La Cámara Federal de Apelaciones Mar del Plata analizará desde hoy la situación procesal de 8 jóvenes acusados de integrar bandas neonazis y de haber protagonizado graves actos de discriminación y ataques contra distintos bienes e inmuebles por motivos políticos, sexuales y xenófobos.

Luego de que sus abogados realizaran planteos contra la negativa de que 6 se ellos fueran excarcelados, la Justicia dispuso realizar hoy una audiencia oral y pública para resolver su situación.

Los involucrados están procesados por amenazas, ataques contra inmueble y lesiones, entre otros delitos.

La audiencia oral y pública, iniciada a las 10.30 de este lunes, se lleva a cabo por solicitud por el fiscal general coordinador del Distrito Mar del Plata, Daniel Adler.

En el debate, se abordarán las apelaciones presentadas por las defensas por la denegación de las excarcelaciones y los procesamientos de sus defendidos.

Según se informó la solicitud del representante del Ministerio Público para que la cuestión se aborde en una audiencia pública apunta a resolver lo más rápido posible la situación procesal de los detenidos y evitar posibles dilaciones en la causa.

Un mes atrás, en línea con la hipótesis trazada por los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik, el juez federal Santiago Inchausti había resuelto el procesamiento de Oleksandr Levchenko, Alan Emanuel Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás Caputo, Franco Martín Pozas, Giuliano y Giordano Spagnolo, y un menor de edad, los dos últimos sin prisión preventiva por una serie de hechos violentos vinculados a supuestos de discriminación e imposición de una ideología.

Se los acusa de haber actuado, en grupo o individualmente, en diversos episodios de violencia que van desde pintadas, daños materiales, amenazas de muerte y fuertes golpizas.

Para la Justicia, las víctimas no fueron elegidas al azar.

Además, se considera que su actuación estuvo motivada por la reivindicación del nazismo y el uso y difusión de su simbología, lo que es señalado como actos discriminatorios según la ley 23592.

De momento la Justicia considera que está probado que los involuctados conforman un grupo organizado de personas, que actúa contra grupos minoritarios, así como comercios que pertenecen a sujetos con militancia política o actividad social.

El delito se inscribe en el artículo 213 bis Código Penal.