El juez federal Santiago Inchausti imputó a empresarios del transporte en la causa conocida como “choferes fantasma” en la que se investiga una defraudación al Estado calculada en 11 millones de pesos.

Según pudo confirmar LA CAPITAL de fuentes oficiales,  los principales imputados son los empresarios Juan Inza -responsable de las empresas 12 de Octubre, 25 de Mayo y El Libertador- y Diego Basílico -El Libertador- y el contador, Federico Pomero.

Inchausti ordenó que la causa quede bajo secreto de sumario durante 10 días por lo que los detalles de lo resuelto por el magistrado y la nómina de todos los acusados se mantiene bajo hermetismo.

En base a fuentes consultadas por LA CAPITAL, es probable que en los próximos días se tomen más medidas procesales que podrían terminar con el llamado a indagatoria de los imputados.

Además, como la víctima de esta maniobra sería el Estado Nacional, el Ministerio de Transporte de la Nación solicitó presentarse como querellante. Inchausti deberá decidir en las próximas horas si acepta el pedido.

La causa se inició en abril de 2016 partir de una denuncia del abogado laboralista Julio Hikkilo, quien llevó a la Justicia los testimonios de varias personas que aparecían en los registros de la Anses y la AFIP como choferes de las empresas de micros, cuando en realidad, nunca habían desempeñado esa tarea. Todos ellos, en su mayoría desocupados, habían descubierto su situación al intentar cobrar su Asignación Universal por Hijo. Figuraban con un salario de 18 mil pesos que nunca había cobrado.

En un primer momento, la denuncia quedó en manos del fiscal Berlingeri, quien determinó que había decenas de personas en la misma situación, muchas de las cuales figuraban en los registros de personal de la 25 de Mayo y la 12 de Octubre sin sus consentimientos.

Según el funcionario las “falsas contrataciones” se habrían producido entre los meses de enero y febrero de 2016, con la aparente intención de que las empresas cobraran durante esos meses mayores subsidios de los que les hubiese correspondido percibir.

Tras una extensa investigación, a finales del año pasado Berlingeri consideró que la maniobra, por tratarse de un presunto fraude contra el Estado nacional, debía seguir siendo investigada por la Justicia Federal.

Por eso motivo le trasladó la competencia a ese fuero e Inchausti quedó a cargo de la causa.

En la investigación consta que por ejemplo la empresa 12 de Octubre contaba en diciembre de 2015 con 122 empleados declarados, cifra que en enero se elevó a un total de 253.

La 25 de Mayo, en tanto, declaró tener 578 empleados en diciembre de 2015 y en enero, 753. Durante la investigación, Berlingeri identificó en los formularios presentados por las empresas ante AFIP tres firmas: la de los empresarios Juan Inza y Diego Basílico y la del contador Federico Pomero.

Todos estos datos ya fueron recibidos por Inchausti. En principio, 80 víctimas ya confirmaron no haber trabajado nunca en esas empresas y que se enteraron de esta situación cuando fueron a cobrar algún beneficio social. Todas habían dejado su curriculum en la compañía de transporte con sus datos personales.

Ahora, la Justicia Federal se concentrará en tomar más declaraciones testimoniales a las posibles víctimas y en analizar los documentos secuestrados durante los allanamientos realizados el jueves desde la mañana hasta la noche. En los procedimientos realizados por la División de Delitos Económicos de la Policía Federal se secuestró información obtenida en la sede de la empresa 25 de Mayo y en la casa de los acusados.