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La Ciudad 29 de julio de 2018

Campaña en marcha: se anotan los candidatos a defensor del pueblo

La inscripción comienza mañana en el Concejo. De los tres que están en funciones, dos van por la reelección. Dirigentes de diversos ámbitos ya hicieron conocer su postulación en las redes sociales. La palabra final la tendrán los colegios profesionales, las ONG y las sociedades de fomento.

Como cada cinco años, el Concejo Deliberante pondrá en marcha mañana el proceso de elección de los defensores del pueblo locales: en la Dirección de Comisiones, empezará a inscribir a los candidatos para los comicios del 24, 25 y 26 de septiembre.

Esos días, las sociedades de fomento, las ONG y los colegios profesionales determinarán a los próximos tres defensores.

En la previa se sabe que dos de los que cumplen funciones en la dependencia de Belgrano 2740 irán por la reelección: Walter Rodríguez, que volverá a buscar el voto de confianza de los vecinalistas, y Fernando Rizzi, que se postulará por los colegios profesionales. En cambio, Fernando Cuesta avisó que no intentará renovar su mandato.

Según el artículo 4° del texto actualizado de la ordenanza 13663, que creó en el año 2000 la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, la intervención de los defensores tiene lugar “frente a los actos, hechos u omisiones que impliquen un ejercicio ilegítimo, arbitrario, abusivo, negligente o de manifiesta impericia de la función pública municipal”. “Fundamentalmente –agrega– cuando dichas deficiencias generen errores administrativos, demoras excesivas de trámites, desconsideración de trato hacia el público, delitos o irregularidades administrativas”. Y apunta que la intervención “alcanza también a las personas privadas prestadoras de servicios públicos”.

Eso sí: no puede intervenir en conflictos entre particulares, cuando la cuestión planteada tenga pendiente una resolución judicial o después de un año en que el denunciante haya tomado conocimiento del hecho, acto u omisión que motivó su queja.

Para ser candidato hay que cumplir los mismos requisitos que para ser concejal: tener como mínimo 25 años y uno de residencia en el distrito, si es ciudadano argentino, o cinco en caso de ser extranjero. Los sueldos que cobran son equivalentes a los de un director municipal.

Primeros candidatos

“Por una democracia ampliada. Para que se escuchen todas las voces. Para construir un espacio común”, dice una publicación en Facebook de Rubén Suárez, el creador del programa “Un sueño”, que buscará este año convertirse en defensor del pueblo.

Marisa Sánchez, la secretaria de la Liga de Amas de Casa, también hizo públicas sus intenciones. “Trabajo desde hace años en temas concretos como (el control de los) precios en góndola”, dice en una publicación, y recuerda que promovió foros de seguridad, actuó para frenar los tarifazos de 2008, 2009 y 2014 y colabora con comedores.

También menciona que ahora interviene para que Mar del Plata “sea reconocida como zona fría” y, de esa manera, logre la recategorización del cuadro tarifario del gas.

El dirigente de la CTA de los Trabajadores Daniel Barragán es otro que ya anticipó su intención de lograr un lugar en Belgrano 2740. Incluso en junio promocionó una charla sobre la utilidad de la Defensoría del Pueblo en la sede del PJ local. Ese es otro dato a tener en cuenta: una afinidad o afiliación partidaria no amputa la posibilidad de ser defensor. De hecho, el propio Rizzi es radical y Cuesta peronista.

Proceso eleccionario

Los candidatos tendrán tiempo de anotarse hasta el 10 de agosto. El 15, el órgano fiscalizador, compuesto por los escribanos María de los Ángeles Frontini, Mariela Gatti y Juan Pablo González Fortini, comunicará al Concejo la lista definitiva de postulantes.

Desde mañana hasta el 27 de agosto, cada uno de los colegios profesionales, asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales que quieran participar de la elección deberán designar a sus representantes. Son ellos los que, en el acto eleccionario, votarán por alguno de los candidatos.

El 28 y 29 de agosto, de 8 a 10, los colegios profesionales deben acreditar su legitimación ante el órgano fiscalizador en la delegación local del Colegio de Escribanos (Independencia 2190 PB). Lo mismo harán el 30 y 31 de agosto y 3 de septiembre las sociedades de fomento, y el 6, 7 y 10 de septiembre las ONG.

El 17 de septiembre el órgano fiscalizador elevará al Concejo la lista de electores. El 24, las sociedades de fomento elegirán un defensor; el 25 le seguirán las ONG y el 26 lo harán los colegios profesionales. Ese día se conocerá la terna que asumirá en la Defensoría por cinco años (la reelección solo puede darse por un período consecutivo más).

En un principio se elegían un defensor titular y dos adjuntos. Pero el reglamento cambió y ahora los tres tienen el mismo rango.

Cómo trabaja

Generalmente, cuando un reclamo llega a la Defensoría sus integrantes lo primero que hacen es evaluar si corresponde o no. Si no corresponde, se deriva al organismo pertinente. Hay distintos procedimientos en de que tenga que actuar. En primer lugar, se le pregunta al vecino si ya llevó el reclamo a la dependencia municipal o empresa prestadora de servicios que motiva su queja. Una vez que lo hizo y no tuvo respuesta favorable, la Defensoría interviene.

Si el caso amerita una respuesta rápida, se gestiona directamente a través de llamadas telefónicas. Cuando eso no se puede instrumentar, se inicia la tramitación de un expediente administrativo. Es el camino que puede resultar más largo.

En los últimos años, la Defensoría ha intervenido en diversos temas, como los aumentos de tasas y tarifas. Por caso, en abril advirtió que el aumento de la TSU sería desproporcionado y pidió que se establezcan topes. Para la tarifa de OSSE reclamó una audiencia pública previa.

También se involucró en las gestiones para lograr la recategorización del cuadro tarifario del gas, marcó errores en estudios de costos del boleto y se manifestó en contra de que sean prorrogados los contratos con las concesionarias del transporte. En esa línea, consideró necesario llamar a licitación el año que viene para incorporar cláusulas que mejoren la accesibilidad del servicio.



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