Por Jorge Raventos

Por motivos que alguien quizás pueda desentrañar, el gobierno tomó en sus manos la bandera de la legalización del aborto y transformó la aprobación de esa norma por el Congreso en una batalla en la que probar fuerzas. Cualquiera sea el estudio demoscópico que se consulte, y más allá de las leves diferencias que se asigne en ellos a una u otra postura (aprobación o rechazo) hay consenso unánime en que el tema divide a los argentinos en dos bandos parejos. ¿Cuál es la lógica política que lleva al gobierno a considerar un triunfo la  sanción de esta ley que ya pasó la Cámara de Diputados? 

En esas condiciones sería razonable considerar una derrota de la Casa Rosada  el todavía posible voto negativo de la Cámara Alta. En verdad, los senadores representan mayoritariamente al electorado de provincias, que, o no quiere consagrar legalmente el aborto o estima que por lo menos que la discusión del tema en estos momentos es inoportuna. Reflejo de esas valoraciones,  el propio presidente del bloque de senadores  oficialista, el formoseño José Mayans, es un comprometido militante del sector opuesto a la legalización.

En cualquier caso, en vísperas de que la Casa Rosada afrontara su primera batalla sobre el tema en el Congreso, la señora de Kirchner distrajo el foco de la atención política con el lanzamiento de un nuevo manifiesto vía redes sociales. Fue el miércoles 9, un día antes  del primer aniversario del gobierno del que ella forma parte destacada. El primero -a fines de octubre- había estado  destinado a delimitar responsabilidad, subrayando que quien gobierna es el Presidente de la Nación, no ella (“ El sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas”).

Con el texto difundido el miércoles, la señora  viene oblicuamente a confirmar,  con amargura el mismo dato: ha pasado un año desde la asunción de Alberto Fernández y “la Corte Suprema de Justicia de la Nación (…) desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare (…) aún continúa (…) tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte,(…) empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno. O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”.

Perro que ladra

 La señora de Kirchner parece asombrarse de que el Presidente no repare en ese riesgo, que a ella le parece obvio, y denuncia con aspereza a cuatro de los cinco miembros del alto tribunal, buscando probablemente que Fernández (“el que saca, pone o mantiene funcionarios”) ejerza su autoridad y la despliegue para modificar radicalmente la situación ya que “ si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas”.

El tono apremiante y los términos rudos de la vicepresidenta despistan a algunos observadores, predispuestos a atribuirle poderes ilimitados y, en primera instancia, malignos: ven en ese discurso el prólogo de un proceso que definen como “chavización”.  Parece más ajustada una  observación del habitualmente sagaz Carlos Pagni: “es un acto de impotencia: en vez de escribir cartas, la jefa del peronismo debería conseguir los dos tercios del Senado necesarios para iniciar el juicio político sobre los magistrados incorrectos”. Efectivamente, el claro predominio que el oficialismo conserva en el Senado no llega, sin embargo,  a ese número mágico. Y en la Cámara de Diputados las mayorías que se requieren para leyes importantes no solo necesitan trabajosas negociaciones con bloques independientes, sino también tomar en cuenta los criterios y posicionamientos de la oposición de Juntos por el Cambio, que puede ejercer influencia sobre la opinión pública y sobre los aliados necesarios.

El voto de la Cámara de Diputados que sancionó (con números ajustados) el proyecto de reducción de aportes coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires requirió negociaciones con el peronismo cordobesista de Juan Schiaretti, con el lavagnismo y hasta con diputados de provincias gobernadas por Juntos por el Cambio.

El oficialismo no tiene  hegemonía plena en las Cámaras y, acuciado por las presiones de su sector más confrontativo, está fisurando la plataforma de consensos que, en los momentos más amenazantes de la pandemia, habían empezado a construir Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, con aportes de Sergio Massa en el Congreso.

Hoy esos consensos están en capilla y además se tensan las posturas  en el seno de las dos coaliciones: Rodríguez Larreta es chuceado por sus duros, que le reclaman más “actitud” … y Fernández lee de ojito e interpreta con candor los mensajes públicos de su vice, con quien no se habla. Ël es el destinatario tácito de esos textos, que piden acción.

Observado con perspectiva, el espectáculo revela la centrifugación progresiva del sistema político, que no encuentra el eje clásico que ofrece la autoridad de la figura presidencial.

El poder de la Corte

Resulta irónico que una institución normalmente cuestionada como la Justicia se esté fortaleciendo. Lo explica ese marco de disgregación política. El fenómeno ha sido estudiado. “ Cuando las ramas políticas no pueden actuar, la gente que busca resolver sus conflictos tenderá a gravitar hacia instituciones que les ofrezcan soluciones, y los tribunales (y los procesos legales asociados) a menudo ofrecen tales sitios” – ha señalado, por ejemplo, John Ferejohn, en su trabajo Judicialización de la política, polítización de la ley. Y agrega: “Los tribunales pueden ejercer autoridad independiente para dar forma a políticas sólo cuando las instituciones políticas están demasiado fragmentadas para detenerlas”.

Allí donde el poder político está mal asentado y dividido, si esa fragmentación no se supera por consenso o por predominio claro de una parte, los conflictos necesariamente requerirán un arbitraje. Y la Justicia es, en principio, el ámbito de ese arbitraje.

En estos momentos, por caso, además de otras cuestiones de enorme trascendencia, la Corte está siendo convocada a decidir en los conflictos donde confrontan el estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  La ciudad le pide a la Corte que impida el recorte de coparticipación decidido primero por la Casa Rosada y ahora por el Congreso, que lo hizo ley. La Nación (el Banco Central, en rigor), le pide  por su parte, que declare inconstitucional la imposición del gravamen a los ingresos brutos por operaciones bancarias con el que la ciudad busca compensar la pérdida de recursos que le infiere aquella reducción. Ambas partes ofrecen a la Corte el papel de árbitro.

No es improbable que también la cuestión del aborto se judicialice, en caso de que el Senado la convierta en ley. Hay base jurídica para esa apelación y la división de fondo le da sostén político.

 “Los políticos – describe Ferejohn-  pueden, por ejemplo, reconocer que tiene ventajas poder apelar a una parte externa más o menos independiente para hacer valer las reglas para una competencia limpia. Tal vez esto se deba a que les resulta demasiado costoso a los políticos tratar de controlar a los líderes políticos corruptos pero poderosos. La delegación de poderes de reglamentación a dependencias y tribunales podría resolver un problema de acción colectiva”.

Ese deslizamiento provocado por la dispersión del poder político puede llegar a regalarle amplias cuotas de protagonismo a la Justicia (y a sus jerarquías).

 Justicia y política

El mensaje de la señora de Kirchner fue inmediatamente traducido y desarrollado por algunos de sus mosqueteros. El senador Leopoldo Moreau, por ejemplo, extendió el tono perentorio de la vice: “Todo esto -dijo, refiriéndose a la composición del tribunal superior-  hay que modificarlo rápidamente. Hay que apelar al mecanismo de ampliación de la Corte y, en paralelo, también apelar al juicio político”.  Moreau reclama voluntarismo al gobierno pero sabe hacer cuentas: aunque el oficialismo podría, con mayoría simple en ambas cámaras del Congreso, perseguir una ampliación de la Corte, hoy no podría imponer los nombres de los integrantes.  Por eso destaca la necesidad de  “un acuerdo político para sanear al Poder Judicial”. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Los mismos que quiebran consensos?

La agenda judicial del gobierno es confusa: perentoria para el kirchnerismo, Fernández ha operado hasta ahora con paciencia de hombre de leyes, esperando que” el Poder Judicial use su vocación corporativa para mejorar”. Las tensiones son inocultables.

Casi un siglo atrás, Franklin Delano Roosevelt vivió tensiones parecidas con la Corte de los Estados Unidos, donde prevalecían cuatro veteranos (experimentados y añosos) magistrados republicanos conservadores, conocidos como “Los cuatro Jinetes” a quienes se sumaba un demócrata conservador para conformar una mayoría que declaró inconstitucionales varias importantes reformas que Roosevelt impulsó en su New Deal durante su primer gobierno.

Tras ser reelecto por una mayoría incontestable, Roosevelt se decidió a actuar para cambiar los números del alto tribunal y planeó secretamente un proyecto con su ministro de Justicia, Homer Cummings. Decidió enviar a las cámaras (donde ahora los demócratas tenían un predominio indiscutido) un proyecto para que se le permitiera ampliar la Corte, proponiendo  un juez por cada miembro que, habiendo llegado a la edad de jubilarse, rechazara hacerlo.

Roosevelt difundió popularmente ese proyecto, destinado a facilitarle el gobierno, a través de las redes de entonces: la radio. Específicamente, una de sus “charlas junto al fuego”, donde hablaba con sus compatriotas coloquialmente. “Quiero que salvemos a la Constitución de esta Corte, y que salvemos a la Corte de sí misma”, les explicó. Elegante, pero muy fuerte para la época.

Las críticas que recibió pueden resultar conocidas, pues imitan anticipadamente cosas que hoy se dicen como recién concebidas: “El proyecto es una invasión del Poder Judicial como jamás se ha visto en este país. Es esencial para la continuidad de nuestra democracia constitucional que los tribunales sean completamente independientes de las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno”.

Pese a la mayoría demócrata en el Congreso,  tras más de cinco meses de debates y franela parlamentaria, la ley no salió.

En definitiva, resultó innecesaria, porque  las reformas dejaron de ser vetadas en la Justicia. El sufragio ciudadano había dado seguridad y firmeza al sistema político. La Corte, con la misma composición,  cambió sus criterios de voto. Probablemente FDR tenía convincentes  operadores judiciales.

                                          Jorge Raventos