por Emiliano F. Rodríguez

Un sector del Frente de Todos parece dispuesto a darle una vuelta más de tuerca a la discusión acerca de los supuestos “presos políticos” que existen en la Argentina e incrementó así la presión sobre el Poder Judicial, en especial, el jujeño.

En las últimas horas, recobró fuerza la cruzada kirchnerista en busca de lograr a liberación de la dirigente social Milagro Sala y en este sentido, el senador nacional peronista Guillermo Snopek impulsa un proyecto para intervenir nada más ni nada menos que el sistema judicial en Jujuy, una provincia que gobierna su cuñado, el radical Gerardo Morales.

Sala, líder de la agrupación Túpac Amaru, cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por la Justicia como jefa de una asociación ilícita, pero referentes del ala kirchnerista del Gobierno la consideran una “presa política” y abogan por su libertad.

La oposición, en especial el PRO y el radicalismo, cuestionó el proyecto de Snopek, cuya hermana Tulia está casada con Morales, e incluso el legislador jujeño Alberto Bernis consideró que la mano de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se esconde detrás de la iniciativa.

“El senador Snopek recibió instrucciones de la que conduce el Senado, la vicepresidenta Cristina Kirchner, para que se presente el proyecto”, sostuvo el radical Bernis, que agregó: “Lo hacen para liberar a Milagro Sala”.

El presidente Alberto Fernández se mantiene firme -por ahora- en su postura de que en la Argentina no existen “presos políticos”, aunque sí habló de “detenciones arbitrarias”, y mientras soporta oleadas de fuego amigo por este asunto, se mostró claro y concluyente cuando aseguró: “No pienso indultar a nadie.
No está en mis planes”.

De cualquier modo, el kirchnerismo insiste con su avanzada en pos de la liberación de dirigentes detenidos por actos de corrupción, como Sala, Amado Boudou y Julio De Vido, por ejemplo, y en este contexto el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, propuso marchar hasta el Palacio de Tribunales el próximo 24 de marzo para pedir “por los presos políticos”.

“Garantizar impunidad”

Morales, ofuscado con el proyecto de Snopek, consideró que la iniciativa busca “garantizar la impunidad de Sala”, en tanto la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue más allá y acusó a Cristina de preparar “un claro golpe y un atropello al Poder Judicial” y de “erosionar la figura institucional” del jefe de Estado, Fernández.

Planteó “Lilita” Carrió que en el kirchnerismo “hablan de presos políticos, en lugar de hacerlo acerca de los políticos presos por delitos de corrupción; de ïlawfareï; de eliminar la prisión preventiva para los casos de corrupción; destruyen el programa de protección de testigos; (e) intentan intervenir el Poder Judicial de Jujuy”.

Sin ir más lejos, esta semana el Gobierno derogó, mediante un DNU, el decreto por medio del cual la gestión de Mauricio Macri había creado la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados a fines de noviembre pasado y así volvió a quedar vigente el texto original de la ley de 2003.

En la normativa derogada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 168/2020 se modificaba la ley 25.764 y en lugar del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se creaba una Agencia Nacional para tal fin.

En las últimas horas, luego de esta decisión del Poder Ejecutivo central, Alejandro Vandenbroele, ex empresario y testigo “arrepentido” de la causa Ciccone -por la que está condenado Boudou- renunció al programa y sostuvo que la permanencia en ese sistema ponía “en riesgo” su “seguridad”.

En medio de esta cruzada por los supuestos “presos políticos”, Fernández destacó durante un acto en Ezeiza: “Tengo la tranquilidad de tener a Cristina de mi lado”, después de haber asegurado años atrás que la ex jefa de Estado tenía “una enorme distorsión de la realidad”.

Además, ambos celebraron juntos en estos días el cumpleaños número 67 de la líder del Frente de Todos, que recibió incluso un emotivo mensaje de su hija Florencia, ahora que la joven cineasta parece haber salido del ostracismo mientras sigue adelante con su tratamiento médico en Cuba.

El presidente y la senadora comparten un Gobierno que aún se está acomodando, pero que en poco más de dos meses de gestión ya mostró algunas fisuras significativas en distintos asuntos vinculados con la Justicia, la seguridad y, en las últimas horas, con las tarifas de servicios públicos.

A propósito, Fernández tuvo que salir a desmentir a Santiago Cafiero, después de que su jefe de Gabinete indicara que en junio próximo “probablemente” se produciría un aumento.

El regreso de Macri

La mejor noticia de la semana para el Gobierno, mientras Fernández prepara el discurso que pronunciará el próximo domingo 1ø de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, fue la aseveración del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la deuda externa argentina, a la que calificó como “no sostenible”.

La opinión del Fondo fue considerada por el oficialismo como un espaldarazo para las ambiciones de la Casa Rosada de “reperfilar” los vencimientos, en especial, los vinculados con esa masa de alrededor de US$ 60.000 millones -según cálculos de economistas- que corresponden a acreedores particulares con potencial para litigar en estrados de Estados Unidos, en caso de incumplimiento por parte de la Argentina, tras haber contraído deuda que fue emitida bajo legislación extranjera.

El Gobierno aprovechó la calificación de “no sostenible” del FMI para cuestionar la gestión anterior, encabezada por Mauricio Macri, quien después de unas vacaciones reapareció en la escena política pública y encabezó una reunión de la “mesa chica” del PRO más el peronista Miguel Pichetto.

Antes, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal había visitado al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y el propio Macri se había mostrado con el jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, también de Cambiemos.

Se espera que ambas espadas del PRO sigan adelante con este tipo de reuniones en momentos en los que el radicalismo insiste en que el próximo candidato a presidente de la ex coalición gobernante tiene que ser un dirigente de ese espacio. ¡Sí, por más que falten casi cuatro años para las próximas elecciones generales en la Argentina!

Así lo confirmaron a NA fuentes del radicalismo, luego de que el propio titular del partido, Alfredo Cornejo, dijera que no habrá un “único” cabecilla de la oposición y se quejara de que Macri cometió un “abuso” del “empoderamiento” que le dio la Unión Cívica Radical (UCR) como jefe de Estado.

Parece claro que los radicales están decididos a disputarle el rol de liderazgo a Macri, “pero siempre por dentro de la coalición”, según dijeron las fuentes consultadas por esta agencia, mientras la oposición comienza a articularse y a prepararse para lo que será probablemente un año clave para la Argentina en su afán de salir de la crisis.

(*): Especial para NA.