La Fiscalía de Bolivia anunció que pedirá una condena de diez años de prisión en el juicio oral contra la exsenadora Jeanine Áñez por haberse “autoproclamado” presidenta en 2019, tras el golpe de Estado contra Evo Morales.

Al hacer el anuncio, la fiscal Lupe Zabala dijo anoche que Áñez está acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución boliviana y las leyes, en el marco del caso ‘Golpe de Estado II’, que es la ampliación de caso ‘Golpe de Estado I’.

La investigación detalla que la expresidenta de facto tomó el mando del Senado en una sesión sin quórum y dentro de una fuerza minoritaria, contrariamente a lo que fija el Reglamento de Debates.

Más tarde se “autoproclamó” presidenta de Bolivia en una sesión donde tampoco hubo acuerdo, agrega el expediente, informó la agencia de noticias DPA.

El secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe, se refirió al hecho de que la presentación de la acusación, que se hizo el lunes, se haya realizado mediante un procedimiento ordinario.

“Una de las consultas y curiosidades que ha hecho eco en la población es el hecho de que (la acusación) no se haya sujetado a un procedimiento de privilegio y sí a un procedimiento ordinario, toda vez que para algunos se trataría de una ex mandataria”, expresó, citado por el diario boliviano Página Siete.

En este sentido, insistió en que “los casos Golpe I y Golpe II tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Jeanine Áñez antes de que se autoproclame Presidenta”.

Según Quispe, la acusación recopila “todos los elementos fácticos” para demostrar la responsabilidad de Áñez, contra quien se presentaron “más de 79 pruebas debidamente codificadas, más casi una veintena de declaraciones testificales”.

Desde su cuenta en Twitter, Áñez cuestionó el lunes la acusación, afirmando que el objetivo es condenarla “a cualquier precio”.

“No les importa la independencia del Órgano Judicial, el derecho del pueblo a protestar por el fraude que cometió el Movimiento al Socialismo (MAS)”, sostuvo.

Áñez asumió la Presidencia de Bolivia tras la expulsión de Evo Morales del poder, en medio de una revuelta popular que tuvo el apoyo de la derecha y los militares.

La renuncia forzada de Morales fue en respuesta a unas elecciones en las que fue dado como el ganador pero que fueron cuestionadas por la oposición y por la OEA, aunque luego se confirmó que no había habido irregularidades.