BALCARCE (Corresponsal).- El juez de garantías del Departamento Judicial de Mar del Plata, Juan Tapia, habló sobre la aplicación de la ley de cannabis medicinal y sus implicancias respecto a la ley 23737 que reprime la tenencia de sustancias teniendo en cuenta que el cannabis integra la figura de esas sustancias.

En diálogo con LA CAPITAL dijo que hay situaciones a analizar como, por ejemplo, realizar un allanamiento a alguien que está inscripto en el Registro Nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos Reprocann. “Estamos ante una vulneración de derechos al generar una entrada violenta de la Policía a un domicilio de quien ha hecho todo lo correspondiente  para estar dentro del sistema. Entonces las agencias del sistema penal tienen que tener las previsiones de esta ley para evitar la vulneración de los derechos individuales”, opinó.

El magistrado tiene una mirada en clave sobre derechos humanos poniendo al sujeto en el centro de protección de sus derechos fundamentales.

“La idea es no criminalizar a los portadores de sustancia y abordar algunas problemáticas como la relación entre la ciudadanía y las agencias estatales del poder punitivo como la Policía, el Poder Judicial y la cárcel. Tenemos que ver en el marco legal qué protecciones a los ciudadanos existen”, argumentó.

Tapia se presentó en Balcarce para iniciar el curso de “Cannabis medicinal” organizado por la Colectiva Julieta Lanteri, en el que participan expositores de renombre de diversas instituciones.

“Es un tema del cual se habla con mitos y verdades, que puede provocar estigmatizaciones y detenciones innecesarias. Esta planta milenaria ha impactado positivamente en la salud de millones de personas. Convocamos a personas que, con base científica y otras con experiencias propias, pueden aportar conocimientos a nuestra comunidad”, expresó Claudia Paliof de la Colectiva.

Leyes

Tapia mencionó que existe un marco normativo con leyes nacionales que regulan para casos que tienen una indicación médica la posibilidad del acceso y que el estado mismo genere el vínculo con el cannabis. “Hablamos de cannabis medicinal para tratar cuestiones de salud”, aclaró.

En tanto, reconoció que se genera una “discusión” por los posibles márgenes con la cuestión penal porque todavía está vigente la ley 23737 que sanciona la tenencia de estupefacientes (el cannabis entra) para consumo personal. “En los consumos problemáticos no debería el Estado intervenir con el sistema penal (la cárcel) porque estaríamos revictimizando a ese usuario sino que lo debería hacer con el sistema de salud pública”, aseguró.

Por último, mencionó que hay ente gubernamental como el Reprocann que está avanzando en las previsiones de los decretos reglamentarios de la ley de cannabis medicinal que se aplicará en cada territorio. “El Estado siempre tiene que regular y controlar estas sustancias para no generar conflictos con la ley penal vigente que es muy dura porque reprime la tenencia de estupefacientes”, concluyó.