El anuncio de un proyecto de ley para regular la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial fue celebrado por el movimiento cannábico que, sin embargo reclamó que se contemple el autocultivo con fines medicinales y se acelere la puesta en marcha del registro para que la actividad pueda salir de la clandestinidad.

“El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años”, dijo el presidente Alberto Fernández el pasado lunes ante la Asamblea Legislativa al enumerar los “seis proyectos de ley destinados a dinamizar la estructura de crecimiento que abordan nuevos desafíos tecnológicos y productivos”, a presentarse este año en el Congreso.

Agregó que la iniciativa “prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, cuya cartera tiene a su cargo la elaboración del proyecto, dijo ese mismo día en declaraciones radiales que tienen “un proyecto semi terminado, buscando generar consensos también con miembros del sector legislativo”.

Justificó su necesidad en que “hoy Argentina tiene una ley vigente que es restrictiva” -la Ley de cannabis medicinal 27.350 aprobada en 2017- “que está abocada sobre todo a temas de investigación y desarrollo pero no habilita la producción en escala” de aceites u otros productos terapéuticos de una planta que “tiene propiedades medicinales muy importantes” y puede ofrecer “una gran gama de subproductos derivados para su exportación”.

“Es una industria que está creciendo mucho a nivel internacional y que podría permitir la reconversión de muchas economías regionales que hoy están en baja”, añadió en declaraciones a Radio con Vos.

Pero, por otro lado agregó que “en los últimos años muchas personas que necesitaban de esas aplicaciones (medicinales) para (tratar) una patología, terminaba en un canal paralelo e ilegal, en lugar de acceder a un producto medicinal con todos los resguardos sanitarios y de trazabilidad”.

Por eso, el objetivo “desde lo productivo” es doble: “tener un producto de alta calidad, trazable y con todas las condiciones de seguridad que además de dar soluciones medicinales a pacientes pueda también ser un negocio de exportación”.

Tras el anuncio del presidente, las organizaciones Mamá Cultiva y Asociación Pensamiento Penal (APP) expresaron su satisfacción porque “finalmente se reconozca el potencial económico del cannabis” y éste sea “incluido en la agenda legislativa” pero advirtieron que “no pueden quedar afuera de la discusión el autocultivo”.

Además, reclamaron la urgente puesta en marcha del Registro del Programa de Cannabis (ReProCann) en la órbita del Ministerio de Salud, creado en virtud de la nueva reglamentación de la ley 27.350 que, a diferencia de la anterior, garantiza el derecho al cultivo personal, solidario y colectivo de cannabis terapéutico.

En virtud de esta ley, en los últimos años se comenzaron a otorgar permisos para cultivos en manos de instituciones públicas, en la mayoría de los casos vinculadas a actores privados como es el caso de la empresa jujeña Cannava.

En diálogo con Télam, la presidenta de Mamá Cultiva, Valeria Salech, advirtió que mientras esperan “que se implemente el registro” -la herramienta que evitará que más personas sean hostigadas, allanadas, despojadas de sus plantas, encarceladas y procesadas por cultivar con fines medicinales- “se está pensando en darle licencias a las empresas” para la producción y comercialización en gran escala de los productos de cannabis, partir de un proyecto de ley que “nos deja afuera”.

“Hoy en día nosotras seguimos en la clandestinidad, donde venimos trabajando desde hace cinco años poniendo en riesgo hasta nuestra propia libertad para atender con responsabilidad y amor a una demanda que no paró de crecer”, dijo.

Para Salech, en la letra de esta propuesta que regula la producción a diferencia de la primera que reguló la investigación, “deberíamos estar las organizaciones, los pequeños productores y todos los que producen para terceros” con fines medicinales.

“Es importante que haya producción industrial del cannabis medicinal para abastecer la demanda, pero estamos pidiendo no quedar afuera porque somos las que impulsamos el cambio de paradigma y tenemos que poder convivir todos”, agregó.

Mamá Cultiva y otras organizaciones están embarcadas en una campaña que ya recolectó “más de 11 mil firmas” para solicitar “la inmediata implementación del ReProCann”.

Es que “la última vez que nos reunimos en el Consejo Consultivo Honorario” integrado por 15 miembros entre profesionales, entidades públicas y de la sociedad civil para articular acciones en el marco de la ley de cannabis medicinal, “fue el 12 de diciembre” y desde entonces no tienen novedades sobre avances en la conformación del registro.

María Eugenia Sar, integrante del único registro de cannabicultores actualmente en funcionamiento, creado en julio pasado en el municipio rionegrino de San Antonio Oeste que cuenta actualmente con 150 inscriptos, se quejó al señalar que “no hay pandemia para negociar con empresarios, pero sí para poner en funcionamiento algo que una pequeña localidad patagónica logró con cuatro biromes y una resma de hojas”.

Sar, abuela de Joaquín, un niño de 9 años a quien desde hace tres años le prepara el aceite para tratar su Síndrome de Tourette, afirmó que se trata de “un derecho que le deben a la madres y abuelas”.

“Mientras tanto, vemos cómo disponen de hectáreas para cultivar marihuana y hacer aceite que pretenderán vendernos, cuando hace años tuvimos que aprender a hacerlo en la cocina de nuestras casas; mientras lo que pagábamos en impuestos se usaba para perseguirnos y encarcelarnos”, se quejó.

Una fuente del Ministerio de Salud reconoció la dilación, pero aseguró que “se sigue avanzando” y que hay “una clara voluntad política” de ponerlo en marcha.

“Uno entiende el reclamo, que es válido porque lamentablemente en la Argentina conviven la ley medicinal y la penal; y justamente lo que busca el registro es ser el motivo legítimo por el cual el fin terapéutico pueda permitir que no te alcance la ley penal, pero la demora se debe a su complejidad”, explicó.

“No es sencillo -continuó- hacer un registro de cultivadores para todo el país”, que requiere una base de datos y un programa informático donde cargar y validar la documentación solicitada para el ingreso: la indicación médica, el consentimiento informado y la declaración jurada.