Por Ariel Zak

Un último intento por recuperar el contenido del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner del 1 de setiembre pasado, se encuentra entre las medidas de prueba “indispensables” que solicitó el fiscal federal Carlos Rívolo antes de dar por concluida la pesquisa y disponer su envío a juicio oral, como le reclamó la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti.

La medida asentada por el fiscal en un escrito que se incorporó al expediente es la más importante de las varias que están en curso: Télam pudo reconstruir de fuentes judiciales que además se trabaja en otras diligencias vinculadas a la eventual responsabilidad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en los hechos (por acción u omisión) y la identificación de un usuario de Twitter que se atribuyó la planificación del atentado en un mensaje enviado a la organización de ultraderecha Revolución Federal. Y hay más.

La afirmación del fiscal quedó asentada en la respuesta enviada a la jueza Capuchetti, y en relación a un fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña que consideró oportuno el pronto envío de la parte principal del caso a la etapa de juicio oral y público, por entender “agotada” la investigación, según informaron fuentes judiciales.

Capuchetti ofició al fiscal, quien tiene delegada la causa, y le adjuntó copia de lo resuelto por la Cámara para ponerlo al tanto de esa directiva, la cual manifestó compartir, con el fin de que procediera en consecuencia.

“Se están produciendo y llevando adelante numerosas diligencias y medidas de prueba que esta Fiscalía consideró indispensables para el pronto avance y conclusión de la instrucción”, le respondió el fiscal Rívolo a través de un escrito en el que también aclaró que la jueza puede reasumir la instrucción del caso si lo considera conveniente.

“Corresponde destacar que, entre esas medidas, esta parte solicitó realizar un nuevo peritaje sobre el teléfono celular secuestrado -ni más ni menos- que al imputado Fernando André Sabag Montiel al momento de su detención, instantes después de cometer el hecho por el que se encuentra procesado con prisión preventiva. No puede ignorarse la importancia que reviste poder acceder al contenido de ese dispositivo en la etapa instructoria”, sostuvo Rívolo.

“Tampoco (puede ignorarse) que, dadas las condiciones particulares en que se encuentra ese teléfono celular, podrían implicar su destrucción al intentar obtener sus registros. Por este motivo, dadas las razonables inquietudes planteadas por la querella al respecto, se inició un proceso de búsqueda de una solución tecnológica que permita acceder al contenido de ese teléfono con el menor riesgo posible de tornarlo inutilizable para un eventual peritaje futuro”, remarcó.

Fuentes vinculadas a la investigación detallaron a Télam que, por fuera del peritaje del teléfono celular de Sabag Montiel, hay otras medidas de prueba en curso vinculadas a él; a la supuesta coautora del intento de homicidio, Brenda Uliarte, y al tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, quien está procesado como partícipe secundario.

En el expediente se acreditaron contactos entre una joven que suscribía a Revolución Federal y Uliarte en los meses previos al atentado, aunque la primera declaró como testigo que intercambiaron mensajes de Instagram después de que la imputada se hiciera “viral” por una entrevista que le concedió al canal de noticias Crónica TV.

El testimonio de esa joven motivó que la querella reclamara una serie de medidas de prueba vinculadas con Revolución Federal -cuyos líderes están procesados por incitación a la violencia en otro expediente- para confirmar o descartar si ese espacio pudo haber tenido vinculación con el atentado fallido: algunas ya habían sido dispuestas por la fiscalía.

El 24 de febrero, por caso, el fiscal Rívolo requirió a la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal (UFECI) que identifique a quien hubiera utilizado la cuenta de Twitter identificada como @juanargento. Desde esa cuenta, Revolución Federal recibió minutos después del atentado el mensaje que decía: “¿Lo hicimos bien? Lo organizamos en un chat de una comunidad de Taringa, con un extranjero. Igual no tenía balas, es solo para que corran”. Se aguardan los resultados.

Otra de las medidas que están en curso en la causa tiene que ver con el reclamo de la querella para que se investigue si, por acción u omisión, la Policía de la Ciudad pudo haber tenido alguna responsabilidad en el intento de homicidio de la Vicepresidenta.

En los últimos días, la fiscalía recibió un listado de unos 300 números de teléfono de los policías porteños que estuvieron apostados en las inmediaciones del edifico de Recoleta en el que habitaba la Vicepresidenta entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre, día posterior al ataque fallido.

Ahora se hará un entrecruzamiento con los teléfonos de los imputados para determinar si existió algún contacto.

La incógnita sobre la existencia de medidas en curso que impidieran avanzar al juicio oral se dio a partir del rechazo de la Cámara Federal porteña a otorgar prisión domiciliaria a Carrizo, dado que fue en ese fallo de esta semana que los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens instaron a la jueza Capuchetti a que el caso avance a esa etapa.

Carrizo está procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del intento de homicidio: ante la Justicia y la opinión pública se presentó como alguien que dio trabajo en la venta de copos de nieve a Sabag Montiel -el hombre que intentó cometer el atentado-, pero en su celular aparecieron mensajes en los que se atribuía participación en la planificación del ataque.

La querella le reclamó a la jueza, en duros términos, que vuelva a evaluar la situación procesal de ese imputado luego de haberle ampliado la indagatoria a principios de año tras exhibirle prueba nueva.

Para los abogados de la Vicepresidenta, Carrizo debería ser considerado coautor; la jueza aún no respondió.

En su último intento por obtener la prisión domiciliaria, la defensa de Carrizo ofreció como garante a una supuesta pareja de la que no había registros en la investigación, lo que generó dudas en los investigadores: primero en Capuchetti, luego en los jueces del tribunal de apelaciones y también en la querella.

“No resultan un tema menor las circunstancias que rodean la aparición de la garante, quien según alega la defensa tendría un vínculo afectivo con Carrizo de larga data, pero respecto de quien no se encuentran registros telefónicos de contactos, de llamados ni de mensajes”, sostuvieron Bruglia y Bertuzzi cuando rechazaron mandarlo detenido a su casa.

La querella planteó sus dudas sobre la supuesta pareja de Carrizo al remarcar que resultaba extraño que no se la hubiera convocado antes como testigo por parte de la defensa, para reconstruir los días del imputado previos al atentado y a su detención.

“Si, como dijo (la supuesta pareja de Carrizo) en la entrevista que dio en el marco del informe socioambiental realizado por la Oficina de Delegados Judiciales, ambos convivieron después del atentado, es sumamente extraño que no haya sido llamada a declarar ni haya sido mencionada por ninguno de los testigos”, remarcaron los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes reclamaron que sea convocada.

La fiscalía, informaron fuentes del caso, la convocó para el miércoles próximo.

Los últimos movimientos del expediente registran también un punto de virtual desacuerdo entre la fiscalía y la querella en derredor de cómo avanzar con la denominada “pista Milman”.

Los abogados que representan a Fernández de Kirchner quieren que se vuelva a citar al hombre que dijo haber escuchado, el 30 de agosto, de boca del diputado nacional Gerardo Milman (Juntos por el cambio), la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

Los abogados querellantes sostuvieron que al testigo Jorge Abello, asesor del diputado oficialista Marcos Cleri, “casi no se le hicieron preguntas” cuando se presentó el 23 de septiembre ante la jueza.

Además, agregaron que después la fiscalía pretendió volver a convocarlo pero no fue posible por una cuestión de salud del requerido.

“Entendemos que el inconveniente de Abello ha sido superado, por lo cual no hay obstáculo alguno para su citación”, plantearon Ubeira y Aldazabal.

El fiscal Rívolo respondió que el testigo fue denunciado por presunto falso testimonio (por el propio Milman) y que tiene un expediente abierto en otro juzgado, por lo que “no corresponde convocarlo en estas condiciones”, dijo, porque podría autoincriminarse o referir a cuestiones que corresponden al otro expediente.

“Sin perjuicio de lo cual se han ordenado medidas pertinentes a partir de esa declaración (5 audiencias testimoniales, aportes y peritaje de teléfonos celulares), algunas de las cuales se encuentran en pleno trámite; es por ello que no se encuentra motivación suficiente para convocarlo a que amplíe su testimonio, circunstancia que tampoco ha sido explicada por la querella. En función de ello, explicitadas que sean las razones concretas por las cuales esa parte pretende la citación del nombrado, se proveerá”, completó el fiscal.

Télam.