Avanza en la Justicia el amparo presentado por el Consejo de la Niñez y la Defensoría del Pueblo por la suspensión y recorte de programas educativos y culturales realizados por el gobierno municipal de Carlos Arroyo en su primer año de gestión.

La jueza que interviene, doctora Patricia Sara Gunsberg, del Juzgado en lo Civil Nº 9, dio al expediente condición de “amparo de conciliación” y lo “abrió a prueba”, de manera que ahora las secretarías municipales directamente involucradas, la de Educación y la de Cultura, deben presentar informes que le son requeridos mediante oficios.

La magistrada también está llamando a testimoniales y a audiencias de conciliación, que por ahora no han prosperado. Lejos de ello, el gobierno municipal parece haber asumido esta instancia en Tribunales como una “batalla judicial”. En principio, no fueron las titulares de Educación y Cultura las que representaron al Municipio sino el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, área desde la que, en fecha más reciente, se denunció por “falso testimonio” a una agente de la Comuna tras su declaración en la causa.

Tras la feria judicial, es probable que el juzgado acote lo más posible el período “de prueba” y dé una definición hacia mitad de marzo o abril. La resolución podría afectar el presupuesto municipal de Educación y Cultura, el mismo que precisamente en estas semanas es considerado en comisiones del Concejo Deliberante.

13.000 menores afectados

Como lo informara LA CAPITAL oportunamente, en la presentación original el Consejo local de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del partido de General Pueyrredón señaló que hubo más de 13 mil menores afectados por la suspensión de los programas educativos y culturales, especialmente por la drástica reducción del número de capacitadores.

El achicamiento cobró mayor gravedad por haber afectado especialmente a los barrios periféricos, circunstancia que desde fuera del gobierno es vista como una medida no totalmente motivada por la falta de recursos, sino como el resultado de una postura ideológica; postura que no alcanza a comprender que la equidad y justicia social abarca más que la distribución del ingreso: incluye también la posibilidad para todos de acceder a una educación y cultura de calidad.

El informe del Consejo de la Niñez contenía datos contundentes. Conviene recordar algunos de los más significativos. Por caso, en relación con el programa de “Almacenes Culturales”, que buscaba facilitar el acceso a instancias culturales de recreación, se indicaba que 2015 hubo 10.305 chicos alcanzados, para descender a 2.627 en 2016.

Sucedió de manera similar con el Programa Educativo Barrial (PEBA), que brinda conocimientos en oficios, idiomas y apoyo escolar, entre otros, en el mismo territorio, ésto es sedes de sociedades de fomento, delegaciones municipales, iglesias, clubes, etc. El PEBA llegaba a 107 barrios y en 2016 se dio en 89.

Sin acuerdo

“Se promovió una posibilidad de acuerdo pero no hubo una respuesta por parte del Ejecutivo”, señaló al ser consultada por LA CAPITAL una de las coordinadoras del Consejo de la Niñez, la doctora María de los Angeles Lorenzo, quien representa a la ong Causa Niñez.

Precisó la doctora Lorenzo (ex fiscal) que se trata de un “amparo conciliatorio” en el que las dos demandadas son las secretaría de Educación y de Cultura, como también el intendente, y que como actores (de la acción judicial) se presentan el citado Consejo de la Niñez y la Defensoría del Pueblo.

“La jueza –también señaló– ha tenido una actitud de apertura porque los amparos deben resolverse rápido para restablecer los derechos afectados, pero lo que ha hecho es abrir puertas para tratar de que se llegue a un acuerdo satisfactorio, aún cuando no dé satisfacción al ciento por ciento de los que se está planteando”.

María de los Angeles Lorenzo lamentó especialmente que más de 20 barrios quedaran sin los servicios del PEBA, como el gran número de sociedades de fomento que ya no reciben los programas culturales.

Destacó también el caso de las personas que van al basural buscando alimentos o cosas para después venderlas. Como informara este diario días pasados, mediante recursos obtenidos por la tasa Girsu (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) no sólo se apuntaba a la remediación de instalaciones desde el punto de vista ambiental, sino también a sacar a las familias con actividad en este lugar contaminado y darles posibilidades de trabajo y vida dignas. Fue así, como el ya citado programa Almacenes Culturales logró que una veintena de adolescentes fueron integrados a una labor creativa y estimulante en el Teatro Auditorium, llegando a formar parte del Programa “A Desaburrir el Invierno”