BALCARCE (Corresponsal).- Desde Aguas de Balcarce salieron al cruce de las declaraciones del intendente, Esteban Reino, quien mencionó ante un medio local la intención del Gobierno de estatizar el servicio de agua y cloacas a partir de febrero que es cuando vence el contrato con la prestataria. Desde la empresa privada dieron a conocer la voluntad de continuar prestando el servicio y plantearon que si es necesario recurrirán a la Justicia en busca de algún recurso de amparo.

El jefe comunal reconoció que desde el Gobierno vienen trabajando en los últimos meses con la idea de que el municipio se haga cargo de la prestación del servicio cuando dentro de dos meses venza el contrato de concesión con Aguas de Balcarce. De esa manera, podrá llevar a cabo un viejo anhelo que ya tenía cuando era concejal, ya que en el 2014 desde una banca de la oposición planteó el tema. La idea de Reino es que se pueda disminuir el costo del servicio y avanzar en la ampliación de las redes con una mejora de las prestaciones del obrador municipal. Vale destacar que previamente ya había dispuesto la puesta en marcha de una planta hormigonera y con ello dejó de pagar por ciertos servicios privados para bacheo y la elaboración de cordón cuneta.

Asombro

A partir de las declaraciones del fin de semana, la empresa emitió un comunicado que lleva la firma del asesor legal de la firma, Juan Martín Colombo, quien manifestó su “asombro” por la decisión que podría tomar el Ejecutivo Municipal.

El letrado ratificó la voluntad de continuar prestando los servicios a partir de un completo programa de obras de mejoramiento, expansión y saneamiento que incluye la expansión de la planta depuradora de efluentes.

Contó que recién en una reunión realizada el miércoles pasado en la oficina del jefe comunal se informó a los directivos de la empresa sobre la decisión de reestatizar la prestación del servicio.

“Fue una reunión rara, poco clara y muy improvisada”, expresó el profesional tras el encuentro. “Nos indicaron que tenían la decisión de re-estatizar la prestación del servicio sanitario, pero no sabían cómo y cuándo podrían hacerlo, que pasará al término de la concesión, qué pasará con los empleados. Tampoco tienen claro si la Municipalidad tomará el servicio, o si prorrogará –en la emergencia y ante la necesidad de mantener las prestaciones– el contrato que tiene con la empresa, o si adjudicará la prestación en forma directa a una empresa con participación estatal”, agregó.

Con relación a esta última posibilidad, el asesor legal en temas regulatorios se mostró escéptico y crítico: “La creación de sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria está prevista en la ‘Ley Orgánica de las Municipalidades’. Para ello se requiere, al menos, una doble intervención del Concejo Deliberante. En primer lugar, debe decidir volver atrás con el régimen de la concesión de servicios públicos y reestatizar la prestación del servicio. Luego, debe crear la SAPEM y adjudicarle la prestación del servicio en forma directa. Para ello, previamente, debe crear y organizar la SAPEM, aprobar los estatutos y determinar los tipos de acciones, valuar los activos municipales que se le transferirán y aprobar su transferencia, y, sobre todo, establecer procedimientos abiertos, públicos y transparentes para seleccionar a los accionistas privados que conformarán la sociedad, que deben reunir antecedentes de idoneidad y experiencia en la prestación de servicios similares. A su vez, deben dar intervención a la ciudadanía y convocar a instancias de participación, como audiencias públicas. Nada de ello parecía estar, siquiera, previsto.”

Y concluyó diciendo que “pareciera que se acude al pensamiento mágico, a la improvisación y al voluntarismo, sin pensar en la eficiencia y calidad de los servicios que hoy están aseguradas”.