Otros seis policías fueron imputados en la causa penal que investiga la existencia de una asociación ilícita mixta entre uniformados y delincuentes, por la que permanece detenido desde mayo pasado el exjefe Departamental, comisario mayor José Luis Segovia.

Cinco de los nuevos acusados permanecen en actividad, mientras que el restante ya se encuentra retirado de sus funciones. Según pudo saber LA CAPITAL tras consultar fuentes de información, todos fueron citados a declarar en Tribunales la próxima semana, a través de un escrito que este lunes presentó la Fiscalía General ante la Justicia de Garantías.

Se trata de Mauricio Ramírez Armani, Jonathan Sonzogni, Iván Medigovich, Sebastián Di Biase y Christian Gari, extitular de la comisaría primera y del Comando de Patrullas. En tanto, el efectivo ya pasado a retiro es Héctor Sosa. Los seis deberán comparecer ante el fiscal General adjunto, Marcos Pagella, entre el 22 y el 24 de octubre.

Las imputaciones surgieron a partir de la incorporación de nueva evidencia y tras una renovada valoración de la ya existente, y se vinculan al rol de los efectivos mencionados. En ese sentido, y conforme surge del fallo al que accedió este medio, no se les atribuyó participación en la asociación ilícita, pero sí los delitos de “encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos, falsificación o adulteración ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa procesal”.

En su presentación de 31 páginas, Pagella relevó del juramento que oportunamente prestaran al momento de recabarles declaración testimonial Sosa, Medigovich, Di Biase y Gari. También dieron vista de los informes periciales a los defensores e imputados “haciéndose saber que pueden hacer examinar los resultados por otro perito y eventualmente solicitar la reproducción de las pericias”.

La hipótesis inicial

El punto principal de la hipótesis del fiscal Pagella es que se había conformado una organización criminal, que tenía base en la Jefatura Departamental, dirigida por quien era el jefe de la Policía, el comisario mayor José Segovia. Esta asociación ilícita hacía “caja” con diferentes delitos, como el control de los “arbolitos” y la compra venta de moneda extranjera, el armado de causas y exigir dinero a delincuentes para asegurarles la impunidad.

El juez De Marco, en su resolución, aclaró que para convertir la detención en prisión preventiva se necesita que las pruebas contra los imputados sean “suficientes” y “probables”.

Además, el magistrado explicó el punto principal de la hipótesis fiscal, el de la asociación ilícita, a la que definió como “un delito colectivo en el cual el propósito asociativo se nutre en el número de integrantes de la organización, siendo que a cada miembro le toca cumplir un rol determinado”.

De esta manera, destacó la verticalidad que existía, con Segovia como cabeza de la organización, que al asumir como Jefe Departamental creó el cuerpo denominado Grupo de Respuesta Inmediata (GRI).

“Ha quedado probado que este grupo fue conformado por fuera de los nomencladores policiales o de cualquier estructura funcional en el ámbito del Ministerio de Seguridad”, expresó el juez Daniel De Marco tras analizar el expediente, y agregó: “También ha quedado suficientemente acreditado que todos sus miembros se desempeñaron juntos en algún momento bajo la conducción de Segovia, habiendo sido señalados como personas de su extrema confianza, y sindicados como nexos con ‘arbolitos’”.

El juez de Garantías remarcó entonces las relaciones entre Segovia y el resto de los imputados, principalmente quienes pertenecieron a la Policía Bonaerense.

En la investigación, la Justicia dio por probado que el expolicía Javier González continuó “informalmente” con funciones en la dependencia a cargo de Segovia, a su exclusiva disposición pese a que había sido exonerado. Por su parte el oficial inspector Gastón Moraña y Adalberto Holtkamp mantenían “estrecha relación” con Segovia.

Según explicó el juez en su resolución, Moraña y Holtkamp ingresaban directamente al despacho de Segovia, sin anuncio previo, y la situación se mantuvo incluso luego de que Holtkamp fuera desafectado de la fuerza. Además, según De Marco, “en muchas ocasiones ni siquiera se dejaba constancia de estas visitas en el libro de guardia”.

“Esta asociación, que resultó ser funcional para tener el control de lo que sucedía en las comisarías y para llevar adelante investigaciones en el ámbito de la Jefatura con personas de confianza de Segovia”, concluyó el juez y agregó: “El avance de la investigación también ha logrado demostrar que Segovia no sólo controló la actividad ilegal, sino que continúa ejerciendo influencia sobre sus subalternos”.

El inicio

La causa que involucra a Segovia derivó de tres expedientes judiciales anteriores. El primero de ellos investigaba el robo sufrido a mediados de diciembre de 2020 por una pareja de jubilados en el edificio Cabo Corrientes. Esa investigación tiene como fiscal a Mariano Moyano.

El segundo expediente es el que investiga el fiscal Fernando Berlingeri a la “Banda del Millón”, un grupo de delincuentes que se hicieron de un millón de dólares y varios millones de pesos en 2022, también al robar en departamentos de Mar del Plata.

Y la tercera investigación, a cargo de Florencia Salas y que sirvió de plataforma para la actual causa, es la que tuvo por víctima de secuestro y extorsión a Marcelo Juárez, el acusado de cometer el robo en Cabo Corrientes.

De esas tres causas surgió la información sobre los dineros recaudados entre “arbolitos” y la manipulación de investigaciones en la DDI cuando Segovia era el jefe.