La familia de Matías Montín, el joven golpeado brutalmente en un boliche de Playa Grande el último martes, denunció al fiscal Paulo Cubas por los delitos de “encubrimiento” e “incumplimiento de los deberes de funcionarlo público”, tras acusarlo de no haber ordenado el secuestro de los teléfonos celulares de los agresores y decir que sí lo había hecho.

El abogado Ignacio Trimarco, quien representa a la víctima, presentó un escrito en la Justicia marplatense donde cuestiona al instructor judicial que tuvo a su cargo el inicio de la investigación para esclarecer el ataque ocurrido en el local bailable “Ananá” del Complejo La Normandina. En el documento, al que tuvo acceso LA CAPITAL, Trimarco expresa: “El 20 de enero a la mañana el doctor Paulo Cubas me informó que los teléfonos celulares y otras pertenencias de los imputados habían sido secuestrados en el marco de la causa, encontrándose a disposición para efectuar las correspondientes pericias”.

A continuación, el letrado de Montín señala que presentó un escrito donde pedía que los artefactos incautados permanecieran en esa condición y se permitiera “su apertura” para la realización de los diversos peritajes. Según explicó, esa labor tenía suma importancia al desarrollo de la causa ya que, a través de la misma, se podían conocer detalles del paradero de los acusados al momento del hecho, y datos sobre sus comunicaciones posteriores para conocer, por ejemplo, si habían decidido abandonar Mar del Plata para evadir el accionar judicial.

Esa diligencia fue llevada a cabo, conforme indicó Trimarco, mientras se desarrollaban las declaraciones indagatorias de Gabriel Alejandro Galvano (23) y Andrés Bracamonte (21). Ese mismo miércoles 20 de enero por la tarde, una vez culminadas ambas y también la del tercer acusado, Matías Belloso (20), el fiscal Cubas se declaró incompetente debido a que su unidad de investigación se dedica a la resolución de conflictos tempranos. Como este es un caso que reviste mayor gravedad, derivó el expediente a la fiscalía de turno, representada durante la última semana por Andrea Gómez.

Fuerte acusación

De acuerdo a su denuncia, Trimarco se enteró en las últimas horas de que, en realidad, los teléfonos celulares, computadoras portátiles y tablets halladas tras la aprehensión de Galvano y Bracamonte el martes a la tarde en un peaje de San Nicolás (Belloso se presentó en Tribunales por sus propios medios) habían sido entregadas esa misma noche al padre del primero de ellos, como así también el automóvil marca BMW de color blanco en el que circulaban.

“Tomé conocimiento de que el doctor Paulo Cubas había ordenado la entrega de las pertenencias secuestradas a los imputados el mismo día de su aprehensión, es decir el 19 de enero de 2021, un día antes de afirmar a esta parte que los elementos permanecían secuestrados”, añade Trimarco en su denuncia.

Y manifiesta: “La presente denuncia se efectúa ante el grave incumplimiento de sus funciones por parte del representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Paulo Cubas, quien además mintió al suscripto al afirmarle que los elementos se encontraban secuestrados y a resguardo para la realización de las pericias necesarias”.

Para la famila Montín, que oficia el rol de particular damnificado en esta causa a través del letrado, los peritajes mencionados hubieran resultado claves en el desarrollo de la investigación para determinar. Por eso, considera que los artefactos tecnológicos deberían haberse incautado y puesto a resguardo para que se llevara a cabo un análisis posterior de los mensajes de texto, Whatsapp, Telegram y el sistema de geolocalización interno de los mismos.

Sin embargo, “nada de ello fue cumplido por el doctor Paulo Cubas en su carácter de fiscal a cargo de la UFI CTCP de Mar del Plata, puesto que apenas horas después de la aprehensión de los imputados Bracamonte y Galvano, decidió devolverles sus pertenencias, sin efectuar pericia alguna sobre las mismas”.

En el documento, Trimarco menciona: “La pericia informática-tecnológica sobre los teléfonos celulares de los acusados determina la geolocalización de los mismos, las llamadas entrantes y salientes, los mensajes de texto, de WhatsApp, Telegram, el contenido de sus redes sociales, fotos, videos y, eventualmente, otros elementos de interés para la investigación”.

“No puede desconocerse la relevancia de tal prueba, que acreditaría la ubicación de los imputados en el lugar de los hechos en el momento de su ocurrencia, como así también determinaría si los mismos tenían un plan común para perpetrar tal aberrante acto de violencia o si planeaban sustraerse de la acción de la Justicia”, protesta.

En ese sentido, Trimarco considera que Cubas incurrió en errores que podrían ser encuadrados bajo la figura delictiva de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que habrían tenido como consecuencia la complicación de la investigación.

Y concluye: “Tal como fueron descriptos los hechos y ante la afirmación efectuada al suscripto de que los teléfonos celulares se encontraban secuestrados y a resguardo cuando ya se había hecho entrega de los mismos al progenitor de uno de los imputados, hacen viable la investigación de la posible comisión por parte del doctor Paulo Cubas del delito de encubrimiento”.