La Justicia, con el auxilio de la Gendarmería Nacional, allanó este lunes durante más de siete horas la sede del Sindicato de Camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano, en una causa por presuntas irregularidades y asociación ilícita de la barra brava y dirigentes del club Independiente, del cual es presidente el ex jefe de la CGT.

El operativo se efectuó desde la mañana en la sede gremial de San José al 1700 del barrio porteño de Constitución, y cuando llegaron los gendarmes ya estaban allí los Moyano.

Según fuentes del caso, el procedimiento -para el que se destinó más de un centenar de gendarmes- fue dispuesto por la jueza de Avellaneda Brenda Leticia Madrid, que reemplazó al suspendido magistrado Luis Carzoglio, quien pese a tener un dictamen fiscal en favor del allanamiento nunca le dio luz verde.

Las autoridades judiciales ordenaron la búsqueda de material de prueba para la causa, aunque el abogado de Camioneros, el ex juez Daniel Llermanos, afirmó que “es un allanamiento televisivo y no tienen idea de lo que buscan”.

Hugo Moyano sostuvo ante la prensa que “si me tienen que meter en cana que me vayan a buscar a mi casa. Que lo hagan, me entrego, pero que no jodan a la gente que viene a atenderse. Si tienen motivos para que me metan en cana que lo hagan -repitió- no voy a disparar. Si (Patricia) Bullrich o (Mauricio) Macri me quieren meter en cana ya estoy, me entrego, y después que se la banquen”.

Su hijo Pablo dijo por su lado que “esto es peor que los milicos, es un atropello y vamos a responder con una medida”. Añadió que “es una vergüenza: hay diez o 15 carros con 150 gendarmes”.

“Acá no tenemos nada para esconder, el tema es que nos quieran plantar algo para tener una excusa para meternos en cana. Estamos retenidos con Hugo por 150 gendarmes”, insistió.

Y advirtió que “por más que nos metan en cana vamos a seguir peleando”, tras conjeturar que el allanamiento se realizó “para asustarnos por el paro” que hicieron el Frente Sindical y las CTA la semana pasada. “No le tenemos miedo a Bullrich (ministra de Seguridad) ni a Macri”, remató.

Portavoces gremiales dijeron que el operativo dispuesto por la justicia de Lomas de Zamora está relacionado en una causa de Independiente por la que se encuentran presos varios barrabravas, entre ellos el que fue jefe de la hinchada, el detenido Pablo “Bebote” Álvarez.

En esa causa por asociación ilícita impulsada por el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, se investigan, entre otros puntos, presuntos vínculos de Álvarez con los Moyano y otros dirigentes del club.

Por ejemplo, Pablo Moyano está imputado como supuesto “jefe de una asociación ilícita” para defraudar a Independiente “mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos”.

En forma paralela, la jueza ordenó también -por pedido del fiscal Scalera- un allanamiento a las oficinas del empresario y representante de futbolistas Christian Bragarnik, involucrado en el expediente, ubicadas en Puerto Madero.

Bragarnik está sospechado de ser responsable de la entrega de dinero a la barra brava de club a cambio de favorecer a técnicos y jugadores por él representados, para que no fueran molestados por los hinchas violentos, informaron fuentes judiciales.

Y en ese sentido Scalera trabaja sobre la teoría de que la barra de Independiente desarrolla un sistema extorsivo con los jugadores profesionales, excepto aquellos que están bajo la órbita de Bragarnik.

La acusación contra el empresario fue realizada por el titular de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones.

La conducción de la CGT repudió el allanamiento a la sede central del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) que ordenó “una jueza de ‘Garantías’ de Avellaneda en el marco de una causa cuyas irregularidades denunciadas por anteriores magistrados parecen claramente armadas”, señaló, y calificó al hecho como “gravísimo”.

“Esa causa parece claramente armada para perjudicar a dirigentes que defienden los derechos de los trabajadores”, expresó un documento firmado por los jefes de la central, Carlos Acuña y Héctor Daer, y Julio Piumato, del área de Derechos Humanos.

Tras denunciar la “falta de independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal bonaerense (al menos en Lomas de Zamora) por ser funcional a los deseos de los gobiernos provincial y federal”, los dirigentes cegetistas repudiaron “el despliegue inusitado e innecesario de 150 gendarmes, lo que pareció más una puesta en escena para desviar la atención de los graves problemas de los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad”.

Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se solidarizó también con el gremio camionero, afiliado a esa central, y repudió “los reiterados allanamientos de Gendarmería Nacional a su sede central, en una escalada de hostigamiento desmedida”.

Consideró “inadmisible” que a la par del “llamado oficial al diálogo y consenso se produzca un nuevo embate a un sindicato que confronta con la política económica del gobierno”.