Por Ramiro Melucci

La fotografía de Mar del Plata exhibe en los últimos días una imagen desmejorada. El gran conglomerado urbano sin circulación viral, encaminado a ser un ejemplo de reapertura comercial en plena pandemia, se transformó de pronto en una ciudad donde se reinstalaron los temores, la incertidumbre y los conflictos.

Es necesario apelar a un ejercicio contrafáctico para apreciar mejor las diferencias. Si la prueba piloto del fin de semana pasado hubiera resultado exitosa, el gobierno nacional y el provincial hubiesen otorgado un rápido aval a la continuidad del comercio minorista. O al menos a la implementación de un nuevo ensayo. La UCIP no hubiera tenido que suplicarle al gobernador el reinicio de la actividad. Y el intendente hubiera podido celebrar una victoria política con la felicitación del gobernador y tal vez del presidente. Pero nada de eso sucedió. Las fotos de Güemes convertida en un paseo dominguero determinaron el saldo negativo de la prueba.

El jefe comunal trazó, sin embargo, un balance positivo. Separó la responsabilidad de los comerciantes y el respeto a los protocolos dentro de los locales de las imágenes de Güemes. Por el desborde culpó solo a los que no entendieron el mensaje de que no se podía pasear. Inadaptados, los llamó. 

El primero en apartarse de esa mirada fue Axel Kicillof. El gobernador transmitió su preocupación por lo que había sucedido y desalentó cualquier otra prueba para evitar contagios. La oposición también hizo un análisis menos parcial. El presidente del bloque de Acción Marplatense, Horacio Taccone, mencionó fallas en la comunicación y el control. Marcos Gutiérrez, del Frente de Todos, puso el foco en las responsabilidades del municipio.

Todo se desencadenó mientras se producía un incremento de los contagios como no se había experimentado en ninguna otra semana. Aunque el impacto lo sufrió personal del sistema de salud, el abrupto incremento de la estadística obligó a modificar el discurso oficial, que debió arriar la bandera de la no circulación viral.

En medio de una semana de por sí crítica, el intendente también tuvo que aceptar que el Sindicato de Trabajadores Municipales le impusiera en la agenda el plan oficial para achicar gastos. Era una iniciativa que se estudiaba con hermetismo. Incluso con dirigentes gremiales. Pero el estado de alerta por una posible rebaja salarial de 10% forzó al gobierno a revelar detalles antes de lo previsto.

El plan de ajuste tocaría además horas extras y bonificaciones. También contemplaría jubilar al personal que esté en condiciones de hacerlo. Un dato: en el gobierno municipal creen que no habría manera de firmar el acuerdo sin comprometer otra rebaja salarial para la planta política.

Los argumentos del boceto se circunscriben a la pandemia. La administración comunal estima que de acá a fin de año tendrá ingresos por $ 5.000 millones menos sobre los $ 17.000 previstos. La mayor parte por la caída de la recaudación, que llega al 50%. El resto por la disminución de la coparticipación provincial.

El municipio prevé que los contribuyentes seguirán teniendo dificultades económicas y que, por lo tanto, la tasa municipal quedará postergada entre las prioridades de la economía familiar. Los resultados de la encuesta de la Red Mar del Plata entre Todos son concluyentes en ese sentido: el 97% de los más de 5.000 consultados respondió que le economía de Mar del Plata se verá bastante o muy afectada por la pandemia de coronavirus. Otro tanto aporta un sondeo del Grupo Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas dirigida a más de 1.600 trabajadores a través de la CGT y la CTA: un 56,9% cree que se reducirán sus ingresos y un 10% que posiblemente pierda su empleo.

El municipio recibió $ 190 millones de la Provincia para hacer frente a los sueldos de abril. El gobierno se preocupó por aclarar que no es un regalo, sino un préstamo con tres meses de gracia. Apeló a otros $ 200 millones de fondos afectados, que en el inicio de la emergencia sanitaria el Concejo Deliberante le permitió utilizar para gastos corrientes. “Pero ni así alcanza”, advierte uno de los funcionarios que observa con desazón el encogimiento de las arcas comunales.

La intención del Ejecutivo es poner en revisión los grandes gastos fijos. Al de los municipales le sigue el de la recolección de residuos, a cargo de la empresa 9 de Julio. Ya despunta un conflicto con Ceamse, la operadora del predio de disposición final. La jefa del bloque radical, Vilma Baragiola, dijo en la comisión de Hacienda que la deuda del municipio con esa empresa acumula $ 180 millones, computables especialmente al gobierno de Arroyo. Eso impidió ejecutar obras comprometidas y continuar el plan social con los recicladores. La primera consecuencia se vio la semana que pasó, cuando los trabajadores informales bloquearon el predio e impidieron que durante una jornada se juntara la basura domiciliaria.

El escenario también enciende alarmas en otro sector capital. La cámara que nuclea a las empresas de transporte comenzó a hacer notar la caída en la recaudación y solicita un salvataje estatal. Sucede en momentos en que, para evitar la propagación del virus, las autoridades desaconsejan el uso del colectivo.

El gran inconveniente de los conflictos que parecen asomarse no suele ser el planteo empresarial, sino el modo en que terminan repercutiendo en la calle. El sindicato de municipales, el de camioneros y el de choferes pueden paralizar la ciudad si las negociaciones no llegan a buen puerto.

El Concejo, que a diferencia de la Cámara de Diputados y Senadores funciona en forma presencial, mostró otras discusiones de la política lugareña. La comisión de Legislación empezó a poner contra las cuerdas a Luis Salomón, el defensor del pueblo que irrumpió en la inspección del comercio de un familiar. Los informes de los inspectores y los policías que estuvieron en el lugar coinciden en que “tomó del cuello” a un efectivo. Lo convocarán para que asista a brindar su descargo, pero varios concejales ya piensan un escenario sin Salomón: calibran que, como mínimo, le cabrá una suspensión.   

La comisión de Hacienda consideró las rendiciones de cuentas del último año de Arroyo. Ninguno de sus nueve integrantes, ni siquiera los que alguna vez convivieron con él en una alianza, lo defendieron. Como muestra alcanza la dura embestida del presidente del bloque oficialista, Alejandro Carrancio, a las cuentas de la administración central. Habló de números dibujados, superávit engañoso, desidia y mala praxis. Su compañero de bloque Agustín Neme, que fue funcionario hasta los cinco primeros meses del año pasado, se abstuvo de opinar.

Más que en función del alejamiento progresivo que experimentaron respecto de aquella gestión fallida, y que se terminó de concretar cuando formaron parte de la lista de Juntos por el Cambio, la postura de ambos sirve para acentuar la impresión que Montenegro tiene sobre la gestión que lo precedió. La misma que, cuando se declaró la emergencia sanitaria, llevó a un alto funcionario a preguntarse qué destino hubiera tenido Mar del Plata si la pandemia se hubiera desatado un año antes. Mejor hacerle caso a los psicólogos, que en estos tiempos aciagos recomiendan reforzar los pensamientos positivos para mantener la salud mental.