La docente y dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Alejandra Ayek, aseguró que hubo “aprietes” a las empleadas administrativas por parte del personal policial que se hizo presente este martes en el Tribunal de Calificación Docente luego que el secretario de Educación, Luis Distéfano, ordenara el traslado de todos los legajos docentes a un depósito municipal.

“El último policía en venir pidió que nos retiráramos (a los representantes gremiales), a lo que le dijimos que no íbamos a intervenir pero tampoco nos íbamos a ir. Después dijo que iba a hacer un acta, pidió los documentos de todas las compañeras que trabajan en el Tribunal, los retuvo y a cambio de entregarlos les dijo que tenían que entregar las cajas. O sea, vulgarmente, las apretó”, señaló a LA CAPITAL, Ayek, quien acudió al lugar luego que las empleadas notificarán al gremio la situación.

La dirigente explicó que las empleadas de la dependencia “nunca recibieron ningún oficio” en el que se le notificara del pedido del funcionario, y que, en cambio, sólo accedieron al memorándum en el que se ordenaba la entrega de las documentaciones cuando se acercó en la mañana de este martes “una persona que no tiene cargo dentro de la Municipalidad y dijo venir en nombre del secretario de Educación” e presentó el escrito.

“Son cajas con más de siete mil legajos. Esa es documentación privada -fotocopias de DNI, títulos, cursos- y el Tribunal, por ordenanza y por decreto, es considerado el custodio de esa documentación”, explicó la sindicalista.

Y agregó: “El memorándum dice que lo van a llevar a un depósito, un lugar lleno de ratas. Además es una documentación que pasado un tiempo prudencial hay que destruirla, no se puede tirar en un rincón de cualquier lado porque contiene información privada”.

Sobre la participación de personal policial en el procedimiento (que aparentemente llegaron por pedido del representante de Distéfano, quien habría dicho que no lo dejaban ingresar a la dependencia), Ayek diferenció al primer agente que acudió al lugar,  un hombre con cargo de subcomisario, quien no sólo mantuvo un trato cordial con los presentes, sino que explicó que, según lo que le había comunicado una fiscal, “si no había delito no podían intervenir”.

“Pero después vino otro policía, el último en venir pero ya no con buen trato. Él pidió que nos retiráramos (a los representantes gremiales), a lo que le dijimos que no íbamos a intervenir pero tampoco nos íbamos a ir. Después dijo que iba a hacer un acta, pidió los documentos de todas las compañeras que trabajan en el Tribunal, los retuvo y a cambio de entregarlos les dijo que tenían que entregar las cajas. O sea, vulgarmente, las apretó”, señaló.

“Fueron momentos muy tensos, injustificados. El policía se sentó a hacer una acta, junto a otros cuatro policías, como si acá hubiera delincuentes. También obligaron a dos empleadas de limpieza a que salgan de testigos, a lo que les dijimos que no las comprometan, que juegan con el trabajo de ellas. Acá no hubo oficios, acá hubo una intromisión de la policía”, sentenció.