La banda narco liderada por falsos quinteros bolivianos afincados en Batán y a la que se le secuestró grandes cantidades de cocaína y marihuana entre 2018 y 2019 podría recibir penas de hasta 20 años de prisión si prospera el pedido de la fiscalía federal realizado en la mañana de este viernes.

El Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Roberto Atilio Falcone, Luis Alberto Imas y Nicolás Toselli, escuchó el extenso alegato que definió a Claudia Camacho Solís y a su esposo Nelson Alcocer Peredo como los cabecillas de la organización que tenía su centro de operaciones en una quinta de la calle 143 de la vecina localidad. También a un hombre residente en Salta, Luis Sánchez, como el lazo con los productores de estupefacientes y que era quien los proveía para su distribución en esta zona de la provincia de Buenos Aires.

“Camacho Soliz y su marido, Nelson Alcocer Peredo, constituyen el eslabón más alto de esta organización delictiva junto a Luis Sánchez, quienes formaron una alianza comercial ilícita con el objeto de organizar y financiar actividades vinculadas al tráfico de drogas, como lo fue el transporte de los casi 68 kilos de cocaína a bordo de la Toyota Hilux”, relató el fiscal Juan Manuel Pettigiani.

Hacía de esa manera referencia Pettigiani al operativo del 1° de octubre de 2019 cuando Camacho Soliz fue sorprendida trayendo desde Buenos Aires un cargamento con esa cantidad de cocaína.

Pero además durante el alegato se remarcó que estaba probado que un cargamento secuestrado un año antes en Tres Arroyos en poder de Marcelo Staniscia (65 kilogramos de marihuana y más de 2 de cocaína) también había sido comercializado por la pareja boliviana desde Batán. Incluso en su quinta se había realizado la entrega.

El fiscal Pettigiani, junto a su auxiliar Carlos Fioritti, solicitaron que al matrimonio Camacho-Alcocer se le aplique la pena de 20 años de prisión por organizar la actividad de venta de drogas, por transportar y tener estupefacientes con fines de comercialización.  Además se pidió que la condena de Nelson Alcocer sea de cumplimiento efectivo en un establecimiento carcelario por una razón obvia: cumplía arresto domiciliario por otra pena y pese a eso siguió vendiendo drogas. Todo esto con el agravante de que Alcocer Peredo se excusaba en sus hijos discapacitados para no ir preso e incluso quebrantaba el arresto domiciliario en falsos viajes al Hospital Garraham.

También la fiscalía pidió una dura pena para el máximo proveedor, el salteño Luis Sánchez, a quien se solicitó que se lo condene a 15 años de prisión. Para Staniscia, un conocido delincuente de Tres Arroyos, se pidieron 9 de años de prisión, una cantidad similar que a Sergio Gambarte. Este último fue la persona que aquel 1 de octubre de 2019 le entregó la droga a Camacho Soliz en Buenos Aires y recibió a cambio 61 mil dólares, como saldo de una operación total por 308 mil dólares.

Para otro integrante de este entramado narco también el fiscal pidió 9 años de prisión. Se trata del ciudadano paraguayo Erme Cubilla Encina, a quien el mismo 1° de octubre de 2019, durante el allanamiento a su casa de la localidad de Quilmes (fueron 26 allanamientos), se le secuestró más de 45 kilogramos de cocaína.

Vale decir que tanto Sánchez, como Gambarte y Cubilla Encina -al igual que Brenda Pardiñas, para quien se pidió 3 años de prisión- no formaban parte del entorno directo de los Camacho -Alcocer, pero sí participaron en provisión o compra de mercadería con ellos.

El resto de la “familia”

Para la fiscalía está probado que los Camacho-Alcocer eran un clan organizado para la venta de drogas y que además del matrimonio había otros parientes participando de las actividades. Tan así que, por ejemplo, el tercer cabecilla de esta banda está profugo y es Edgar Camacho Aguila, padre de Claudia Camacho Soliz.

Pero además el fiscal Pettigiani consideró que la sobrina de Claudia Camacho Solís, una mujer llamada Andrea Pacheco Soliz, debe ser condenada a 5 años de prisión, mientras que su marido, Diego Ríos Saavedra, a 6. Ambos iban en la camioneta Hilux cuando se secuestró el cargamento de cocaína, pero además, en el caso de Ríos Saavedra, se cree que también oficiaba de persona de máxima confianza para ser chofer, cobrador e incluso coordinador de muchas acciones.

Se pidió también que se le aplique una pena de 4 años de prisión a Lizzet Llanque Barral, que era quien viajaba con sus hijos menores en la camioneta Hilux. Esta circunstancia para la fiscalía fue planificada, ya que apenas fue “cortada” la camioneta al detectarse que había menores las autoridades debieron comunicarse con la familia para su entrega y esto posibilitó que se enteran en Batán de los inminentes allanamientos y le diera tiempo a Alcocer Peredo para “limpiar” la quinta.

Otros cinco imputados deben, según la fiscalía, ser condenados a 2 años de prisión por el delito de confabulación: Lauro Rea Condarco, Weimar Tarifa Soruco, Sergio Torres, Dante Torres y Cristina Michiels.

Finalmente el fiscal Pettigiani pidió el decomiso de 18 vehículos, entre ellos automóviles, camionetas y motos.

Las defensas alegarán en las próximas semanas, según el orden establecido por el Tribunal.