La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, supervisó este miércoles el inicio del curso de capacitación de las fuerzas federales para el uso de las pistolas eléctricas Taser, que comenzarán a utilizarse a partir de septiembre en espacios de alta concentración de personas, y que reemplazarán el uso de “armas letales” para “proteger la vida de los agentes y de terceros”.

Durante una visita y un recorrido por el Cuerpo de Policía Montada, en el barrio de Palermo, donde supervisó la capacitación sobre el manejo de los Dispositivos Electrónicos de Incapacitación Temporaria, Bullrich aseguró que las primeras cien armas Taser comenzarán a utilizarse en dos meses y que luego sumarán otras 200 pistolas “en el corto plazo”.

“Su uso se hará en espacios en los que este tipo de dispositivos pueden sustituir a un arma de fuego, protegiendo la vida del agente y de terceros”, dijo la funcionaria y explicó que los policías que porten las Taser tendrán un compañero “para que uno tire y el otro reduzca” a la persona inmovilizada.

Durante el encuentro, también estuvo presente el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, quien consideró que será “un arma sumamente útil para lugares de alta concentración de personas, como estaciones de trenes, colectivos y aeropuertos” y que se evitarán “las balas perdidas” y los casos de “personas inocentes que son afectadas por estar cerca del hecho”.

“Todo lo que hace es reducir al delincuente con un impulso eléctrico que tiene muy bajo amperaje, con lo cual no tiene riesgo para su vida, agarrota los músculos y en ese minuto y medio, dos, que la persona está inmovilizada, se la puede esposar y quitarle el arma que está teniendo”, agregó.

Además, sostuvo que según “estadísticas internacionales”, en la mayoría de los casos “con el solo despliegue del arma, la persona termina reduciendo su agresión, evitando el hecho delictivo”.

Por su parte, el subsecretario de Gestión Administrativa, Martín Siracusa, detalló que cada arma eléctrica costó 882 dólares y que las primeras cien se adquirieron “a través de una licitación publicada por las Naciones Unidas”, tres meses después de firmado el decreto 359/2019, que había sido anunciado en enero y estableció su uso para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Voceros de la cartera de Seguridad señalaron que las Taser operan con un cartucho con dardos que, al tener contacto con ropa o piel, producen una descarga eléctrica que paraliza a la persona.

Los dispositivos cuentan con sistema GPS, una pantalla que indica el nivel de carga eléctrica y deja registrada la cantidad de veces que se utilizó, y cartuchos con “micropapeles” que se liberan cada vez que se dispara y contienen el número de serie del mismo.

Las Taser lanzan dos “arpones” hasta una distancia de diez metros que conducen 1,2 miliamperios de electricidad que, según las fuentes, “son suficientes para afectar el sistema nervioso del cuerpo e inmovilizar a un delincuente”.

“No obstante, el nivel de descarga es relativamente bajo y no hay peligro de daños permanentes, incluso en personas con marcapasos, y no hacen perder el conocimiento ni la capacidad para respirar con normalidad”, añadieron.

El reglamento aprobado tras la publicación en el Boletín Oficial indicó en sus considerandos que las armas no letales “ejercen un uso racional y gradual de la fuerza” y que se emplearán “para inmovilizar, proceder a la detención o impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse”.

De acuerdo a la norma, esas armas se emplearán “cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública”.