Con el aval del gabinete municipal, el intendente Carlos Arroyo busca poner en vigencia un protocolo de control y fiscalización de ingreso, permanencia y egreso de los edificios y oficinas públicas del municipio.

La intención quedó reflejada en el decreto 995, firmado la semana pasada por el jefe comunal y los secretarios de Gobierno (Alejandro Vicente), Salud, (Gustavo Blanco), Educación (Luis Distéfano), Producción (Massimo Machiavello), Obras (Guillermo de Paz), Desarrollo Social (Patricia Léniz) y Cultura (Christian Rabe). También por los presidentes del Emsur, Eduardo Leitao, y el Emder, Carlos López Silva, y el vicepresidente del Emtur, Jorge Zanier.

El protocolo de control regirá tanto en las dependencias de la administración central como en los entes descentralizados.

Los funcionarios coinciden en que “se ha registrado en los últimos tiempos un notable aumento del número de incidentes, ataques y hechos dañosos provocados en los edificios públicos municipales, además de las tomas y ocupaciones” que se producen “fuera del horario de funcionamiento de la administración”.

Eso “pone en riesgo la integridad física de sus agentes, afectando con frecuencia los bienes pertenecientes a la comuna e, incluso, en algunas ocasiones, los de propiedad de dicho personal”, agregaron.

Entre los considerandos de la medida se recuerda que “el Estado tiene a su cargo y cuidado la seguridad de las personas que laboran en la administración –empleados y funcionarios municipales– y el resguardo de los bienes de dominio público y privado estatal”.

En ese sentido, “constituye un resorte de la administración establecer las medidas de seguridad que contemplen el acceso y permanencia de las personas a procurar trámites y/o peticiones en distintas áreas de la Municipalidad”.

Remarca además que las áreas municipales “custodian, entre otros bienes, documentación e información sensible en materia de inmuebles (planos de las propiedades), informática (equipos de computación que funcionan en red y abastecen a toda la administración), salud (mobiliario, farmacia, instrumentos y material peligroso), desarrollo social (datos confidenciales de menores y/o personas en situación de vulnerabilidad social), contables (base de datos de cuentas de los contribuyentes) y educación (legajos y antecedentes curriculares y calificaciones de docentes y alumnos de las escuelas municipales), así como equipamiento de alto valor económico, histórico y cultural”. El intendente también menciona que “resulta común y habitual que en distintas ciudades del país y del mundo los edificios públicos cuenten con estrictos sistemas de vigilancia y control de acceso y permanencia del público”.