La Fiscalía de Delitos Económicos citó a declaración testimonial a contadores y tesoreros de la administración central y los entes descentralizados del municipio para empezar a colectar pruebas en el marco de la denuncia penal de la Obra Asistencial Mutual (OAM) contra el intendente Carlos Arroyo y parte de su gabinete.

En la Fiscalía creen que las declaraciones podrán tomarse durante la próxima semana, pero advierten que la feria judicial podría retrasar los tiempos, por lo que el fiscal Javier Pizzo solicitó instructores judiciales a la Fiscalía General.

Las citaciones a testimonial forman parte de las medidas básicas para determinar la materia del presunto delito en que habrían incurrido los funcionarios denunciados.

Una vez que declaren los contadores y tesoreros, el fiscal avanzará en la recopilación de la documentación contable y bancaria que pueda servir para cotejar los elementos proporcionados por el presidente de OAM, Rubén Pili, y el abogado de la entidad, César Sivo, quienes el miércoles ratificaron ante el fiscal la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionarios público, malversación de fondos públicos y administración fraudulenta.

Los denunciados son, además de Arroyo, el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle; la presidenta del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler; el de Deportes (Emder), Carlos López Silva; el de Vialidad (Emvial), Pablo Simoni, y el de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao. La presentación también incluyó al ex secretario de Economía y Hacienda Gustavo Schroeder, al ex titular del Emtur Mario Marchioli y al ex presidente del Emder Guillermo Volponi, concejal del PRO.

En la Fiscalía advirtieron que parte de los delitos que la OAM le atribuye a la gestión de Arroyo son similares a los que, en el inicio de su gobierno, el propio intendente y el secretario de Economía y Hacienda José Cano le adjudicaron a la administración anterior, en una causa que todavía está en curso.

Según OAM, la deuda del municipio con la entidad en concepto de aportes patronales y personales es de $ 21 millones. Arroyo y Mourelle rechazaron esa cifra y admitieron una deuda de $ 11 millones, sólo en concepto de aportes patronales.

Ante la admisión de esa deuda, el abogado de OAM consideró que los funcionarios “están reconociendo públicamente que están cometiendo delitos”, por lo que pidió la devolución de esos $ 11 millones a la entidad.