La Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) manifestó su “absoluta oposición” al pliego del transporte público de pasajeros elevado por el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante.

La entidad que nuclea a las concesionarias del servicio en Mar del Plata aseguró que el proyecto contiene previsiones y requerimientos “que lo tornan inaplicable por antieconómico, afectan negativamente a los vecinos” y “a las arcas municipales” y, además, “atentan directamente contra los derechos e intereses de las empresas de transporte locales”.

En una nota elevada al cuerpo deliberativo, que tiene en tratamiento el expediente, la cámara señaló que, “si bien la técnica utilizada para la estructuración y desarrollo del pliego de licitación no resulta cuestionable, su análisis permite concluir que existe una evidente disociación entre las previsiones del mismo y la realidad socioeconómica del ámbito donde se pretende poner en práctica, lo cual lo vuelve un documento teórico inaplicable”.

“En toda regulación de servicios públicos, el regulador debe fijar las previsiones en miras al objetivo que se espera alcanzar en un plazo de tiempo determinado”, indicó Cametap, y afirmó que es “imposible que ese mismo cometido esté previsto como punto de partida inicial del servicio que se regula”.

Cametap advirtió que el pliego está estructurado sobre la base de la Encuesta de Origen y Destino realizada en 2013, el Plan Maestro de Transporte y Tránsito de 2015 y el análisis de los datos SUBE del 2017 al 2019. Admite que reconoce “el impacto de la pandemia”, pero aclara que “no lo contempla al momento de definir variables”.

“Es decir que la información de base y los datos utilizados para determinar las exigencias corresponden a momentos y situaciones que en nada se corresponden a la realidad actual, ni en lo que respecta a la demanda de viajes, ni a la situación socioeconómica que atraviesa el país en general y el sector del transporte automotor de pasajeros en particular”, sostiene.

En esa línea, considera que “no es posible estructurar el diseño de una red de transporte sin ponderar adecuadamente cómo la coyuntura impacta en la actividad que se pretende regular”.

Apuntó que “son muchas las cuestiones de público conocimiento que atentan directamente contra el éxito de la licitación en los tiempos y formas en que está formulada”. Mencionó “las severas restricciones a las importaciones que afectan tanto la posibilidad de adquirir nuevas unidades así como acceder a repuestos y accesorios, el impacto en la estructura de costos y por ende en la tarifa, una inflación de más del 100% anual” y “la crisis económica del país que genera un alto nivel de incertidumbre sobre el mantenimiento de los subsidios que otorgan los estados nacional y provincial”.

“Si consideramos que entre las exigencias del pliego se contempla que desde el inicio del servicio licitado se agreguen vehículos al parque móvil existente en el sistema, que además se incorporen unidades con características articuladas (de piso bajo e impulsadas por energías alternativas) e innovaciones tecnológicas que aumentan el precio corriente de las mismas” y “la realización de obras complementarias como refugios o paradores, observamos la disociación señalada entre el documento” del municipio y “la realidad en la que tendrá sus efectos”.

El pliego en cuestión ingresó en noviembre del año pasado al Concejo, pero no avanzó: permanece en la primera comisión, la de Movilidad Urbana.