Con el cambio de gobierno ocurrido en diciembre de 2015 se produjo, también, un cambio en el régimen económico en la Argentina.

El nuevo régimen vino a reeditar un modelo económico que ya había estado presente en etapas históricas anteriores: la que se abrió con la última dictadura cívico-militar de 1976 y la del neoliberalismo menemista de los ’90, entre las más recientes.

Maxidevaluación de nuestra moneda, eliminación/reducción de retenciones, eliminación gradual de impuestos a los patrimonios de los más ricos, tarifazos siderales en los servicios públicos para familias, comercios e industrias, abandono de la política de protección industrial, apertura importadora unilateral e indiscriminada, total liberalización del mercado cambiario y financiero, promoción de la fuga de capitales, endeudamiento externo vertiginoso, fueron algunos de los signos inaugurales del modelo económico de Macri.

Los resultados de esos cambios en la política económica, son los que venimos observando mes a mes, trimestre a trimestre: fuerte aceleración de los aumentos de precios, caída del poder de compra de los salarios, desplome del consumo, ausencia de inversiones, cierre de comercios e industrias, caídas en la recaudación impositiva, crecimiento del déficit fiscal, asfixiante peso de los compromisos de la deuda contraída, déficit comercial (diferencia negativa entre exportaciones e importaciones) histórico, profundización de la bicicleta financiera, fuerte retroceso de la producción nacional, alarmante destrucción del trabajo argentino.

Estos resultados económicos negativos se traducen en la vida de las personas, de las familias, de nuestros comercios, nuestras industrias, en una gran angustia, en el dolor de situaciones muchas veces dramáticas desde lo humano, en una profunda incertidumbre y temor por el futuro. Con un temor que sobresale en todas las consultas de opinión: el desempleo. Mar del Plata lo sabe muy bien: es, después del conurbano bonaerense, el centro urbano con mayor desocupación.

Con dos dígitos de desempleo, la “feliz” deja al desnudo los resultados concretos de una política económica que nos lleva por el rumbo equivocado. El mal desempeño de los principales sectores de actividad, fundamentalmente el turismo, la gastronomía, el comercio, la pesca, son el resultado de esa errónea política económica. Las consecuencias más terribles hablan de cerca de 200.000 marplatenses que se ubican por debajo de la línea de pobreza, sólo en la primera mitad de 2016, según el informe sociolaboral del Partido de General Pueyrredon publicado por el Grupo de Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas. También creció la indigencia, con más de 43.000 marplatenses en esa situación. Estos dramas del presente están ligados a la caída en la actividad económica, las altas tasas de desocupación y subocupación, y la menor calidad del empleo.

A nivel nacional, de acuerdo con los últimos datos publicados por el INDEC, para julio de este año, la industria se ubica un 2,5% por debajo de los niveles de julio de 2015. La construcción, por su parte, está 7,5% por abajo de los niveles de 2015. En ambos sectores cayó, lógicamente, el empleo, ubicándose un 5% por debajo de los niveles de 2015, considerando sólo el empleo registrado formal. Es decir que en julio de 2017 hay 62.000 trabajadores registrados formales menos en la Industria que en el julio de 2015. Y 23.000 trabajadores registrados formales menos en la Construcción. Por eso, el escepticismo de los argentinos que reconoció el ministro de hacienda sobre la política económica del gobierno está bien fundado: la posverdad económica que el gobierno ha buscado instalar hablando de “brotes verdes”, en los hogares argentinos son alarmas rojas y amarillas, porque no se llega a fin de mes con el salario, porque no hay trabajo, porque los tarifazos erosionan el ingreso familiar. Por cierto, a pesar de haber contabilizado como empleo registrado formal a más de 100.000 monotributistas sociales y de que el Estado incorporó a 43.000 empleados públicos, el empleo registrado formal total mostró, en junio de 2017, 30.000 trabajadores menos que dos años atrás. Hasta los sectores más favorecidos por la política oficial, como la minería y el agro, destruyeron empleo desde que Macri asumió.

El fundado escepticismo de la ciudadanía argentina tuvo, por ende, su traducción en las urnas en las elecciones del 13 de agosto. Dos de cada tres argentinos, así como dos de cada tres bonaerenses le dijeron que no a una política económica que sólo ha conseguido concentrar más riqueza en manos de una pequeña minoría de los más ricos, a costas de empobrecer y deteriorar sensiblemente la calidad de vida de las grandes mayorías de nuestra sociedad.

A pesar de la burda manipulación del resultado electoral del 13 de agosto, 17 días después se conoció la verdad. Los bonaerenses eligieron mayoritariamente cambiar el rumbo de esta política económica. Desde Unidad Ciudadana, como expresión mayoritaria de esos dos tercios de coprovincianos, asumimos el compromiso de frenar desde el Congreso estas políticas de ajuste inauguradas en diciembre de 2015, terminar con los despidos, recomponer el salario de los trabajadores, las jubilaciones y pensiones, restablecer las tarifas de los servicios públicos, los precios de los alimentos y los medicamentos, recuperar una política de protección de nuestra industria, fortalecer nuestro comercio, ponerle límites a la timba financiera y revisar un endeudamiento irresponsable que plantea serias dudas sobre la sustentabilidad económica y financiera del país. Es un compromiso con los bonaerenses y los argentinos, para cambiar la angustia, el temor al desempleo, la incertidumbre frente al futuro, por una esperanza y una certeza: la fuerza democrática de la ciudadanía puede corregir un rumbo equivocado y colocar a la Argentina en el sendero del crecimiento, de la producción, del trabajo, donde nuestros hogares, nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros mayores, puedan volver a soñar y proyectar un futuro mejor para todos.

(*): Economista. Primera candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires.