por Luis Uribe

LOS ANGELES, Estados Unidos.- Un grupo de 25 condenados a la pena de muerte, entre los que figuran asesinos en serie y condenados por asesinatos múltiples, son los primeros beneficiados con la moratoria establecida esta semana por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom.

Tras haber agotado sus instancias legales de apelación o peticiones de clemencia estos condenados hubieran sido los próximos en ser ejecutados cuando, como se esperaba, fuese aprobado un nuevo protocolo para utilizar la inyección letal, suspendida desde 2006 a causa de una querella legal.

“Estos 25 condenados a pena de muerte ya no tenían recursos legales para tratar de revocar la decisión o dilatar su aplicación”, explicó a EFE Albert Gómez, experto en derecho criminal del sur de California, sobre este grupo, de un total de 737 que esperaban la ejecución en el corredor de la muerte.

Como relató Gómez, la condena a pena de muerte en California genera inmediatamente una apelación ante la Corte Suprema del estado y de ser mantenido el veredicto, el caso se puede apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Igualmente, los recursos de hábeas corpus permiten a la defensa alegar errores o ilegalidades durante la detención, o abuso contra los derechos del acusado, y existe además la opción de solicitar “clemencia ejecutiva” al gobernador, quien puede suspender la ejecución aunque “es una posibilidad muy inusual”, como dijo el experto.

Alegando, entre otros aspectos, que la pena de muerte discrimina a los enfermos mentales, a las personas de color y a aquellos que no pueden pagar “una representación legal costosa”, Newsom anunció el pasado miércoles una suspensión de las ejecuciones, y con su decisión puso a California junto a Colorado, Oregón y Pensilvania como los estados del país en establecer una moratoria.

Entre los 25 que se hallaban en el corredor de la muerte esperando una fecha para su ejecución figuran asesinos en serie y condenados por múltiples asesinatos, como los hermanos Ronaldo Ayala, de 66 años, y Héctor Ayala, de 65.

Ambos habían sido condenados en 1989 por el asesinato de tres personas y por disparar a una cuarta durante el asalto a un taller utilizado para distribuir heroína. Los hermanos Ayala, que llevan 30 y 29 años, respectivamente, en el corredor de la muerte, figuran como vinculados a La Mafia Mexicana, un grupo criminal que opera en las cárceles.

Otro de ellos, Albert Brown, actualmente de 62 años, atacó a una niña de 15 años de edad en 1980 en el condado de Riverside, la violó y la estranguló causándole la muerte. Posteriormente llamó a la Policía para dejar pistas sobre el paradero del cuerpo de la adolescente. Tres años antes, Brown había violado a otra joven de 14 años.

Por su parte, Michael Morales, de 56 años, estaba a punto de recibir la inyección letal el 21 de febrero de 2006 cuando dos horas antes de la ejecución la Administración estatal notificó a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que no podía cumplir la orden.

Un juez federal había determinado que, por implicar uso de químicos, el proceso debía hacerlo un médico licenciado, quienes por razones éticas tienen prohibido ser parte de ejecuciones.

El caso de Morales, quien lleva 35 años en el corredor de la muerte tras el salvaje asesinato de una mujer en 1981, a quien golpeó en la cabeza con un martillo, la violó y la apuñaló, llevó a la suspensión indefinida de las ejecuciones.

Poco antes, se había llevado la que es por el momento la última ejecución en California, que tuvo lugar el 17 de enero de 2006 cuando fue ejecutado Clarence Ray Allen, de 76 años.

En California desde 1978 han sido sentenciados a la pena capital más de 900 personas pero solo 13 han sido ejecutadas.

Cuando han sido consultados, una mayoría de votantes californianos ha respaldado el mantenimiento de la pena de muerte en el estado, tal como lo hicieron en los plebiscito de 2012 y 2016, así como en 2016, cuando se aprobó la Proposición 66 para agilizar el proceso de ejecuciones.

“Tres veces la gente de este estado ha pronunciado su opinión”, señaló en una declaración a Efe Steve Wagstaffe, fiscal de distrito del Condado de San Mateo, respecto a la moratoria decretada por el gobernador y a la cual él se opone.

“Newsom ha decidido que eso no es relevante”, se lamentó.

Para Ron Moreland, un veterano de la Fuerza Aérea y profesor universitario ya retirado, de 86 años, la decisión del gobernador le supone morir sin ver justicia por el asesinato de su hija Cynthia Moreland, que a la edad de 18 años fue asesinada junto con su prometido Rick Stowers, de 19, cuando hacían montañismo en 1980.

Por el asesinato de los jóvenes, y de cuatro mujeres más, David Joseph Carpenter, alias el “Asesino del Sendero”, fue condenado a la cámara de gas, sentencia que no se ha llevado a cabo.

“Es ridículo como el estado de California puede mantener vivo un individuo como ese, que es absolutamente diabólico y ha causado demasiado dolor”, dijo esta semana Moreland a medios californianos.

El anuncio de Newsom vino acompañado de la decisión de cerrar la prisión estatal de San Quintín, localizada en el condado de Marín (norte de California), donde funciona el único corredor de la muerte para hombres y la cámara de ejecución del estado.

Esta semana, funcionarios de este presidio retiraron la cámara de muerte por inyección letal y la cámara de gas.

EFE.