La comisión de Seguridad del Concejo Deliberante aprobó ayer por unanimidad –aunque con la abstención del oficialismo– un proyecto de ordenanza que busca prevenir el delito en las zonas de la ciudad en que se ejerce la prostitución.

El proyecto fue consensuado entre el presidente de la comisión, Nicolás Lauría (Crear Juntos), y el bloque del Frente de Todos, tras la audiencia pública de mediados de octubre en que participaron diversos sectores. Implica, además, un cambio sustancial respecto del primer planteo del propio Lauría, que cuando formaba parte del oficialismo propuso trasladar la Zona Roja a la diagonal Canosa.

“Hemos tenido una audiencia pública hace muy poco con todos los actores y una participación ciudadana muy positiva. Trabajamos con la concejala (Sol) De la Torre y el bloque del Frente de Todos”, presentó el edil, y puntualizó que entre otros aspectos se le añadió a la propuesta “la mirada de género”.

“Lo que hicimos fue armar prácticamente un proyecto nuevo, que garantiza algunas situaciones importantes tanto para las chicas trans como también para los vecinos. Sin duda me parece que es un buen proyecto integral, por eso le pusimos Programa de Zonas Seguras de Protección Integral”, agregó.

El programa, que aún debe ser tratado por las comisiones de Género y Legislación, tiene como fin “promover medidas focalizadas para la prevención de violencias y los delitos en la zona del Partido de General Pueyrredon donde se ejerce la prostitución”.

Plantea tres objetivos: reducir o disminuir los niveles de violencia que hay en la vía publica, incluyendo la prevención y erradicación de violencia institucional; prevenir los delitos que se dan o tienen lugar por distintos motivos en esas zonas y garantizar una convivencia democrática y respetuosa entre los distintos proyectos de vida, siempre y cuando no representen un delito o contravención.

De acuerdo a la propuesta, la Secretaría de Seguridad –que será la autoridad de aplicación– “acordará con quienes ejercen la prostitución en la vía pública las condiciones que hagan al desarrollo de la actividad de forma segura para quienes habiten dichos espacios, el cual será sin frentistas, debiendo asimismo observar de manera rigurosa que quienes demanden dicha oferta sexual no incurran en acciones violentas ni realicen desmanes ni nada que el municipio considere fuera de lugar”.

La Secretaría deberá tener en cuenta diversas medidas generales para la implementación del programa, como generar una adecuada y funcional iluminación; instalar baños de acceso público, refugios y depósitos de desechos; garantizar cámaras de seguridad en la zona, y promover el Programa Alerta Mar del Plata –que consiste en la colocación de alarmas en viviendas de vecinos ubicadas en zonas de alta criminalidad–.

También deberá reforzar la presencia del cuerpo de Patrulla Municipal y coordinar intervenciones integrales para abordar consumos problemáticos y déficits habitacionales.

Verónica Lagos (Frente de Todos) admitió que se trata de un tema “muy difícil de abordar” y que el proyecto apunta a “dar más oportunidades a aquellas personas que ejercen la prostitución y que no tienen o no perciben otras alternativas”, así como a “disminuir las posibilidades de que sean arrojadas a esa situación quienes no quieran ser arrojadas”.

Lagos mencionó “la situación de los vecinos” ante “el delito que se genera a partir de la actividad”, ejemplificó con “el consumo de sustancias” y “el narcomenudeo” y subrayó las “problemáticas sociales de las personas que ejercen la prostitución”, que suelen ser migrantes, trans y estar “sometidas a situaciones de explotación”.

“La ausencia del Estado ha permitido esas marañas y es el Estado el que debe comenzar de a poco a destejer ese entramado”, consideró.