BARCELONA.- El Gobierno de Cataluña, presidido por el independentista Joaquim Torra, recuperó el control de las instituciones con la toma de posesión de los nuevos consejeros en el Palau de la Generalitat, sede del Gobierno regional en Barcelona, siete meses después de que el anterior Ejecutivo fuera suspendido tras la ilegal declaración de independencia.

“Este Gobierno asume el compromiso de avanzar hacia la construcción de un Estado independiente”, aseguró Torra en su discurso que termina con un periodo excepcional en Cataluña en el que la administración regional estuvo 218 días en manos del Gobierno central, tras entrar en vigor del artículo 155 de la Constitución que hoy queda automáticamente suspendido.

La nueva etapa en Cataluña asoma marcada además por el inesperado cambio en la presidencia del Gobierno español que desde este sábado ocupa el socialista Pedro Sánchez, quien se mostró abierto a dialogar con las nuevas autoridades catalanas para tratar de suavizar las relaciones.

Sánchez reemplaza formalmente a Mariano Rajoy, quien fue destituído el viernes con una moción de censura tras un escándalo de corrupción que involucra al Partido Popular (PP).

Torra anunció que entre las primeras medidas de su mandato se contarán la recuperación de las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional y un plan para revertir los efectos del artículo 155.

“Hoy se acaba el 155, sin euforia, porque estamos muy lejos de donde querríamos estar”, dijo, citado por la agencia de noticias EFE.

Al grito de “Libertad”, durante la toma de posesión, los nuevos consejeros reivindicaron a los que consideran presos y exiliados del anterior Gobierno regional, encabezado por Carles Puigdemont, huido de la Justicia española y actualmente en Alemania a la espera de que se decida sobre su extradición a España.

Desde Berlín Puigdemont publicó un mensaje en Twitter para felicitar al nuevo gobierno regional catalán.

“El camino continúa y en buenas manos. Un Govern (Gobierno) de mujeres y hombres comprometidos con la libertad: la del país, que quiere decir necesariamente la de las personas que lo conforman”, escribió.

Puigdemont aplaudió también que el nuevo Ejecutivo autonómico catalán, “respetando ideologías, lenguas, culturas y creencias”, se comprometa a ser “fiel al mandato popular”, que es la “base de la democracia”.

El acto estuvo repleto de referencias a los presos soberanistas y a los líderes independentistas en el extranjero, y Torra dijo que será un “objetivo vital” de su ejecutivo trabajar por su libertad y por que puedan regresar a casa sin represalias.

En el acto, Torra tuvo palabras para Sánchez, a quien invitó a “hablar”, a “tomar riesgos” y a negociar “de gobierno a gobierno” y expresó su “clara disposición al diálogo”, al que calificó como una herramienta “imprescindible para resolver conflictos de la manera que lo hacen en el mundo civilizado”.

El presidente catalán nombró a su nuevo gobierno el pasado 29 de mayo, después de que el ejecutivo central rechazara una primera lista del gabinete, en la que estaban incluidos dos consejeros encarcelados y otros dos huidos de la justicia, todos ellos procesados por su implicación en el proceso independentista catalán.

La designación de esos cuatro consejeros fue calificada por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy -destituido tras una moción de censura- como una “provocación”, por lo que se negó a publicar oficialmente el nombramiento.

El nuevo Ejecutivo regional catalán esta compuesto por siete hombres y seis mujeres propuestos por los dos principales grupos independentistas catalanes; JxCat (el grupo de Puigdemont) y ERC (republicanos de izquierda), y ninguno de ellos tiene cargos judiciales relacionadas con el proceso independentista.

La Fiscalía del Estado alemán de Schleswig-Holstein pidió formalmente la extradición de Puigdemont por “rebelión y malversación de fondos públicos”, así como su ingreso en prisión por considerar que persiste riesgo de fuga.

La decisión estará en manos del tribunal, que en el pasado ya evidenció discrepancias con la Fiscalía sobre la validez de esos cargos, según la ley alemana.