La justicia Federal de Mar del Plata viene realizando una minuciosa investigación en torno a las apuestas clandestinas on line, que, sin dudas, comenzará a replicarse en otros distritos teniendo en cuenta que se ha convertido en una problemática nacional que incluye varios delitos pero que además viene ocasionado adicción en adolescentes y preocupación en las autoridades educativas a partir del exponencial crecimiento de las apuestas que realizan los alumnos en la misma escuela gracias a la facilidad que ofrecen los dispositivos electrónicos. Específicamente sobre la causa judicial que se investiga en Mar del Plata, en la semana hubo dos nuevos detenidos -un empresario y de un empleado de la Aduana, que llegaron desde Estados Unidos-que quedaron inmediatamente bajo custodia a disposición de la fiscal federal Laura Mazzaferri y del juez Santiago Inchausti, al tiempo que otros dos acompañantes fueron notificados por la Justicia Federal.

 
El expediente se inició meses atrás al conocerse la proliferación de las apuestas on line que engañaba y captaba a una gran cantidad de incautos, entre ellos adolescentes y jóvenes. Se llevaron a cabo más de 20 allanamientos en distintos puntos de Mar del Plata, tanto en domicilios particulares como en oficinas y un comercio de venta de telefonía celular. Y como lo adelantara LA CAPITAL, la cantidad de dinero que movían los integrantes de la organización detenida por la Justicia Federal de Mar del Plata es asombrosa. Entre el año 2021 y horas antes a ser desbaratada se contabilizaron depósitos en el mundo de las criptomonedas por 8.800 millones de pesos, de los cuales casi la totalidad fue extraída por algunos de los imputados. A todo esto, crecen los testimonios de familias destrozadas por esta problemática, al tiempo que en numerosas escuelas de la ciudad se intensificó la comunicación con los padres -a través de reuniones, envíos de circulares y charlas- sobre este nuevo fenómeno. Y en paralelo, desde la política también se comienza a actuar. Si bien -aún no desde el Ejecutivo- aparecen algunas iniciativas en el Congreso que buscan poner límites a la publicidad del juego on line, aunque por ahora no han avanzado.

Sin embargo, hay otro carril por el que esta actividad, como se señalara en un artículo de Clarín, gana terreno con prisa y sin pausa: las billeteras virtuales a través de las cuales se realizan las apuestas. Poniendo el foco en esa “caja”, legisladores de la Coalición Cívica acaban de enviar una carta al Banco Central y a 33 billeteras virtuales para que ponen el foco en los denominados “cajeros” (en Mar del Plata muchos se convirtieron en millonarios en meses, mientras hay jóvenes que por desarrollar ese rol obtienen mas de cinco mil dólares de ganancias por mes), para prevenir el daño que estas apuestas causan en niños y adolescentes. “El objetivo es solicitar medidas preventivas para los micropagos por parte de menores de edad y de jóvenes a empresas del juego de apuestas clandestino”, refirió acertadamente Hernán Reyes, uno de los legisladores que firmaron la nota elevada al Banco Central.

Se detalló que para facilitar la transgresión de las restricciones de edad de las políticas públicas de prevención de la ludopatía y para habilitar el funcionamiento de las plataformas de juego, hay personas que se ofrecen como intermediarios que facilitan los pagos de los jóvenes a las empresas de juego online. “Estos intermediarios, los “cajeros” -explicó Reyes- reciben dinero desde las billeteras virtuales de los jóvenes y realizan el pago en las plataformas de juego de apuestas on line, ya sean legales o clandestina. Son las billeteras virtuales -enfatizó- las que cuentan con la información y medios para obstaculizar esa práctica”. La iniciativa de la Coalición Cívica propone la identificación fehaciente de las cuentas a nombre de menores de edad y la imposición de restricciones a las microtransacciones consecutivas a una misma cuenta. Ese patrón, afirman, será el elemento para encender las alarmas e investigar que está sucediendo detrás”. En cuanto a Mar del Plata, la investigación de la justicia federal puso en alerta a muchos “cajeros” y especialmente a quieneshan montado un jugoso negocio en torno a esta actividad que tanto daño viene ocasionando.

Los legisladores, en su carta al BCRA, refirieron que las micotransacciones consecutivas “son un comportamiento financiero particularmente extraño y que difícilmente podría darse en una modalidad de negocio diferente a la del juego on line”. En consecuencia, sugirieron reducir el número de transferencias hacia cajeros, como un límite preventivo. La idea, se especificó en el artículo de Clarín, es que se incorporen “procedimientos tendientes a la identificación de estos agentes que están realizando una actividad no regulada, y potencialmente, facilitando actividades ilícitas”. Además, para mejorar el control de las familias de los gastos en juegos de apuestas, se plantea una alerta a microtransacciones continuas y a una misma cuenta, para identificar pagos involuntarios a intermediarios del juego clandestino o juego en línea de menores de edad. Se indicó que lo anterior se puede lograr con sistemas de verificación en dos pasos para ciertos comportamientos, o una serie de alertas que provoquen el control parental.

En la carta enviada a las billeteras virtuales y al BCRA, a la que tuvo acceso este medio, se recuerda que “hemos realizado múltiples presentaciones ante las autoridades de aplicación del juego online. Hemos presentado proyectos de ley a los efectos de limitar el acceso al juego on line por parte de los menores de edad y de la detección temprana de comportamiento compulsivos en jóvenes”. Los legisladores, en ese texto, agregaron que las acciones políticas tienen un impacto, las regulatorias pueden lograr reducir las ventanas de oportunidad y la persecución del juego clandestino es un camino que corresponde al Estado. Tras considerar que “sin embargo no alcanza para frenar este flagelo”, indicaron que “hay dos actores relevantes en esta cadena para detener la cultura del juego compulsivo: la campaña cultural entre los influencers y las acciones proactivas de las plataformas de pago para dificultar más el acceso e impedir el ingreso al juego clandestino”.

“Los chicos, en la escuela privada de CABA o en la popular del sur del conurbano juegan por Mercado Pago. Ganan 15.000 pesos pero pierden todo en la jugada siguiente. Andan cargando un casino virtual. Una angustia virtual que creen que, por ahí, les salvará la vida. Que les permitirá mejorar el celular o llegar a las altas llantas Puma que vieron en los ojos de Neymar. Si tienen más de 13 –en las páginas truchas ya pueden jugar- lo hacen por Cuenta DNI. Y como juegan en la escuela –porque la escuela decidió que pueden ir con el celular porque es un dispositivo necesario como herramienta educativa- apuestan en clase, en el recreo y donde pinte. Algunos ganan y no saben cómo hacer para explicarlo. Otros pierden, íntegro, el importe de la beca Progresar. Y tampoco saben cómo explicarlo”, se señala en un artículo que con la firma de Silvana Melo publicó la agencia de noticias “Pelota de trapo”.

En dicha publicación – muchos medios prefieren ignorar o no dar espacio a esta problemática merced a la voluminosa pauta publicitaria que reciben de las empresas de apuestas on line- se indica que “para obtener dinero, algunos chicos consiguen los datos de las tarjetas de sus padres. Las publicidades de las casas de apuestas aparecen en la tele, en las camisetas de los equipos más grandes del país, son sponsors de espectáculos. El negocio está legitimado. Es una caña de pescar con una carnada espectacular para los chicos y las chicas nacidos y criados en el país del desencanto. Donde todo fue fallando, generación tras generación”. Y más adelante se añade que “los grupos de ludopatías se llenan de padres azorados que cuentan historias de sus hijos. Que les hicieron desaparecer ahorros y les explotaron las tarjetas. Y luego intentaron morir cuando no supieron qué hacer con ese desastre que la época construyó con la desolación sembrada. A veces no es precisamente cuando pierden, sino cuando ganan. Y comienzan a exhibir cadenas de consumo absolutamente injustificables. La seudo marginalidad de las billeteras electrónicas lideradas por Mercado Pago es una de las rutas que allana un camino que parece no tener final”, se detalló para concluir señalando que “el capitalismo arrasa los cerebros de los chicos y las chicas y los territorios que ocupan. Les planta bandera en el futuro y decide qué libertad les ofrece. La libertad de criterio, de crítica, de construcción, de elección de un sueño por el que luchar. O la libertad de mercado”.

Otro conflicto, con repercusión en Mar del Plata y la zona, aparece con la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, quien frenó los pagos de los reintegros por Zona Fría con lo cual peligran más de 40 subdistribuidoras de gas en todo el país. El régimen de Zona Fría cubre hasta un 50% de la factura de gas de los hogares ubicados en lugares de baja temperatura. Funciona a través de aportes de todos los usuarios de gas natural del país que van a un fideicomiso, que desde marzo comenzó a administra el ministro de Economía, Luis Caputo. El gobierno frenó el reintegro del régimen a todo el segmento de distribución. El último mes que las empresas recibieron esos fondos fue en febrero y correspondió a las facturas de diciembre.

En un artículo publicado por Econojournal.com se consigna que el ministro de Economía, Luis Caputo, frenó desde enero el pago a las distribuidoras de los reintegros que requiere la ejecución del régimen previsto por la Ley 25.565 de Zona Frías, un programa creado en los ´90 y ampliado en 2021, según el cual la mitad los usuarios de gas natural del país abonan una tarifa más baja por el servicio (porque se interpreta que deben ser bonificados por vivir en regiones de bajas temperaturas). Como a raíz de la normativa las distribuidoras comercializan el gas más barato a los hogares, el sistema prevé que luego el Estado reintegra a las empresas una parte del precio del gas. Ese reintegro se cancela con fondos que recauda un fideicomiso administrado por el Palacio de Hacienda, cuyas transferencias están inactivas desde enero. El freno de los pagos —que provocaron un pasivo que ya supera los $ 10.000 millones— puso en jaque a más de 40 subdistribuidoras que abastecen a distintas localidades en todo el país, como Mar del Plata.

Explicó Roberto Bellato en dicho artículo que el esquema de reintegro a través del fideicomiso está diseñado para que el Estado no tenga que afrontar con fondos propios la subvención a las tarifas de gas para los hogares ubicados en áreas de bajas temperaturas. En parte, el régimen se solventa por medio de un cargo incluido en las tarifas —equivalente a un 5% del precio del gas— que abonan todos los usuarios de gas natural del país. Lo recaudado va directo al fideicomiso. Ahora, con la excusa de realizar primero auditorías, Caputo dejó de afrontar los compromisos de todos los fideicomisos que administra el gobierno nacional. En rigor, el gobierno frenó la devolución de la Zona Fría a todo el segmento de distribución, que incluye a las distribuidoras (Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Cuyana, Ecogas, Gasnor, Litoral Gas) y a más de 40 subdistribuidoras del país. Las empresas subdistribuidoras no recibieron los pagos de enero, febrero y marzo. Hasta el momento, la deuda sólo a estas empresas asciende a más de $ 1.000 millones sin contar el mes de abril. Desde el Instituto de Subdistribuidores de Gas Argentino (ISGA) afirman que si no se destraban los pagos por la Zona Fría en 60 días tienen que dejar de ofrecer el servicio. De las 64 subdistribuidoras de gas que hay en el país, más de 40 están afectadas por la interrupción de los reintegros de la Zona Fría.

En dialogo con EconoJournal, José Luis Kelly, presidente del ISGA, señaló que “lo que está sucediendo desde febrero es que frenaron todos los pagos, con lo cual, en lo que va del año las subdistribuidoras estamos bancando la Zona Fría porque el Ministerio de Economía no nos devuelve la plata”. “Si no se resuelve este tema quedamos desfinanciados totalmente porque el costo del gas representa para las subdistribuidoras el 85% de nuestra facturación. En 60 días tenemos que cerrar todo. Después de operar durante casi 40 años tendríamos que entregar el servicio a las distribuidoras porque quedaríamos totalmente desfinanciados”, agregó Kelly. El problema se puede agravar en el invierno porque aumenta fuertemente el consumo de gas residencial.

Cabe recordar que el régimen de Zona Fría comenzó en los ´90 y originalmente fue una medida para la Patagonia, pero en 2021 el cristinismo lo amplió a la mitad de los usuarios de gas del país a través de la aprobación de la Ley 27.637, sin discriminar la condición socioeconómica de los hogares. El subsidio ahora alcanza también al centro del país como las provincias de Córdoba, Mendoza, buena parte de Buenos Aires y llega hasta casi Rosario (con la ampliación de 2021 el esquema de Zona Fría pasó de 800.000 a más de 4 millones de usuarios). En marzo, las subdistribuidoras le presentaron una carta al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para solicitar que se destrabe el reintegro del fideicomiso de la Zona Fría. Funcionarios de la cartera energética están al tanto del problema, pero reconocen que está congelado en el Palacio de Hacienda. El último pago que recibieron las empresas que abastecen de gas a las localidades pequeñas fue a fines de febrero y correspondió al mes de diciembre ya que el mecanismo de devolución habitualmente demora de 60 días. El decreto 215 del 4 de marzo, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, traspasó todos los fideicomisos (no sólo los vinculados al área energética) directamente a la órbita de Caputo, que directamente frenó los reintegros.