El intendente Carlos Arroyo y las secretarias de Educación, Ana María Crovetto y Silvana Rojas deberán presentarse ante la Justicia. Los tres tendrán que asistir una audiencia de conciliación para explicar las razones por las cuales fueron discontinuados una serie de programas a través de los cuales el municipio ofrecía actividades de capacitación y recreación y otros servicios a más de 13 mil chicos de Mar del Plata y de Batán.
La medida fue dispuesta por la jueza en lo Civil y Comercial Patricia Ginsberg, quien espera recibir al jefe comunal y a sus dos secretarias el jueves 23 de junio, a las 9 de la mañana.
Allí también asistirán los representantes del Consejo Local de la Niñez y de la Defensoría del Pueblo, quienes impulsaron una demanda por considerar que los fuertes recortes aplicados durante este año en los presupuestos de educación y de cultura vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes ya no tienen acceso a los servicios que ofrecía el municipio.
Ayer se supo que finalmente la Justicia admitió ese recurso de amparo de incidencia colectiva y al mismo tiempo dispuso que Arroyo, Crovetto y Rojas a respondan sobre la suspensión de los programas culturales y educativos en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía.
“Celebramos la decisión de la Justicia y creemos que de esta forma se abre una instancia de diálogo con el Ejecutivo municipal que hasta este momento se nos había negado”, expresaron desde el Consejo de Niñez, y agregaron: “Esperamos en la audiencia conciliatoria den conocer el plan de acción relativo a las políticas socioculturales y educativas”.
La acción judicial interpuesta pretende que el Ejecutivo municipal reponga los programas Almacenes Culturales, Usinas Artísticas, LiberArte, las actividades del Museo de Ciencias Naturales y el Programa Educativo Barrial (PEBA).
Todas ellas se desarrollaban en más de 200 espacios comunitarios e institucionales y alcanzaban en diciembre de 2015 a aproximadamente 13.200 niños, niñas y adolescentes de todos los barrios de Mar del Plata y de Batán.
La decisión política de retirar el Estado de los territorios más vulnerables “violenta la igualdad de oportunidades, incumple con el principio de la progresividad y no retroactividad de los derechos económicos, sociales y culturales en base al interés superior del niño, especialmente protegido por la Constitución Nacional a través de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y las leyes 26.061 y 13.298”, señalaron los amparistas.
Esta semana, la abogada que patrocina la demanda, María Susana Nudelman, habría destacado además el hecho de que el presupuesto municipal de este año prevé partidas para financiar todos estos programas a pesar de lo cual, no están siendo ejecutados como se preveía.