La Cámara de Apelación en los Contencioso Administrativo de Mar del Plata falló a favor del Municipio al rechazar la cautelar presentada por los docentes municipales, que buscaba evitar la modificación en las bonificaciones hasta tanto no esté validada de manera definitiva en la Justicia.

La resolución fue confirmada por el abogado de los profesionales afectados por la medida, quien también aseguró que apelarán el fallo y llevarán el tratamiento a la Suprema Corte de Justicia.

“La Cámara resolvió que todavía no era oportuno tomar esa medida cautelar. Es decir, que no ven peligro ni daño en que los docentes cobren entre un 40% y un 50% de su salario por ahora”, explicó a LA CAPITAL Javier Viadas, abogado que patrocina a más de cien docentes afectados.

Para el letrado, el fallo es “inhumano” y “absolutamente violatorio de la Constitución y de los tratados de Derechos Humanos”, ya que “nadie puede plantear que a una persona se le pueda bajar hasta un 50% su salario, mientras la Justicia analiza la medida”.

En lo que respecta a los pasos a seguir en la Suprema Corte de la Justicia, Viadas destaca que la Suprema Corte tiene fallos que contradicen los dispuesto hoy en la Cámara local.

La resolución de este lunes llega luego que dos juzgados locales en los Contencioso Administrativo tuvieran fallos contradictorios. Patrocinados por diferentes abogados, las demandas cayeron en los Juzgados N°1 y N°2, y mientras el Juez del Juzgado N°2, Marcelo Fernández, sostuvo que sus 180 docentes deberán cobrar la bonificación; el Juzgado N° 1, a cargo de Simón Isacch, desestimó la medida cautelar argumentando que era competencia de la Corte determinar la suerte de los docentes. Hoy, finalmente, la Cámara falló en contra de la apelación que se interpuso a este último fallo.

El conflicto se inició en octubre del año pasado cuando, a través del decreto 2272, el intendente Carlos Arroyo dispuso modificar el pago de una bonificación que reciben los docentes municipales, que durante los últimos 20 años permitió que sus remuneraciones fueran ligeramente superiores a las de los los maestros y profesores del sistema educativo provincial.

Hasta el momento, la liquidación y pago de la Bonificación Especial Docente se daba sobre la base del módulo horario de 35 horas, mientras que Arroyo dispuso que se haga sobre 24, provocando una importante reducción salarial.

Otra medida a favor

La semana pasada, y en el marco de la denuncia que realizó el Ejecutivo local por “conflicto de poderes” luego que el Concejo Deliberante aprobara por insistencia una ordenanza que revirtía el polémico decreto, el Municipio recibía con beneplácito la noticia de que el procurador general de la Corte Suprema de Justicia había dictaminado a favor de que la Suprema Corte hiciera lugar a la presentación de las autoridades comunales.

“Claramente se advierte un avallasamiento por parte del Concejo Deliberante de facultades que la Constitución y las leyes reglamentarias pusieron en cabeza del titular del Departamento Ejecutivo”, destaca el funcionario en su dictamen.

Además, tras enumerar todos los argumentos de ambas de partes en el conflicto, puntualizó que “el Concejo Deliberante ha ejercido -en lo que se refiere a remuneraciones- una invasión de competencias, ya que, en el caso bajo exámen, las normas aplicables son claras en el sentido de conferirle al titular del Departamento Ejecutivo municipal la exclusividad en esta temática”.