El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso hoy que sean llamados a prestar declaración indagatoria el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el detenido ex secretario de Obras Públicas José López, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y otras 40 personas, entre las que aparecen varios ex mandatarios provinciales, en el marco de la causa en la que se investiga la presunta comisión de los delitos de “defraudación a la administración pública” y “lavado de dinero” a través del programa de construcción de viviendas sociales Sueños Compartidos.

La ronda de indagatorias que comenzará el 4 de julio con la declaración del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala incluye también a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al ex ministro de Trabajo y actual legislador porteño Carlos Tomada y a los ex gobernadores Jorge Milton Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), a los mandatarios provinciales Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Maurice Closs (Misiones) y al ex intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi.

La decisión del magistrado de convocar a declarar a una larga lista de personajes de la política nacional en el marco de una causa iniciada en mayo de 2011 se conoció esta tarde, luego de que el número dos de De Vido fuera detenido ayer y su nombre se instalara en los tribunales federales de Comodoro Py, donde es investigado en el marco de distintas causas.

“La indagatorias no son procesamientos. Muchos de los citados tendrán que explicar con qué objetivo suscribieron los convenios marco para la aplicación del programa Sueños Compartidos”, sostuvo una fuente de la investigación, tras repasar la larga lista de nombres citados a indagatoria que incluye dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo, pero también otros alistados en las filas del PRO y del Frente Renovador.

“Las notas apuntadas permiten reconstruir una hipótesis delictiva, según la cual Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la fundación de la cual eran apoderados, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal”, sostuvo el juez en la resolución, que consta de 27 páginas.

El magistrado sostuvo también que parte de esos fondos se “habrían detraído luego de su destino específico “con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas”.