La Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto uso irregular de la flota de aviones presidencial para el traslado de muebles hacia el sur del país entre 2003 y 2015, informaron fuentes judiciales.

Dos de los tres jueces que integran la de la Sala I de la cámara, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, consideraron que no debía ser tomado como delito el traslado de diarios nacionales hacia el sur del país en aviones de uso presidencial y ratificaron la falta de mérito del entonces secretario de la Presidencia y hoy senador Oscar Parrilli.

El tercer camarista, Mariano Llorens, se pronunció a favor de la detención de Fernández de Kirchner y propuso notificar al Senado para que avance en el juicio político de la expresidenta, una postura que, por ser minoritaria, no es resolutiva.

“No es posible desconocer que los acontecimientos descriptos en este proceso no pueden ser comprendidos aisladamente de aquellas circunstancias que son de público conocimiento y que también son objeto de investigación judicial en el marco de otros legajos”, argumentó Llorens, para quien la causa está apoyada en un “cuadro probatorio sólido”.

Llorens, arquero en partidos de fútbol compartidos con el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu del juicio Vialidad que tiene entre sus imputados a la Vicepresidenta, consideró necesario “poner en conocimiento” del Parlamento la resolución judicial para que se evalúe el inicio de un proceso de juicio político.

La Cámara Federal Porteña volvió a pronunciarse, luego de que en mayo pasado la Cámara Federal de Casación Penal anulara la resolución con la que se había confirmado un procesamiento contra la Vicepresidenta y le ordenara a ese cuerpo que dictara un nuevo fallo.

Es que, previamente, la cámara conformada por Bruglia, Bertuzzi y Llorens había rechazado un planteo de nulidad formulado por la defensa de la exmandataria ante lo actuado por el magistrado Claudio Bonadio, a partir de que el fallecido juez había obrado como denunciante (al extraer testimonios de la causa de los cuadernos) y luego como instructor de la causa.

En mayo pasado, los jueces de Casación recordaron que, en 2019 –con otra composición–, se había apartado a Bonadio del expediente a instancias de un pedido del senador Parrilli, y señalaron que jurisprudencia establece que un juez no puede intervenir en un caso concreto si fue su promotor.

Tanto Fernández de Kirchner como Parrilli habían sido procesados por Bonadio, acusados de haber cometido el delito de “peculado”: el juez los responsabilizó por “haber usado y/o haber ordenado el uso de los aviones de la flota presidencial con el único fin de llevar diarios a Néstor Kirchner y/o a Cristina Fernández de Kirchner a las ciudades de Calafate y/o Río Gallegos cuando cualquiera de ellos se encontraba en dichas ciudades”.

La causa que se conoció como los “vuelos canillitas” es uno de los procesos por los cuales Bonadio había sometido a la expresidenta a una maratón de ocho declaraciones indagatorias el 25 de febrero de 2019.

Pero luego, en noviembre de 2019, Bruglia, Bertuzzi y Llorens confirmaron de manera parcial el procesamiento: le dictaron la falta de mérito por haberla utilizado para transportar diarios e informes de prensa, pero le confirmaron el procesamiento por el supuesto traslado de muebles.

Bruglia y Bertuzzi son los jueces que fueron designados en esa sala por el mecanismo de traslado, firmado por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Está pendiente en el Consejo de la Magistratura la elección de ternas de jueces, elegidos por concurso, para su reemplazo.