Mientras se espera para las próximas semanas el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia sobre el conflicto de poderes planteado por el Ejecutivo en el caso de la bonificación docente, el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén García, pidió que las autoridades municipales salientes “paguen con su patrimonio” los perjuicios que les provocaron a los docentes.

García adelantó a LA CAPITAL que la federación propondrá al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) la presentación de una denuncia penal contra el intendente Carlos Arroyo y todos los funcionarios que determinaron el quite de la bonificación.

El dirigente explicó que si la denuncia se presenta contra el municipio, los que terminan “pagando” son los contribuyentes con sus tasas, mientras que los funcionarios responsables se van a sus casas y no sufren ninguna consecuencia.

“Que lo paguen con sus propiedades, porque cada vez que se va un intendente, nosotros tenemos que hacerle juicio al municipio y ellos se lavan las manos, y a la larga el que paga los platos rotos es el contribuyente, el que paga las tasas”, indicó.

“Nosotros vamos a hacer una sugerencia, porque esto es facultad del sindicato local, de plantearle una denuncia a los funcionarios salientes para que paguen con su peculio estos horrores administrativos y perjuicios que les traen a los trabajadores municipales”, apuntó.

García contó que la federación estudió el tema con sus abogados penalistas. La intención es que “cada trabajador pida el resarcimiento económico y se accione contra las propiedades de los funcionarios que se van”.

El secretario general de la Fesimubo dijo tener en cuenta que el intendente electo, Guillermo Montenegro, prometió devolver la bonificación con retroactividad. “Espero que así sea, pero en este caso queremos de una vez por todas dar un ejemplo, porque estas cosas que suceden en Mar del Plata también suceden en la gran mayoría de los municipios argentinos, donde un secretario de Hacienda, como el caso de ese mamarracho (Hernán) Mourelle, que vino hacer como si fuese propio el municipio, toma una decisión unilateral avalada por el intendente”, disparó.

“¿Alguien se preguntó en estos meses que los trabajadores docentes no cobraron por el perjuicio económico que les trajeron? ¿Se preguntó por los préstamos que tenían, por los compromisos? ¿Ahora estos tipos se van alegremente sin sufrir ninguna consecuencia en lo patrimonial?”, se preguntó García indignado.

La denuncia sería contra quienes “han tenido un grado de responsabilidad en esto”, es decir, los funcionarios “que han firmado el decreto para quitarle la bonificación a los docentes”.

De todos modos, García aclaró que pondrá esta sugerencia “a consideración de los municipales” de Mar del Plata “por intermedio de Antonio Gilardi”, que además de secretario general del gremio local es el tesorero de la federación.

Al margen de lo que pueda suceder con esta iniciativa y con las demandas particulares entabladas contra el municipio por distintos grupos de docentes, el máximo tribunal bonaerense debe resolver en el conflicto de poderes. Es decir, deberá establecer si el Concejo tenía o no facultades para derogar el quite de la bonificación.