Todos los años hay una discusión que se repite indefectiblemente, he incluso en años de fuerte improvisación sobre el rol del estado como el que estamos transcurriendo, debemos soportarla en más de una oportunidad; y es la discusión sobre el aumento del trasporte público de pasajeros. Pareciera ser, que tristemente nos hemos acostumbrado a resumir la discusión del transporte público de pasajeros a cuanto es el porcentaje del aumento del boleto y cuando aumentara, porque todos sabemos que eso pasará y listo. Algo así como la fábula de los misioneros y los caníbales, donde la pregunta versa sobre con que salsa quieren ser cocinados.

A diferencia del comportamiento anteriormente descripto, lo cierto es que conforme surge de estudios recientes realizados por el Observatorio Político, Económico y Social perteneciente al Centro de Estudios Políticos Encuentro que tengo el orgullo de dirigir; el 63,5 % del conjunto de la población del Partido de General Pueyrredon utiliza de forma regular o esporádica el transporte público de pasajeros, donde las mujeres, los jóvenes y las personas desocupadas son quienes más hacen uso del sistema. En este punto, el mismo estudio indica que del universo de los trabajadores desocupados el 85% de los mismos usa para movilizarse el trasporte público de pasajeros. Esto nos indica que tomemos el segmento poblacional que tomemos, ninguno da un porcentaje tan alto de utilización del transporte de público de pasajeros, lo que nos permite comprender la dimensión del impacto que cada aumento del boleto implica para uno de los segmentos poblacionales más vulnerables de nuestra comunidad.

Dicho esto, observamos además que la recurrente solicitud de aumento del boleto se tramita sin el cumplimiento de las obligaciones que deben asumir los concesionarios del servicio, como ser las encuestas de satisfacción, el cumplimiento puntilloso de las frecuencias de recorrido o cuestiones mucho más elementales como el aseo y mantenimiento de las unidades.

Sostenemos así, que existe el derecho y el deber de internalizar de parte de todos los actores que hacen al sistema de transporte público, esto es usuarios, empresarios y el propio Estado, que el servicio, sus frecuencias, el trazado de las líneas y el precio del boleto son parte de la política pública del estado, pertenecen a este y desde ese rol es el encargado de concesionar el servicio a empresas prestarías que no son sus dueños, ya que su única propiedad pasa por las unidades utilizadas para el trasporte público.

Es a partir de la comprensión del rol que nos toca ocupar como comunidad de un servicio tan sensible y caro a los intereses de la sociedad, que más allá de la discusión del precio del transporte al que nos llevan regularmente, debemos generar la capacidad de participación comunitaria que nos permita discutir, no solo su precio, sino también sus recorridos, la implementación de boletos combinados, la accesibilidad al servicio, la extensión de coberturas a las zonas rurales y semi rurales hoy abandonas a su suerte, entre muchos otros temas.

Como hace varios años fuera planteado por vecinalistas de nuestra ciudad, resulta imprescindible la creación de un Consejo Local de Transporte, que permita una gestión democrática y participativa de uno de los servicios públicos de mayor incidencia en la calidad de vida de la población de Mar del Plata y Batán, y en el cual participen activamente todos los actores involucrados.

Hoy nuevamente sabemos que quiere el empresariado a cargo del sistema de transporte público de pasajeros, nos pide un nuevo aumento del boleto. ¿Sabemos qué quiere la población de Mar del Plata y Batán? Resulta oportuno entonces, ante un nuevo pedido de aumento del boleto, y próximos al vencimiento de las concesiones actuales de la línea de colectivos a ocurrir el año próximo, que sea el Honorable Concejo Deliberante quien tome cartas en el asunto y proceda a generar una jornada de trabajo que permita abrir la discusión sobre qué tipo de transporte tenemos y qué tipo de transporte queremos.

(*): Abogado, docente e investigador de la Facultad de Derecho – UNMDP.