El juez de Garantías, Daniel De Marco, en el marco de la causa por la asociación ilícita mixta acusada de hacer “caja” desde la Jefatura Departamental, ordenó la prisión preventiva para el exjefe de policía José Segovia y el resto de los imputados, a excepción del abogado Lautaro Resúa y el policía federal Nicolás Rivademar, de quienes dispuso falta de mérito en los delitos más graves y su excarcelación.

De esta manera, el juez De Marco, tal como le había solicitado el fiscal general adjunto Marcos Pagella, resolvió la prisión preventiva para el comisario mayor Segovia, el policía Gastón Moraña, los expolicías Javier González y Christian Holtkamp, y el financista Jorge “Ruso” Toletti. Estos cinco imputados quedarán detenidos mientras avanza la investigación.

Distinta fue la situación para el abogado Lautaro Resúa y el policía Federal Nicolás Rivademar. En ambos casos el juez fue en dirección opuesta a lo planteado por el fiscal y dictó falta de mérito en los delitos de integrar la asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada, expendio y puesta en circulación de moneda extranjera apócrifa, compraventa de divisas de origen ilícito, explotación, administración u operación de juegos de azar sin autorización emanada de la autoridad competente y encubrimiento.

En cuanto al abogado Resúa, seguirá imputado por los delitos de prevaricato y encubrimiento; mientras que el policía Rivademar por violación de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales. En ambos casos, al tratarse de delitos excarcelables el juez ordenó que ambos recuperen la libertad.

El punto principal de la hipótesis del fiscal Marcos Pagella es que se había conformado una organización criminal, que tenía base en la Jefatura Departamental, dirigida por quien era el jefe de la Policía, el comisario mayor José Segovia. Esta asociación ilícita hacía “caja” con diferentes delitos, como el control de los “arbolitos” y la compra venta de moneda extranjera, el armado de causas y exigir dinero a delincuentes para asegurarles la impunidad.

El juez De Marco, en su resolución, aclaró que para convertir la detención en prisión preventiva se necesita que las pruebas contra los imputados sean “suficientes” y “probables”.

Además, el magistrado explicó el punto principal de la hipótesis fiscal, el de la asociación ilícita, a la que definió como “un delito colectivo en el cual el propósito asociativo se nutre en el número de integrantes de la organización, siendo que a cada miembro le toca cumplir un rol determinado”.

De esta manera, destacó la verticalidad que existía, con Segovia como cabeza de la organización, que al asumir como Jefe Departamental creó el cuerpo denominado Grupo de Respuesta Inmediata (GRI).

“Ha quedado probado que este grupo fue conformado por fuera de los nomencladores policiales o de cualquier estructura funcional en el ámbito del Ministerio de Seguridad”, expresó el juez De Marco y agregó: “También ha quedado suficientemente acreditado que todos sus miembros se desempeñaron juntos en algún momento bajo la conducción de Segovia, habiendo sido señalados como personas de su extrema confianza, y sindicados como nexos con ‘arbolitos’”.

El juez de Garantías remarcó las relaciones entre Segovia y el resto de los imputados, principalmente quienes pertenecieron a la Policía Bonaerense.

En la investigación, la Justicia dio por probado que el expolicía Javier González continuó “informalmente” con funciones en la dependencia a cargo de Segovia, a su exclusiva disposición pese a que había sido exonerado. Por su parte el oficial inspector Gastón Moraña y Adalberto Holtkamp mantenían “estrecha relación” con Segovia.

Según explicó el juez en su resolución, Moraña y Holtkamp ingresaban directamente al despacho de Segovia, sin anuncio previo, y la situación se mantuvo incluso luego de que Holtkamp fuera desafectado de la fuerza. Además, según De Marco, “en muchas ocasiones ni siquiera se dejaba constancia de estas visitas en el libro de guardia”.

“Esta asociación, que resultó ser funcional para tener el control de lo que sucedía en las comisarías y para llevar adelante investigaciones en el ámbito de la Jefatura con personas de confianza de Segovia”, concluyó el juez y agregó: “El avance de la investigación también ha logrado demostrar que Segovia no sólo controló la actividad ilegal, sino que continúa ejerciendo influencia sobre sus subalternos”.

La compleja hipótesis

La causa que involucra a Segovia derivó de tres expedientes judiciales anteriores. El primero de ellos investigaba el robo sufrido a mediados de diciembre de 2020 por una pareja de jubilados en el edificio Cabo Corrientes. Esa investigación tiene como fiscal a Mariano Moyano.

El segundo expediente es el que investiga el fiscal Fernando Berlingeri a la “Banda del Millón”, un grupo de delincuentes que se hicieron de un millón de dólares y varios millones de pesos en 2022, también al robar en departamentos de Mar del Plata.

Y la tercera investigación, a cargo de Florencia Salas y que sirvió de plataforma para la actual causa, es la que tuvo por víctima de secuestro y extorsión a Marcelo Juárez, el acusado de cometer el robo en Cabo Corrientes.

De esas tres causas surgió la información sobre los dineros recaudados entre “arbolitos” y la manipulación de investigaciones en la DDI cuando Segovia era el jefe.