La Cámara de la Industria Cervecera Argentina (CICA) manifestó hoy su “sorpresa” por la decisión de volver a crear un gravamen de 17% al consumo de cerveza, como se decidió hoy en un plenario de comisión de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión de la reforma tributaria.

La entidad empresaria acusó de “discriminatoria” a esa decisión respecto a otras bebidas y salieron a advertir que puede poner en riesgo “importantes inversiones”. “Esta decisión nos sorprendió”, dijo Alejandro Berlingeri, director ejecutivo de CICA.

“Los cambios en el proyecto, que inicialmente gravaba por igual al vino y la cerveza, después excluyó al vino, más tarde desde el Gobierno se entendió que eran bebidas sustitutas y hoy volvieron con la cerveza”, enumeró el directivo de la entidad también conocida como Cerveceros Argentinos.

Según la cámara, la aprobación del proyecto constituiría una “discriminación respecto a otras bebidas con alcohol”, ya que “el vino y la cerveza son bienes de consumo sustitutos y que aumentar el impuesto a la cerveza al 17% pero que el vino no tribute, generaría un fuerte incentivo a favor del vino y en contra de la cerveza”.

Por otra parte, Berlingeri recordó que el dictamen aprobado “tampoco tiene en cuenta las recomendaciones de la OMC” con relación a los impuestos según la graduación alcohólica de las bebidas.

“La OMS recomienda gravar a las bebidas alcohólicas según su graduación alcohólica, algo que el proyecto de Reforma Tributaria no cumple, siendo que la cerveza tiene 3 veces menos de graduación alcohólica que el vino y el champagne, que no pagan”, aseguran desde Cerveceros Argentinos.

El directivo también se mostró sorprendido porque “un legislador bonaerense como Diego Bossio haya defendido el aumento; pareciera desconocer que 80% de los 5 millones de cebada se produce en la provincia de Buenos Aires, donde están ubicadas cinco grandes malterías, cuatro de las nueve grandes cerveceras y más de 500 microcervecerías”.

Asimismo, Berlingeri planteó que esta decisión da “imprevisibilidad en el sector, tanto para pequeñas y grandes empresas”, además de “poner en riesgo un ambicioso plan de inversiones por US$ 1.800 millones, de los cuales ya se ejecutó 25%”.

Por último, el directivo -al medir el posible impacto de la medida- estimó que provocaría un aumento de 9 por ciento en los precios, una caída de 7 por ciento en el volumen producido, y pondría en riesgo 9.000 puestos de empleo, junto con la revisión de los planes de inversiones.