Como si fuera una serie policial que estrena una nueva temporada en alguna de las múltiples plataformas digitales que actualmente dominan el mercado del entretenimiento audiovisual, el caso Natalia Melmann vuelve. Siempre vuelve.

A exactos 24 años del abuso sexual y asesinato de la adolescente que conmocionó a Miramar y tuvo repercusión en todo el país, la investigación que ya derivó en dos juicios orales con cuatro expolicías condenados a prisión perpetua, abre paso a una nueva trama. La novedad que la promueve es que la fiscal Ana María Caro y sus colaboradores analizan el ADN de un quinto sospechoso, en busca de encontrar la compatibilidad con la quinta y última muestra de material genético guardada en la causa.

Según pudo saber LA CAPITAL tras consultar fuentes del caso, semanas atrás la instructora judicial pidió a la Cámara de Apelaciones y Garantías que autorizara la extracción sanguínea de las 110 personas que trabajaban en las distintas dependencias policiales de Miramar en febrero de 2001, cuando se produjo el hecho. De esa totalidad, la Cámara permitió que solamente se efectuara la operación sobre un sospechoso en particular.

Se trata de un hombre que hoy en día tiene alrededor de 60 años y que ya está retirado de la fuerza. Su nombre, por todavía no pesar ninguna acusación formal sobre él, no será difundido en esta publicación.

Lo cierto es que, después de ubicar su paradero en un campo de Trenque Lauquen, la Justicia lo citó en Mar del Plata para que se llevara a cabo la diligencia. La misma tuvo lugar en la Asesoría Pericial -la Policía Científica no puede intervenir en el caso por haber funcionarios de la misma fuerza incriminados- durante la feria judicial de enero.
Ahora, el ADN de este hombre deberá ser cotejado con la muestra genética que permanece a resguardo desde el comienzo de la causa.

El último sospechoso

Vale remarcar que el caso Melmann cuenta con cuatro expolicías condenados. Los primeros tres, Oscar Echenique (63), Ricardo Anselmini (55) y Ricardo Suárez (60), fueron juzgados y condenados a prisión perpetua, en septiembre de 2002. Durante el debate oral, surgió la pista de un cuarto policía implicado en el aberrante hecho y se ordenó la realización de una investigación primero, y de un segundo juicio después.

Entre idas y vueltas, los plazos se extendieron y recién en 2023, a más de 22 años del crimen, fue sentenciado el cuarto expolicía, Ricardo Panadero, por el Tribunal Oral Nº 4.

Pero para llegar al esclarecimiento del caso, un elemento fue clave: durante la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) se recolectaron cinco muestras de material genético pertenecientes a los supuestos autores. Cuatro de ellas fueron cotejadas y indicaron la existencia de una alta probabilidad de compatibilidad con las de los condenados.

La quinta, en tanto, nunca se supo con quién se correspondía pero quedó a resguardo, y fue después del juicio a Panadero que la fiscal Caro decidió ir hasta el fondo de la cuestión y solicitar a la Justicia que la misma se cotejara con la totalidad de los policías que prestaban servicios en Miramar en febrero de 2001.  Entonces ocurrió que la Cámara le negó esa medida, pero autorizó que se llevara a cabo la extracción sanguínea de uno de todos ellos, quien en aquél momento vivía o pasaba gran parte de su tiempo en una especie de inmueble sin número -y en apariencia abandonado- de la vecina localidad donde se realizaban fiestas a las que, de acuerdo a la pesquisa, policías llevaban a jóvenes mujeres.

Entonces, ahora la fiscal Caro aguarda el resultado del peritaje solicitado para determinar si efectivamente la muestra genética guardada es compatible con el ADN del quinto sospechoso. De no ser así, volvería a insistir a la Justicia que se lleven a cabo otras 109 extracciones sanguíneas para tratar de eliminar así toda impunidad en el caso, y despejar todas las dudas sobre la identidad del restante autor del crimen.

La postura de la fiscal va en línea con la de los familiares de la víctima. “Que no haya un solo asesino más suelto en Miramar“, había dicho Laura Calampuca, madre de Natalia, tras la lectura del fallo condenatorio de Panadero. La referencia en su reclamo apuntaba entonces a que se buscara “al quinto” criminal, debido a la existencia de cinco ADN diferentes en el expediente, según surgió de los peritajes.

Es menester recordar que, al haber incriminados funcionarios policiales, por ley la causa es imprescriptible.

A casi un cuarto de siglo
del hecho conmocionante

El crimen de Natalia Melmann ocurrió el 4 de febrero de 2001 y según se estableció en el juicio de 2002, la víctima fue obligada a subir a una camioneta policial y llevada a una casa en el extremo sur de Miramar, donde “fue accedida carnalmente” y luego, “con el inequívoco propósito de procurar la impunidad de la agresión sexual”, fue estrangulada con un cordón de sus zapatillas.

Su cadáver apareció enterrado en el vivero Florentino Ameghino, cuatro días después.

El hecho provocó la reacción de la comunidad local, que encabezó junto a los familiares y allegados de la adolescente múltiples marchas para pedir por el esclarecimiento del caso y produjo incluso un impacto político: el entonces presidente, Fernando De la Rúa, se reunió pocos días después con los padres de la víctima en Miramar.

En septiembre de 2002, el Tribunal Oral Nº 2 condenó a Echenique, Anselmini y Suárez a prisión perpetua y a 25 años de cárcel al exconvicto Gustavo “Gallo” Fernández, por su participación en el secuestro, aunque la pena fue reducida luego a 10 años de prisión.

En tanto que en junio de 2018 se celebró un nuevo juicio a un cuarto policía, Ricardo Panadero (63), imputado como coautor de “privación ilegítima de la libertad por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por el concurso de dos o más personas, y homicidio doblemente agravado por haberse cometido para lograr la impunidad de los coautores de un delito anterior”.

Panadero fue absuelto en ese proceso porque los jueces consideraron que no pudo acreditarse la acusación, pero el fallo fue apelado por la fiscalía y por el abogado de la familia de Natalia.

El 13 de noviembre de 2019, la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló esa absolución y ordenó la realización de un nuevo proceso, que se realizó en mayo de 2023 en el que Ricardo Panadero también fue condenado a prisión perpetua por ser coautor de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad”.