por Julieta Di Corleto

“El hecho de que algo esté prohibido no responde al orden de lo inmutable, no es taxativo ni guarda relación con algo esencial e inherente de las cosas, es una cuestión meramente histórica justificada por razones políticas, económicas, morales y sociales para la gestión de las poblaciones. Aquello que está prohibido y permitido nos construye, como cuerpo social e individuos; va formando nuestras concepciones éticas y morales más de lo que podemos creer“.

El enunciado que da inicio a esta nota podría pertenecer a una producción de teoría crítica del derecho. Sin embargo, está extraído del artículo “Límites como puentes. Estrategias comunitarias para la articulación de saberes en el contexto de la prohibición”, escrito por Mariana Amanto, Gabriela Cancellaro y Valeria Salech, integrantes de Mamá Cultiva. El texto, incluido en la compilación “Cannabis medicinal. Una cuestión de derechos” de la Defensoría General de la Nación, da cuenta de cómo, desde una clandestinidad forzada, esta asociación civil sin fines de lucro ha logrado visibilizar aquello que, tanto la ley como los tribunales, primero han ignorado y luego han reprimido.

La lucha de “Mamá Cultiva” es la lucha por el derecho a la salud. Podría decirse que, en sus orígenes, sus integrantes estuvieron movilizadas por el interés individual de paliar el dolor de sus hijos e hijas. Sin embargo, hoy su labor ha trascendido las fronteras de su espacio familiar y nos muestra cómo, por el orden legal vigente, todos y todas vemos restringidas nuestras posibilidades de alcanzar “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr”, como lo establece la Organización Mundial de la Salud.

En efecto, contra los designios del derecho internacional de los derechos humanos, nuestro país mantiene un régimen legal que, ya sea por exceso o por ausencia de regulación, se convierte en un obstáculo para garantizar el derecho a la salud. Por un lado, el Código Penal penaliza la tenencia y el cultivo de estupefacientes para consumo personal. Consecuencia de esta normativa son los procesos penales iniciados contra quienes recurren al cultivo autónomo o solidario del cannabis con fines terapéuticos y enfrentan expectativas de pena que alcanzan los 20 años de prisión, la misma escala que les correspondería a los miembros de grandes organizaciones del narcotráfico. Por el otro lado, la ley 27.350 y sus sucesivas reglamentaciones, sancionadas para regular la investigación científica y el uso medicinal del cannabis, pecan de estrechas en tanto no logran dar respuesta a la demanda de aceite de cannabis en el marco de tratamientos médicos específicos. Esta ineficiencia regulatoria ha motorizado otro tipo de litigio, el de los amparos para conseguir avales para cultivar, estrategia que incluso conlleva el riesgo de desencadenar la intervención de la justicia penal.

En el medio de todo este enjambre normativo, al igual que otras organizaciones que acompañan su lucha, las integrantes de “Mamá Cultiva” no han perdido las esperanzas en el derecho. Por ello sus contribuciones han impactado en el campo jurídico iluminando sus falencias y creando nuevas herramientas conceptuales que buscan conseguir leyes más justas.

El libro “Cannabis medicinal. Una cuestión de derechos” se inspira en esa misma demanda de transformación legal. Como integrantes de la defensa pública reconocemos que el derecho es históricamente contingente y, por esa razón, buscamos guiar en los laberintos de la justicia a quienes pretenden aliviar su dolor, porque es su derecho; o mejor dicho, porque el reconocimiento legal del uso de cannabis con fines terapéuticos es nuestro derecho.

(*): Defensora Pública Oficial. Ministerio Público de la Defensa de la Nación. A cargo de la secretaría general de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación. El libro está disponible gratuitamente en https://www.mpd.gov.ar/pdf/Libro_Canabis.pdf.