El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria para fines de marzo a empresarios farmacéuticos y a ex funcionarios kirchneristas por el presunto delito de lavado de dinero durante la campaña electoral de 2007 de la ex presidenta Cristina Fernández, al comprobarse que “está claro el origen ilegal” de los fondos utilizados.
Así lo confirmó esta mañana el propio Lijo, que llamó a indagatoria a Héctor Cappaccioli, el principal responsable de la campaña presidencial del Frente para la Victoria en 2007; al ex gerente de la ANSeS Sebastián Gramajo, y al ex director de Lotería Nacional Hernán Diez.
“No tengo acreditado el origen del dinero, el origen era plata que no estaba declarada, que no estaba en el circuito financiero y que estaba fuera de la capacidad de las droguerías y los laboratorios”, indicó el magistrado en diálogo con radio Nacional, donde cuando le preguntaron si consideraba que la campaña proselitista 2007 se financió en parte con fondos ilícitos, respondió: “Efectivamente”.
Las citaciones serán entre el 29 y el 31 de marzo e incluyen a los empresarios Carlos Torres y Néstor Lorenzo (Multipharma); por Sanfor Salud, Soledad Bellone (viuda de Sebastián Forza, víctima del triple crimen de General Rodríguez); y Gabriel Brito de Global Pharmacy.
A estas empresas de la industria farmacéutica se les imputa haber aportado 886 mil pesos a la campaña de la fórmula presidencial Fernández de Kirchner-Julio Cobos, que no pudieron justificar.
“Es una investigación que fue muy larga que trascurrió con muchas hipótesis, incluso había que ver si las empresas que habían aportado después se habían beneficiados por contratos con el Estado, eso implicó la recorrida por la contratación de distintos ministerios, la verdad es que es una zona de investigación muy complicada”, contó Lijo.
Especificó: “Según mi criterio, se logró probar que las empresas le entregaban a los responsables de la campaña electoral cheques con un aporte y recibía a cambio la factura por parte del aporte, previo a la presentación del cheque en el banco interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja”.
“No pudieron justificar los depósitos y las tres empresas no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a los pagos”, comentó el juez.
Al respecto indicó: “No tenían similitud con los parámetros con el dinero que manejaban estas empresas y a parte no había ningún registro contable del movimiento del dinero. Hubo cuentas que estaban inactivas que se activaron solo para estos pagos,  está claro que el origen del dinero es ilegal”.
“No tengo acreditado el origen del dinero, el origen era plata que no estaba declarada, que no estaba en el circuito financiero y que estaba fuera de la capacidad de las droguerías y los laboratorios”.
Lijo detalló: “Estas son empresas que ni tenían capacidad económica, ni depositaron la plata por la ventanilla del banco”.
“Si fue por la operación de la efedrina o no, eso nunca lo vamos a poder establecer…Yo no tengo establecido que el origen de la plata sea la efedrina, me parece muy difícil que lo hagamos”, explicó.
Manifestó que se estableció “hasta el momento que las personas” llamadas a declaración indagatoria, “tienen responsabilidad”. no pudieron justificar los depósitos y ninguna de las 3 empresas contaba con capacidad económica para hacer frente a los pagos”, con lo cual queda “claro que el origen del dinero es ilegal”.
Por último, ante una consulta, el juez federal señaló que “no se puede establecer” hasta el momento si el origen de los fondos ilegales provenía del negocio de la efedrina y precisó que no tiene “acreditado el origen” de ese dinero, pero señaló que “era plata que no estaba declarada y fuera de la capacidad de esas droguerías y laboratorios”.