La causa por la muerte de Lucía Pérez suma un nuevo capítulo: luego de que se conociera que los jueces del Tribunal N°1 que absolvieron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani serán investigados por su desempeño, que la diputada Victoria Donda jurara en su banca por Lucía y que Casación confirmara que el 26 de diciembre se realizaría la audiencia para que las partes expusieran los argumentos de la apelación, los padres de la víctima revocaron el patrocinio de su abogado y deberán buscar quien los represente legalmente.

Ante esta situación, tanto la defensa de los imputados, como la defensa de Casación solicitaron suspender la audiencia del 26 de diciembre, la cual será reprogramada para más adelante.

El abogado Gustavo Marcelliac confirmó a LA CAPITAL que su vínculo profesional con los padres de Lucía, Guillermo Pérez y Marta Montero, se terminó por “diferencias” que prefirió no dar a conocer.

Tras la audiencia, la Cámara de Casación podría resolver de tres maneras diferentes: confirmar la sentencia absolutoria; revocarla y fijar una nueva u ordenar que se realice un nuevo juicio. 

Guillermo Pérez y Marta Montero, padres de Lucía Pérez.

A poco más de un año de una de las sentencias más criticadas a nivel nacional, los padres de Lucía Pérez buscarán a un nuevo abogado para que tome el caso, con la responsabilidad de presentarse en la audiencia de apelación en la Cámara de Casación.

El 26 de noviembre de 2018, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Mar del Plata,  absolvieron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani y por los delitos de abuso sexual seguido de muerte en la figura de femicidio de Lucía Pérez (16) y solo los condenaron por el delito de venta de drogas, a 8 años de prisión. También Alejandro Maciel fue absuelto, ya que estaba imputado por encubrimiento del femicidio y el abuso, y al desconocerse ese delito se cayó lógicamente su acusación.

Los jueces, en la sentencia habían consideraron que “no quedó probado que Lucía fuera abusada sexualmente en un contexto de violencia de género por la cosificación de la mujer y con la facilitación de estupefacientes que hubiera potenciado una situación de vulnerabilidad e impedido consentir con plenitud de libertad la acción. Menos aún se ha probado que Farías quería o debía representarse como posible la muerte de la víctima y que aun así se desinteresó de ese resultado”.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1.

Además, en esa misma sentencia, los magistrados habían considerado que “Lucía era de tener relaciones con hombres a los que apenas conocía pero que eso ocurría por propia elección y cuando ella lo quería” y que la adolescente “tenía una personalidad que distaba mucho de ser sumisa y a pesar de su edad, tenía la capacidad suficiente como para decir no a los avances o propuestas que le habrían formulado sujetos a los que le había comprado droga”.

“Más allá de su trágico y lamentable desenlace, no reviste calidad de delito”, concluyeron los jueces Gómez Urso, Carnevale y Viñas en relación a la muerte de la adolescente de 16 años.

La sentencia fue criticada y repudiada por diferentes sectores de la sociedad -no solo agrupaciones feministas, sino incluso la OEA- por considerar que se trató de un caso de “Justicia patriarcal” y por la “protección de violadores y femicidas”.

En mayo, los padres de Lucía Pérez pidieron que se les hiciera un jury a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, el pedido fue acompañado por diputadas y senadoras, entre ellas Victoria Donda, recientemente confirmada por el presidente electo, Albero Fernández, al frente del Inadi.

A fines de noviembre, se confirmó que un jurado de enjuiciamiento bonaerense investigará si los jueces Gómez Urso, Carnevale y Viñas incurrieron en mal desempeño en sus funciones. Los magistrados ya presentaron un descargo en el que aseguraron que respetaron toda la normativa internacional y nacional que sanciona la violencia de género.