El exvicepresidente Amado Boudou aseguró hoy que no hay pruebas en su contra en el juicio que por la presunta compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone, aunque dijo que existe la “posibilidad” de que lo condenen y lo envíen a prisión el próximo jueves, cuando se dicte la sentencia.

“No hay pruebas porque no es verdad lo que se dice. Pero lo que está claro es que el Gobierno influencia sobre el sistema de Justicia”, dijo hoy Boudou en declaraciones al canal A24.

Un tribunal oral de Buenos Aires juzga desde octubre de 2017 a Boudou y a Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y José María Núñez Carmona por los delitos de presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Quien fuera vicepresidente entre 2011 y 2015 está acusado por la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone mientras se desempeñaba como ministro de Economía durante el primer mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

“No hay pruebas. No es cierto que yo me quedé con el 70 % de Ciccone, ni por mi ni a través de personas allegadas a mi”, afirmó Boudou.

Consultado sobre si cree que va a quedar preso el próximo jueves, cuando el tribunal dicte sentencia, el exvicepresidente no descartó esa posibilidad, aunque dijo que, si se concreta, será por razones políticas.

“La posibilidad existe. Lo impresionante de esto es que va a quedar más en claro que es una cuestión política y no una cuestión de administración de leyes”, sostuvo.

Durante la etapa de instrucción de la causa, el juez a cargo de la investigación, Ariel Lijo, dio por acreditado que Boudou, junto a su socio Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- mientras Boudou era ministro de Economía (2009-2011).

Según la investigación judicial, la compra se realizó a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele -supuesto testaferro de Boudou- con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.

En julio de 2010, un juzgado del fuero comercial declaró la quiebra de Ciccone a petición del Fisco argentino por deudas impositivas.

La Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y la empresa quedó en manos de The Old Fund, cuyo responsable era Vandenbroele.

En la investigación judicial se constató que Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona habían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick -dueños de la imprenta- la cesión del 70 % de Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la administración pública.

De acuerdo con la investigación judicial liderada por Lijo, Boudou habría estado implicado de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner -por entonces jefe de asesores del Fisco- y César Guido Forcieri -jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía- en el trámite de un plan de pagos al Fisco.

Asimismo, Boudou habría intervenido para el levantamiento de la quiebra de la empresa, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado nacional.

A inicios de junio pasado, en el marco del juicio oral, la Fiscalía solicitó que se imponga la pena de 5 años y medio de prisión para el exvicepresidente y que además sea inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.