La familia de Mauricio Araujo, el joven que murió luego de ser herido de bala por un policía, pidió al Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires que anule el sobreseimiento del imputado, Rodolfo Manuel Lorenzo, que se había conocido semanas atrás, y ordene de inmediato la realización de un juicio oral y público.

Lo hizo a través de su abogado, César Sivo, quien reiteró que se trata de un caso de “gatillo fácil” y que, por su gravedad institucional, debe ser ventilado en un debate.

En el documento presentado ante las autoridades judiciales provinciales, el letrado que representa a Marisa, la hermana de Araujo, manifestó que es menester la realización de un juicio “que permita, a través de la contradicción de las partes, deslindar los aspectos controversiales del hecho y la responsabilidad penal que le cabe al imputado”. Asimismo, remarcó que “se encuentran en juego derechos de raigambre constitucional” que implican que la causa llegue a esa instancia judicial y no se cierre antes.

El recurso al que tuvo acceso LA CAPITAL cita múltiples irregularidades determinadas por parte de la familia Araujo y diversos cuestionamientos a la investigación preliminar que expone como argumentos para explicar el motivo de la exigencia de la elevación a juicio del expediente. Para empezar, los allegados a la víctima señalan “el absurdo en la reconstrucción de una materialidad basada solo en la hipótesis del imputado y del personal policial, desconociendo su participación activa en el hecho”.

En ese sentido, indican que existió “un arbitrario recorte de los testigos del caso, un arbitrario recorte de la prueba pericial científica producida, y una omisión de las circunstancias probadas de la causa en lo que respecta a la posible manipulación y ‘armado’ de la escena del crimen para instalar la idea de un ‘enfrentamiento’ inexistente”.

En la misma línea, denuncian “un razonamiento del a quo desentendido de la problemática de la violencia institucional, así como de las particularidades del caso, en referencia al involucramiento de personal policial en funciones”.

“Lo que debe quedar claro -expresan- es que, desde un inicio, la falta de preocupación por la agencia fiscal por tratar de esclarecer verdaderamente lo sucedido -fundamentalmente, teniendo en cuenta que se estaba en clara presencia de un caso de violencia institucional o comúnmente denominado de ‘gatillo fácil’- se ha hecho sentir conjugándose ahora con el ánimo sesgado e intencional de los magistrados de deslindar a las fuerzas de seguridad de la muerte violenta e injustificada”.

Cabe recordar que, en los casi ocho años que duró la investigación, estuvieron al frente de la misma cinco fiscales diferentes. La última instructora fue Andrea Gómez, quien en febrero pasado logró la elevación a juicio del caso a través de una presentación que avaló la jueza de Garantías, Lucrecia Bustos. Sin embargo, a comienzos de noviembre, la Cámara de Apelaciones revocó ese fallo y sobreseyó a Lorenzo.

“Adoptaron acríticamente la versión de los hechos brindada por la policía, omitiendo constancias objetivas, descreyendo de lo declarado por las víctimas y otros testigos, declaraciones todas que marcaban la certeza de que lo que sucedió fue una verdadera ejecución sumaria disfrazada de enfrentamiento armado con pretensiones justificatorias del claro desborde funcional”, arremetió Sivo en su presentación ante el Tribunal de Casación, realizada la semana pasada.

Cuestionamientos

Para al abogado que representa a la familia Araujo el primer hecho a cuestionar es que en la investigación del caso haya intervenido la propia Policía Bonaerense en un comienzo. Según manifestó en el escrito, “si algo se imponía ante la ‘duda’ era, justamente, no darle intervención a Policía Científica“, como ocurrió en la realización de los primeros peritajes.

“El daño de un actuar tan ligero de quienes debían investigar tiene aspectos irreversibles”, subrayó y recordó que, durante las dos horas siguientes a la muerte del joven, el lugar del hecho estuvo preservado por los propios policías que luego serían investigados. “La escena ha estado a merced de los efectivos policiales por tiempo suficiente como para manipular lo necesario y en cuanto fuera menester”, citó en otro pasaje del recurso.

Y agregó: “Resulta preocupante la condescendencia con que se ha tratado un hecho de semejante gravedad, máxime teniendo en cuenta que hablamos aquí de una muerte violenta, de madrugada, causada por la Policía de Buenos Aires.

Para la familia Araujo “los roles se han subvertido desde un inicio”. “Se ha tratado el caso como si fuera mi hermano el culpable. Preocupa, y mucho, que los funcionarios judiciales, quienes deben actuar en pleno respeto de los derechos humanos de todos quienes transitan un proceso penal, sean justamente quienes violenten todos los derechos que nos asisten como víctimas y familiares de quien ha perdido la vida a manos del desborde funcional de un agente del Estado”, explicó Marisa Araujo en la presentación.

En ese mismo sentido, arremetió contra la Justicia. “No sólo no ha podido dar respuestas, nos ha señalado a nosotros las víctimas, ha señalado a mi hermano como un delincuente, nos ha dejado buscando la verdad en soledad”, protestó.

Dinámica del hecho

Para Sivo y la familia de la víctima “lo fundamental” a dilucidar “es la dinámica del hecho”, ya que en el marco de la causa declararon los dos acompañantes de Araujo -su primo y un amigo- y vecinos del barrio donde se produjo el caso que oyeron gritos. También resulta importante para los damnificados reparar en el “dato del culatazo en la frente”.

“Tal dinámica poco tiene que ver con la versión policial, primero redujeron a los tres, luego golpearon a mi hermano en la frente para, finalmente, y estando totalmente indefenso, ejecutarlo. Ningún enfrentamiento”, señaló Marisa en la presentación, rechazando la versión de Lorenzo y el otro policía, Nicolás Manno, quienes dijeron que existió una “repellida” a un primer disparo efectuado por la víctima.

“La Cámara se ha detenido únicamente en el análisis de si hubo uno o dos disparos como si fuera la cuestión dirimente entre las dos versiones, ello forzando una situación que termina resultando favorable a la policía. Pero seamos claros, hay aquí elementos que demuestran que mi hermano fue asesinado a sangre fría, ejecutado en una situación absolutamente distinta a la planteada en la sentencia del a quo. El nivel de certeza que esta prueba directa nos brinda es el suficiente como para permitirnos exponer el caso en juicio. Luego, si la defensa argumenta dudas, será el debate el ámbito para despejarlas”, añadió la mujer.

Finalmente, la familia Araujo insitió “una vez más” que “todo esto merece ser expuesto en el marco de un debate oral”. “No hablamos de un crimen cualquiera, tratamos un homicidio cometido por las fuerzas de seguridad, donde los órganos de justicia abonan la existencia de un ‘enfrentamiento’ en base a pericias que de mínima omiten cuestiones, y que, en el mejor de los casos, tienen una efectividad harto dudosa, desechando valiosos y esclarecedores testimonios por sospechas difusas respecto a la edad de la declarante, o incluso invirtiendo las culpas, deslizando que mi hermano, primo y su amigo eran delincuentes (cuestión que no es tal pero que, en todo caso, no habilita a las ejecuciones sumarias)”, concluyó la representada por Sivo.