por Agustín Marangoni

Es curioso. Cuando el ex secretario de Obras José López fue interceptado con diez millones de dólares aplastados adentro de un bolso en la puerta de un convento, al gobierno no le tembló el pulso para deslizar al instante una sentencia general: el kirchnerismo se robó todo. Una persona, un corrupto, era razón suficiente para condenar a una gestión completa. Ahora bien, cuando la gendarmería está en el centro de la escena porque todos los indicios conducen a que tiene responsabilidad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el discurso del gobierno se esmera en instalar que tal vez a un gendarme se le fue la mano. Individualiza, aísla de la responsabilidad al Estado en el accionar de sus fuerzas de choque.

Es real –si uno sigue la causa minuto a minuto– que todavía no hay pruebas contundentes para identificar culpables. Lo que no se puede negar es que el gobierno, encerrado, está intentando torcer políticamente el caso para borrar las huellas de su inacción.

Acá nadie está diciendo que Macri o Bullrich o Noceti cargaron un fusil y le sacudieron en la frente a Maldonado. Lo concreto es que hubo un operativo represivo de gendarmería en Cushamen el 1 de agosto que arrojó como saldo la desaparición de una persona. Con los tiempos que administra hoy el gobierno, queda claro que no le interesa encontrar a los responsables ni hacer justicia frente a un caso de tal gravedad institucional. Lo único que le interesa es llegar a las elecciones de octubre sin que se le noten las manchas. El reclamo por Maldonado no es partidario, atención, no hay otro lado, no existe la figura de la oposición en estas cuestiones. Se está pidiendo por la aparición con vida de una persona en particular y en la misma línea se está exigiendo el respeto de los derechos constitucionales de todos los argentinos. Con el agravante del peso histórico que implica hablar de un desaparecido.

El gobierno sabe que la situación va a castigar en las legislativas de octubre. Cambiemos necesita conquistar el voto joven para hacer la diferencia que hoy no logra en provincia de Buenos Aires. Su núcleo duro está en la franja de entre 50 y 65 años. Ese terreno está conquistado, ahora busca expandir horizontes. La estructura analítica del gobierno –una plataforma algorítmica propia de un equipo de espionaje– revisa datos precisos del comportamiento electoral de los votantes. El inmenso Big Data le permite saber por zonas a quién se votó y cuáles son los principales reclamos, además de todos los datos inmediatos como la edad, el nivel de estudios y demás detalles que figuran actualizados en el Censo nacional del Indec. Son datos cruzados e interpretados que provienen de redes sociales, encuestas y archivos. Los resultados son contundentes: casi el 49% de los jóvenes entre 16 y 28 años (un 30,1% del padrón electoral) rechaza la gestión de Cambiemos. El número creció a partir del caso Maldonado. No es casualidad que desde la aparición de estas cifras el gobierno haya modificado la actitud. En la última marcha por el joven desaparecido, el viernes 1 de septiembre, Macri se mostró disfrutando un helado en San Miguel de Tucumán. Tres días después, asesorado por los algoritmos, no le quedó otra opción que incluir el caso en la agenda de gobierno. Ahora frunce el ceño y dice estar preocupado, pero desde Casa Rosada nunca se comunicaron con la familia Maldonado y nunca siquiera esbozaron una crítica mínima a la labor de gendarmería en la represión de Cushamen. Todo cáscara, o sea. Una cucharada más de marketing electoral.

La causa avanza sin rumbo y sin definiciones. Tal vez lavaron la camioneta, tal vez borraron mensajes fundamentales de un celular, tal vez un piedrazo, tal se ahogó, tal vez lo que sea. Maldonado lleva 50 días desaparecido. Esa es la única verdad. El gobierno se equivocó feo desde el inicio, ahora es tarde para corregir los errores. Tal es así que el caso corre el riesgo de quedar inconcluso. Sin cuerpo no hay delito, dice la lógica más siniestra.

Foto: minutouno.com