandi de la banda, que estaba inserta en puestos claves del ámbito universitario, el sindicalismo y la justicia federal de entonces, lo que cerraba el círculo de impunidad con el que actuaban. Expuso los detalles de los crímenes de la noche conocida como “5×1”, luego de la muerte del líder de la organización de ultraderecha; el asesinato de los amigos y contadores Jorge Alberto Stoppani y Daniel Gasparri; y el secuestro y homicidio de María del Carmen Maggi que conmocionó a la ciudad. El 7 de octubre se retoma el debate y la fiscalía continuará con su exposición.

En las dos primeras audiencias de su alegato, el fiscal Ouviña se había adentrado en algunas de las particularidades que presentó la organización criminal a nivel local: el surgimiento y fortalecimiento de la CNU en Mar del Plata; sus vínculos con organizaciones políticas y sindicales del peronismo ortodoxo y con las fuerzas armadas y de seguridad; su inserción en la administración universitaria y en la fiscalía federal de la ciudad; y el modo en que, desde esos lugares, se llevó adelante el plan criminal para extirpar la llamada “infiltración marxista”. Antes de ello, el fiscal había trazado el contexto en que se desarrolló la organización criminal, a partir de la segunda mitad de 1974.

Ante los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, Ouviña continuó con un relato cronológico de los episodios violentos que se sucedieron desde mayo de 1974, con los ataques sufridos por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), cuando el testigo Carlos Petroni fue víctima de un intento de asesinato, hasta marzo de 1976, cuando los ataques se dirigieron a los testigos Leventi y Nisembaum, en la previa del golpe cívico militar. El repaso una a una de esas agresiones planificadas y crímenes cometidos por integrantes de la CNU –que exceden a los casos que se investigan en el juicio- llevó a concluir un mismo modus operandi de la organización delictiva.

El fiscal indicó que los grupos operativos solían estar formados casi exclusivamente por integrantes de la CNU, aunque muchas otras veces operaban conjuntamente con miembros de otros grupos ideológicamente afines que también integraban la asociación delictiva, como la CGT local, el CdO, la JSP o la CNU La Plata. Incluso, en ocasiones operaban conjuntamente con fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.

Las víctimas tenían un mismo denominador: eran personas con ideología de izquierda y asociadas al peronismo en su mayoría, aunque no exclusivamente. El fiscal reparó en que muchas de sus víctimas fueron estudiantes y personal docente universitario, el escenario donde surgió la organización de ultraderecha. “Era principalmente allí donde la CNU ejecutaba el plan depurador de la asociación criminal”, destacó Ouviña, quien reparó en que también hubo entre sus víctimas trabajadores y representantes sindicales, dirigentes políticos nacionales, y personas que de alguna manera podían afectar sus intereses.

Para el fiscal, esto tiene un sentido claro: “Recordemos que se trataba de un plan integral del que la CNU formó parte conjuntamente con otras organizaciones, donde operaban de manera coordinada, persiguiendo un objetivo común: eliminar la llamada infiltración marxista”.

Los dos acusados en septiembre del año pasado, al inicio del debate oral. – Foto: MPF

Desechar cadáveres y salir impunes

“Se advierte una forma particular de atacar y secuestrar, de matar y de desechar cadáveres, y una forma de garantizar la impunidad para los participantes, que se repite. Este modus operandi, además, es idéntico en otras localidades en las que también operaba la asociación ilícita”, precisó el fiscal.

En esta línea, Ouviña señaló cinco características principales. La primera es que los operativos se realizaban en grupo, de al menos cuatro personas. “La superioridad numérica era un factor relevante para asegurar el éxito. Fundamentalmente, cuando se buscaba reducir a una persona para capturarla e introducirla en un vehículo”, apuntó.

La segunda refiere a la utilización de autos particulares para los operativos, generalmente de grandes dimensiones que permitieran llevar varios ocupantes a bordo. Incluso, en algunos de los episodios su usaron automóviles robados.

El tercer rasgo característico era que el grupo contaba con una gran cantidad y variedad de armamento, que pertenecía y estaba a disposición del grupo: desde armas automáticas hasta revólveres, escopetas, pistolas, paquetes de trotyl, etcétera.

Los operativos eran planificados y requerían cierto grado de inteligencia previa, conforme preveía la Orden Reservada del Consejo Superior Peronista, que tenía alcance nacional sobre todo el movimiento y las autoridades que ocupaban cargos públicos; sólo dejaba en manos de los referentes territoriales la forma de implementar las acciones de depuración y el momento de hacerlo. Esta cuarta característica implicaba que se realizaban los operativos en domicilios laborales, las residencias de sus víctimas o en el trayecto entre uno y otro.

El plan inicial de acción consistía en lograr de algún modo reducir a la víctima e introducirla en uno de los vehículos del operativo. “La víctima era generalmente maniatada, trasladada a algún paraje despoblado y alevosamente ejecutada entre varias personas”, describió Ouviña y preguntó al Tribunal: “¿Cuántas balas se necesitan para matar a una persona que se encuentra indefensa y a poca distancia? Probablemente bastaría con una sola. Pero es claro que a la asociación ilícita no le interesaba ahorrar en violencia”, respondió.

Los asesinatos fueron consecuencia de múltiples disparos de armas y calibres variados, realizados a corta distancia y agrupados generalmente en tórax y cabeza. “Esto no sólo resulta demostrativo de odio y brutalidad: los cuerpos acribillados cumplían además la función de amedrentar y mandar un mensaje claro a quienes consideraban sus enemigos”, comprendió el fiscal en su alegato.

La acción del grupo tuvo como quinto punto característico realizar acciones para garantizar el éxito de los operativos y la impunidad de sus ejecutores. Una de esas medidas implicó coordinar su accionar con las fuerzas armadas y de seguridad para evitar interrupciones indeseadas, es decir, contar con la comúnmente denominada “zona liberada”.
Y “la impunidad se consagraba con la inserción de la CNU en la fiscalía federal, encabezada por el entonces fiscal Gustavo Demarchi, e integrada por otros miembros del grupo: Rolón, Justel y el aquí imputado Ullúa”. Las causas se archivaban casi automáticamente sin importar cuán significativos fuesen los elementos con que se contaba para individualizar a los responsables.

La noche del “5×1”

Ernesto Carlos Piantoni era el jefe de la CNU marplatense, y actuó como abogado defensor de sus camaradas –entre ellos los dos imputados en este juicio- en la causa por el homicidio de la estudiante Silvia Filler en diciembre de 1971. El 20 de marzo de 1975, alrededor de las 13.30, fue atacado a balazos mientras circulaba en su auto por la calle Formosa entre Güemes y Olavarría, y dos horas después falleció en una clínica local.

Esa misma noche, el cuerpo de Piantoni fue velado en la funeraria Sampietro, desde donde se desplegó la represalia. En el debate quedó probado que estuvieron, entre otros, muchos de los miembros de la asociación ilícita investigada, incluidos Corres y Ullúa. Numerosos testigos relataron haber visto vehículos que ostentaban armas por las ventanillas o que sus ocupantes se veían armados en los alrededores de la casa de sepelios. En el local de la CGT –lugar habitual de reunión del grupo- se convocó a una asamblea, y es allí donde “se ultimaron los detalles para cometer la matanza”, cuestión que ya se había probado en la sentencia del juicio CNU I.

Las acciones se coordinaron en la sede de la central gremial, en el local de CNU ubicado en la misma cuadra de la casa de sepelios y en la casa de uno de los miembros de CNU, Juan Carlos “Flipper” González. “Era importante la planificación. Era necesario consumar la represalia ese mismo día. El mensaje debía ser claro, podía no haber segundas oportunidades”, relató el fiscal en su alegato.

El plan necesitaba también tareas de inteligencia, y uno de los encargados de realizarlas fue el propio Ullúa, quien junto a un acompañante recorrió a bordo de un Ford Falcon el barrio La Perla por donde vivían parte de las víctimas.

Un grupo numeroso, fuertemente armado, salió en varios vehículos. Los destinos eran dos. Uno de ellos, la vivienda de la familia Videla, donde se encontraban cuatro de las víctimas de aquella noche: Jorge Enrique Videla, sus hijos Guillermo y Jorge Lisandro, y su sobrino, Enrique “Pacho” Elizagaray, quien se había refugiado allí. El joven cursaba cuarto año de la carrera de abogacía en la Universidad Católica de Mar del Plata y participaba activamente en la Juventud Universitaria Peronista.

Cerca de las 5.00 de la mañana del 21 de marzo al menos doce personas del grupo operativo irrumpieron en la vivienda de España 856. Algunos quedaron afuera amenazando vecinos para que no se asomaran. Otros tocaron timbre, golpearon la puerta y se identificaron como miembros de la Policía Federal. Jorge Enrique abrió la puerta y el grupo irrumpió violentamente. A sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo –de solo 16 años- los sacaron de la habitación a los golpes. Se los llevaron a los tres. En simultáneo Pacho Elizagaray intentó escapar por la terraza, pasó al techo de la casa vecina pero lo persiguieron y acribillaron de 28 balazos. Los Videla fueron acribillados en un paraje del barrio Montemar, absolutamente indefensos.

El otro objetivo que habían seleccionado fue el médico platense Bernardo Goldenberg. Si bien en Mar del Plata ya no tuvo vinculación con ninguna agrupación política, los servicios de inteligencia tenían conocimiento de sus antecedentes, sabían dónde vivía y estaban pendientes de sus movimientos. Cerca de las 5.30 de la madrugada, el grupo operativo llegó hasta su casa, ubicada en Falucho 3634. Se volvieron a identificar como policías: se llevaron al profesional por la fuerza y robaron bienes de la familia; en la vivienda estaba su pareja y su hijo de apenas dos meses. A Goldenberg se lo llevaron para el sur de la ciudad: cerca de las 6.15 lo acribillaron con más de 50 balazos, en la intersección del camino viejo a Miramar y la calle 93.

La investigación de los asesinatos fue prácticamente nula. “Con Demarchi como fiscal actuante, no existe ninguna diligencia que haya tenido por finalidad intentar conocer la identidad de los autores”, señaló el representante del MPF y se remitió a las pocas constancias que obraban en los expedientes de entonces.

La conexión entre la muerte de Piantoni y los homicidios cometidos la madrugada siguiente no sólo se desprende de los testimonios escuchados en el debate y la reconstrucción en juicio 45 años después, sino que también está dada por lo escrito en los informes de inteligencia de la Prefectura, las publicaciones periodísticas de la época y un relato clave, el de Mirta Masid, ex pareja de Carlos González, miembro de la banda. Ella relató, entre otras cuestiones, que los propios miembros de la CNU se jactaban sobre el operativo y se reían recordando cuando perseguían a “Pacho” Elizagaray por los techos.

Stoppani y Gasparri

Jorge Alberto Stoppani y Daniel Gasparri iniciaron su amistad en las aulas de la Universidad Nacional de La Plata donde estudiaban para ser contadores públicos. Stoppani más allá de simpatizar con la JP, no participaba de ninguna organización; Gasparri en cambio había comenzado a desarrollar actividades políticas en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Su militancia había despertado el interés y el seguimiento de la Dirección de Inteligencia de la Policía provincial (DIPBA), que confreccionó informes donde asentó, por ejemplo, las tomas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Provincial, y la detención sufrida a raíz de los reclamos por el asesinato de Silvia Filler.

“Gasparri estaba involucrado en la política marplatense. No hay dudas de que podía ser calificado como un referente local de la izquierda peronista. Gasparri era, en definitiva, uno de aquellos ‘infiltrados’ que la CNU se había comprometido a extirpar del ‘Movimiento’”, analizó Ouviña.

El 24 de abril de 1975, cerca de las 19.00, salieron juntos de un bar ubicado en la esquina del Palacio Municipal, en San Martín e Hipólito Yrigoyen, a bordo de un Peugeot 504. Gasparri se iba a una reunión en la sede del Sindicato de Empleados Municipales –un mes antes de su asesinato había sido elegido delegado-, y más tarde fue en busca de Stoppani para invitarlo a salir. Iban en el automóvil cuando fueron interceptados por un grupo compuesto por miembros de la CNU, entre los que se encontraba Ullúa.

Antes de las 3 de la madrugada de esa noche fueron llevados hasta el paraje conocido como “Lomas de Cabo Corrientes”, ubicado sobre la avenida Edison, a tres kilómetros de la avenida Mario Bravo. Allí fueron ejecutados con múltiples disparos de al menos cuatro armas distintas. A Stoppani le hicieron cortes en ambas muñecas con un cuchillo que llegaron hasta el hueso. Luego lo asesinaron con 11 disparos. A Gasparri lo colocaron en la parte trasera del vehículo, al que balearon y prendieron fuego. Su cuerpo fue encontrado completamente calcinado.

El crimen de Coca Maggi

A María del Carmen Maggi la conocían como “Coca Maggi”. Tenía 30 años cuando fue secuestrada y asesinada. Profesora de filosofía y letras, dedicó toda su vida a la docencia, profesión que ejerció en colegios secundarios, la Universidad Católica de Mar del Plata, y en la Universidad Provincial, luego nacionalizada. Era entonces decana de la Facultad de Humanidades y, luego, también Secretaria General.

Maggi tuvo un rol central en el proceso de fusión entre la Universidad Nacional y la Católica, no sólo por su compromiso personal y profesional, sino porque reemplazaba al rector Grimberg, que pasaba la mayor parte del tiempo en La Rioja por otros compromisos laborales. Esto la llevaba a ponerse frente a frente con las autoridades de la Universidad Provincial, que eran miembros activos de la CNU.

El testigo Jorge Casales relató un episodio que llevó luego a una conferencia de prensa. Maggi asistió a una reunión con el entonces rector Arrighi, en representación de la Universidad Católica. Allí le dijeron que el traspaso se iba a hacer como ellos querían: “Si no se hace por las buenas se va a hacer por las malas”, rememoró Casales. La docente había gravado parte de la conversación y fue puesta en conocimiento de los medios en una conferencia de prensa. Esto contribuyó a la ida de Arrighi de su cargo y un consiguiente aumento del clima de violencia en el mundo universitario.

Las señales de violencia fueron incluso pintadas en el Pasaje Catedral –donde funcionaba la Universidad Católica- y en la Iglesia Pompeya, situada a la vuelta de la casa de Maggi, y tuvieron como destinatario a monseñor Eduardo Pironio. Decían: “Pironio usurero de los sucios montoneros” y “Pironio obispo rojo”. Maggi comenzó a ser hostigada, perseguida en la calle y amenazada telefónicamente.

“Si bien Maggi no integraba ningún partido u organización política, se presentaba sin embargo como una valla al plan de depuración que se había propuesto la asociación ilícita”, explicó el fiscal.

Entre la documentación analizada en el alegato, hizo referencia a un informe de inteligencia de la DIPBA que concluía: “Siempre estuvo identificada con la corriente izquierdista y vinculada a grupos de activistas actuantes en el ámbito universitario. No obstante, la misma no se encuentra registrada en esta Dirección”.

“Vemos entonces que la oposición de Maggi a las pretensiones de la CNU, y el macartismo interpretativo de esa organización de tildar de marxista o izquierdista a toda persona que revelara ideas diferentes y se opusiera a sus designios, la colocó dentro del universo a depurar”, señaló.

Entonces Maggi era amenazada, por lo que iba y volvía de trabajar en auto con su padre. Sus allegados, como Casales y Elena Arena, le habían sugerido que pidiera licencia por el peligro que corría. La CNU ya había cometido siete homicidios, uno de ellos había sido el de Pacho Elizagaray, quien como referente de la JUP estaba, al igual que Maggi, inmiscuido en el proceso de fusión. Tras la noche del “5×1” muchos militantes decidieron irse de Mar del Plata por seguridad. Casales detalló que la única persona involucrada en ese proceso que no quiso irse fue Coca Maggi, y se emocionó al reconocer que fue ahí que “ofrendó su vida”.

Un hecho que aparece como relevante es la bomba que detonó el 9 de mayo de 1975 en la casa de Eduardo Cincotta –entonces secretario general de la Universidad Nacional y miembro insigne de CNU-, que dejó como saldo daños materiales. La respuesta inmediata de la asociación ilícita –como sucedió con el denominado 5×1- fue acudir en busca de Maggi. Poco más de una hora después del atentado a Cincotta, a las 2.15 de la madrugada, un grupo de entre diez y doce hombres –entre los que se encontraba Ullúa- que portaban ametralladoras, se movilizaban en –al menos – tres vehículos y se identificaron como integrantes de la Policía Federal, entraron violentamente a la vivienda de la familia Maggi y se llevaron consigo a María del Carmen.

Entre esa noche y septiembre de 1975, sus captores la llevaron a un descampado en la zona del camino viejo a Miramar donde le provocaron lesiones en la cabeza de tal magnitud que le ocasionaron la muerte por traumatismo de cráneo. “Allí enterraron su cuerpo. Pero al tiempo, para asegurar su impunidad, la sacaron y la trasladaron hasta un paraje ubicado en Mar Chiquita, donde sus restos quedaron enterrados en la arena hasta el 23 de marzo de 1976, cuando fueron hallados casualmente y, luego, identificados”, relató el fiscal, quien dio cuenta del material probatorio que así lo constata.

A diferencia de sus otras víctimas, se pudo establecer que Maggi estuvo cautiva un lapso, aunque fuera mínimo, antes de que la mataran, “como parte de una estrategia a los efectos de acrecentar su poder en el marco de la fusión”.
Un mes después de su secuestro “se advierte que para cerrar el círculo de impunidad, el propio Demarchi dictamina que se debía decretar el sobreseimiento provisorio por considerar que ‘la pesquisa estaba agotada’, lo que efectivamente resolvió el juez Echeverry el 2 de julio de 1975”. Y a pesar del hallazgo de su cuerpo la causa no se reabrió.