La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) canceló las jubilaciones irregulares que fueron otorgadas por discapacidad en el marco de la mega estafa pergeñada por el estudio jurídico Organización Previsional SRL y comenzó a entrevistar a las personas para explicarles que les obligarán a devolver el dinero que recibieron de manera fraudulenta.

En una auditoría que parece no tener fin, Anses ya detectó 89 casos evidentes de estafa al Estado por un monto total de 114.000.000 de pesos. Además tienen cerca de 250 más en la mira, un número que ascendie cada día en el que avanzan con los controles.

Estos 89 casos son parte de la investigación judicial por organización ilícita y estafa al Estado en la que se encuentran detenidos los titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL, Rubén David Cagni, Luis Miguel Iroz, Luciano Conrado Diez Suárez y Roberto Luis Balbuena.

Según información al a que accedió LA CAPITAL, Anses comenzó a entrevistar a cada una de las 89 personas que tienen en el listado para informarles que, independientemente del avance de la causa judicial, el organismo les quitará inmediatamente la jubilación irregular que obtuvieron y, además, les obligará a devolver el dinero que obtuvieron al estafar al Estado.

Estos “jubilados” que son parte del listado inicial percebían jubilaciones de hasta 53.000 pesos por mes y en el tiempo que duró la estafa obtuvieron ingresos de entre 1.000.000 y 5.500.000 de pesos.

Desde Anses informaron que, ahora que detectaron las jubilaciones irregulares y las dieron de baja, el objetivo es “salir a recuperar el dinero”. Para lograrlo, el organismo cuenta, primero con herramientas administrativas y luego a través de recuperos judicales.

La herramienta administrativa que dispone Anses es ofrecerles un par de pago a las personas, pero sería un plan de pago para que devuelvan sumas millonarias, lo que, a priori parecería algo casi imposible que pudiera suceder.

El recupero judicial, en cambio, es una manera en la que el Estado puede hacerse con cuentas bancarias, dinero o bienes que tenga la personas hasta cubrir el monto cobrado de manera ilegal.

Desde Anses informaron que las entrevistas personales que tienen con quienes cobraron las jubilaciones irregulares son también para conocer cada caso en particular, ya que en algunos las personas realmente están en situación de vulnerabilidad o cuentan con una discapacidad que justificaría la jubilación, pero no por los montos por las que las cobraron.

Un caso testigo es la de un hombre cobraba una jubilación de cerca de $50.000, pero que en realidad le correspondía cobrar la mínima que da el Estado. De esta manera, desde Anses le quitaron esa jubilación que consiguió de manera fraudulenta, le tramitaron la mínima y, como herramienta administrativa, le armarán un plan de pago a su medida para que pudiera devolver el dinero que adquirió en tantos meses de estafa.

El caso de la familia Balbuena

Luis Balbuena es uno de los cuatro detenidos en esta causa por la millonaria estafa al Estado con dinero previsional de Anses, imputado de ser uno de los líderes de la organización ilícita.

Balbuena tenía una jubilación de discapacidad por una suma de $53.000 mensuales, la que consiguió al mentir en sus declaraciones juradas al “inflar” su salario y, también, gracias que consiguió falsear su certificado médico por discapacidad.

Pero, Balbuena podría ser acusado de estafar al estado, pero no de no haber sido “generoso” con su familia: además de jubilarse por discapacidad a él, también logró jubilar a su pareja cuando tenía 44 años, a su hijo cuando 27, a su hermano, a su exesposa y a la hermana de ella. En todos los casos por jubilaciones cercanas a los 50.000 pesos.

Anses ya dio de baja todas estas jubilaciones que, en conjunto, le significaron al estado cerca de 24.000.000 de pesos, siendo el que más dinero se llevó el hermano de Balbuena que cobró unos 5.500.000 de pesos, seguido por el propio Balbuena con unos 4.200.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social intentará con todas sus herramientas recuperar el dinero que se llevó la familia Balbuena.

Según trascendió, la pareja de Balbuena tomó de muy mala manera que le hayan quitado su “jubilación” y, con Balbuena en una cárcel Federal, mandó una carta documento a Anses para que “inmediatamente” le volvieran a depositar su ingreso mensual.

Se suman imputados a la causa

La investigación del fiscal federal Nicolás Czizik que tiene como principales imputados a los cuatro titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL -detenidos en los penales de Ezeiza y Marcos Paz-, al médico de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo José Ricardo Caliyuri, a una abogada y dos contadores -un hombre y una mujer- suma a treinta nuevas personas.

El juez Santiago Inchausti citó para declaración indagatoria a treinta personas que cobraron jubilaciones irregulares y que fueron imputados por defraudar al Estado, pero no por ser parte de la organización ilícita, ya que se los acusa sólo por su situación.

“Corresponde citar a prestar declaración indagatoria a aquellos beneficiarios que, de momento, se ha corroborado que habrían sido favorecidos por la maniobra ilícita investigada o, por lo menos, habrían intentado obtener un beneficio ilegítimo a través de la misma, dado que habrían participado de los hechos investigados aportando sus datos personales para llevar a cabo los trámites previsionales irregulares y, en la mayoría de los casos, habrían obtenido un beneficio económico a partir de ellos”, argumentó el juez Santiago Inchausti.

Estos 30 primeros llamados a declaración indagatoria son parte de los primeros 130 casos detectados en la investigación. Las otras 100 personas serán citadas a declarar oportunamente, a medida que la investigación avance.

De esta manera, desde este lunes empezarán a declarar las personas que obtuvieron beneficios previsionales irregulares y que están imputadas por estafar al Estado.

Por otra parte, según trascendió, algunos de los principales imputados solicitaron ampliar su declaración indagatoria, por lo que volverán a ser entrevistados por el juez Inchausti en los próximos días.

La causa

La maniobra se iniciaba con denuncias apócrifas mediante las que lograban que se reconocieran años de aportes a individuos que no habían trabajado con esos empleadores –se inscribían como empleadores personas muy mayores o de existencia irreal –. En algunos casos, inclusive, se presentaban declaraciones juradas rectificativas que “pisaban” las originales, dejando a los empleados verdaderos sin aportes ni contribuciones para ese período rectificado.

De esta manera, según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, la maniobra de los detenidos consistía en obtener de manera irregular beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma irregular, ante la AFIP.

Al momento hay registrados unos 130 casos de jubilaciones irregulares que, por el tiempo en que los beneficiaros llevan cobrando ese dinero, se trata de una estafa de al menos 100.000.000 de pesos.