En el marco de la compleja investigación por la asociación ilícita mixta que se habría desarrollado con epicentro en la Jefatura Departamental, la Justicia de Garantías otorgó una prórroga de 15 días a la Fiscalía General para que formalice los pedidos de prisiones preventivas para el exjefe de la policía, José Segovia, y el resto de los acusados.

El fiscal general Marcos Pagella solicitó que se le extendiera el plazo para definir las situaciones procesales de los detenidos Segovia, el policía en actividad Gastón Moraña (Departamental), los expolicías Javier González y Christian Holktamp, el cambista y dueño del café Sutton, Jorge “Ruso” Toletti y el abogado Lautaro Resúa.

Por otra parte, en cuanto al agente de la Policía Federal, Nicolás Rivademar, su abogado defensor, Cristian Moix, explicó a LA CAPITAL que ya se ha efectivizado la prisión domiciliaria, ya que sufre problemas de salud.

Entre los argumentos que dio el fiscal Pagella, se destacan que todavía existen medidas probatorias pendientes, y que sus resultados serían necesarios para terminar de configurar el cuadro informativo inicial.

Segovia está acusado de ser, presuntamente, el líder de una asociación ilícita compuesta por policías en servicio, expolicías, un cambista y un abogado dedicada a recaudar dinero de “arbolitos” y desviar investigaciones en casos de robos calificados, entre otros delitos.

Cabe recordar que Segovia fue recientemente traslado a la sede de la Policía Federal de Sarmiento al 2500 para que permanezca detenido allí, ya que el 9 de mayo, mientras estaba alojado en un calabozo de la Estación Comunal de Policía de Balcarce, recibió al exsubcomisario Juan Pablo Velázquez como visita, cuando aún regía la incomunicación librada por la Justicia durante el secreto sumarial inicial.

Velázquez es un expolicía exonerado y condenado a cinco años de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por diez años, por fraguar actas tras un allanamiento ilegal en el marco de la investigación por el asesinato kiosquero Dardo Molina, hecho que conmovió a Mar del Plata el 22 de septiembre de 2010.

Ante esta irregularidad, el fiscal Pagella planteó que “esto evidencia lo problemático que resulta su alojamiento (por Segovia) en una dependencia (cualquiera de ellas) a cargo de funcionarios que hasta hace escaso tiempo resultaban ser sus inferiores jerárquicos”.

La hipótesis acusatoria

A Segovia se le imputa ser jefe de una asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas y encubrimiento agravado, estafa procesal, abuso de autoridad y violación a los deberes de su cargo, falsificación ideológica de instrumento público, incumplimiento a los deberes de funcionario público, intermediación financiera no autorizada, expendió y puesta en circulación de moneda apócrifa, compra venta de divisas de origen ilícito y explotación, administración u operación de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente.

“Esta organización criminal se conformó por distintos grupos de personas que actuaron en la modalidad de células -sin que necesariamente todos ellos tuvieran relación o conocimiento entre sí e incluso alguno de ellos no individualizados a la fecha-, con distintos grados de participación y responsabilidad criminal, pero respondiendo todos a un mando claro ejercido por el entonces Jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones -actual Titular de la Jefatura Departamental-, Crio. Mayor José Luis Segovia quien, en definitiva, tomaba las decisiones y asignaba los roles”, indica la acusación.

Para la Fiscalía General, Holktamp, junto con Toletti, otro de los imputados y su socio en el café Sutton, monopolizó  el control del negocio de la compraventa ilegal de moneda extranjera en la zona de Independencia y Luro, organizando a los denominados “arbolitos”, siendo el nexo entre éstos y la autoridad policial, que exigía el pago de cánones ilegales como contraprestación a la protección.

Además, se le atribuye, junto a Toletti, haber secuestrado al delincuente Juárez luego de que cometiera un millonario robo en Cabo Corrientes y extorsionarlo para que la investigación se desviara. Toletti es cuñado de Kuki” Arbizu, quien está prófugo.

Según declaración que surgieron en la causa del secuestro de Juárez, Toletti habría aparecido frecuentemente como testigo de procedimientos en trabajos de drogas.

En tanto, Resúa, sería según la instrucción, el nexo entre delincuentes, policías y arbolitos. Este abogado penalista contaba con relación previa con Toletti y Holtkamp. Es quien vinculó a ambos y convenció al “arbolito” que el expolicía serviría como nexo y cobertura con los jefes policiales.

Para la Fiscalía General, Resúa de manera premeditada y sucesivamente, ejerció la defensa de personas imputadas de diversos hechos delictivos que guardaban intereses contrapuestos entre sí, con la finalidad de controlar de manera directa las constancias probatorias reunidas y diligencias procesales adoptadas en cada una de las pesquisas.