El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, calificó de “importante para ambos países” el acuerdo de intercambio de información tributaria (IGA) que se firmará el próximo lunes con Estados Unidos y adelantó que “darán alternativas para el blanqueo” de las irregularidades que se descubran.

“El próximo lunes, a las 12, se firmará el convenio de intercambio de información tributaria con Estados Unidos, para ponerlo en marcha el 1 de enero 2023; es algo importante para ambos países, hoy el mundo está intercambiando información y la ventaja es que se obtendrán datos online de personas humanas y de personería jurídicas”, explicó Castagneto.

El funcionario estimó que la evasión tributaria ascendería a “US$ 100.000 millones en divisas, además de inmuebles no declarados aquí en Argentina”.

“Luego de la firma del acuerdo, vamos a reglamentar el mismo para ver cómo una vez suministrada la información vamos a dar distintas alternativas para el blanqueo de las mismas”, adelantó.

El titular de la AFIP sostuvo que “se intimará a esas personas y rectificarán sus declaraciones juradas, que se retrotraerán cinco años atrás, en Ganancias, Bienes y seguramente en Impuesto a la Riqueza”.

Respecto de la evasión a nivel interno, precisó que se da en el ámbito “agropecuario, minero, textil, criptomonedas” y aseguró que “se están abordando esas actividades con resultados muy positivos”.

A su vez, manifestó que con las herramientas satelitales “se está incrementado la cantidad de contribuyentes”.

Explicó que desde la AFIP se estudia la “interrelación de las empresas” y enumeró que las maniobras de evasión pasan por “el trabajo mula, campos sembrados que no han sido declarados; en mis 103 días de gestión pudimos detectar más de 50 mil toneladas de soja y granos; la evasión es muy grande”.

En cuanto a la incompatibilidad en el cobro del programa Potenciar Trabajo, Castagneto expresó que “el exministro Juan Zabaleta había presentado una nota al organismo pidiendo información sobre algunos puntos y nosotros le contestamos técnicamente porque hay secreto fiscal y porque no somos autoridad de aplicación ni definidor de estas políticas públicas”.

Luego, recordó, la titular de la cartera de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, “solicitó dos informes más que hemos contestado”.

Explicó que “el juez Julián Ercolini nos pidió levantar el secreto fiscal, así que le remitimos la información y también lo hicimos al Ministerio” mientras que “hubo un informe del BCRA con respecto a la compra de divisas que pudieron hacer los beneficiarios”.