La inseguridad invadió las calles argentinas, dejó seis muertos en las últimas dos semanas en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, y los vecinos reclamaron por un mayor trabajo policial cuando faltan menos de 60 días para las elecciones primarias legislativas.

Un niño de 3 años, una pareja de jubilados, una mujer con su bebé sobreviviente, un chófer de autobús y un comerciante fueron las víctimas fatales de la última “ola de inseguridad” que hasta también tiene entre sus afectados al hijo de la diputada Margarita Stolbizer, una de las más mediáticas de la esfera política, que fue secuestrado hace un mes.

Todos estos hechos que alcanzan a toda la población, sin excepción, actuaron como un fuerte llamado de atención a las autoridades políticas junto al reclamo de la ciudadanía.

Pero este problema no surgió este año sino que representa un dilema con esquiva solución para los argentinos.

En este sentido, un estudio de la Universidad Católica de Argentina de 2016 revela que “el 26,4% de los hogares sufrió un delito común contra la persona o la propiedad”.

Antes, un informe publicado por el Ministerio de Seguridad correspondiente a 2015 -durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- contabilizó 10.500 muertos y heridos con una tasa de 6,6% de homicidios en relación a la totalidad de la población argentina.

Distintas protestas se desencadenaron estas últimas semanas y el grito de los manifestantes fue siempre el mismo: “no se puede vivir con miedo”.

Una de las localidades de la provincia de Buenos Aires más afectadas por la violencia es Lomas de Zamora y su intendente, Martín Insaurralde, reconoció a EFE que “es una situación difícil en materia de seguridad”.

Insaurralde se reunió con el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, y ambos funcionarios decidieron la incorporación de 140 policías y 35 patrulleros para reforzar la protección del área con mayor incidencia delictiva.

Pero otro de los reclamos de los manifestantes en protestas, además de la ausencia policíaca, es la inoperancia de los efectivos de las fuerzas de seguridad que “cuando ven algo pasando, no se meten”.

“Los vecinos venían reclamando que en el horario nocturno el patrullaje no existía y desde la alcaldía se comprobó que los domingos ningún patrullero funcionaba”, agregó Insaurralde.

Por otro lado, el jefe comunal admitió que la “ola de inseguridad” no se resuelve únicamente con la implementación de nuevos oficiales porque los sucesos de las últimas semanas demostraron que se trata de “personas que no tienen respeto por la vida”.

Tuvo que pasar una semana para que estos funcionarios decidan actuar, presionados por la opinión pública.

Entonces, esta reacción tardía dejó al descubierto dos cuestiones y abrió otros dos interrogantes.

En primer lugar, la conducción política argentina continúa sumando nuevos policías a las zonas conflictivas, solución que nunca terminó con el problema.

La segunda cuestión se refiere a las fuerzas de seguridad y su función en las calles: los vecinos ya no confían en ellos y los antecedentes más recientes no son favorables.

El ex jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, José María Potocar, hoy se encuentra detenido preventivamente en el marco de una causa que lo acusa de recibir coimas a cambio de brindar vigilancia especial a ciertas cuadrículas.

En paralelo, el ex jefe de policías de la jurisdicción más grande del país, la provincia de Buenos Aires, pidió su retiro voluntario luego de ser fuertemente sospechado de tener connivencia con el narcotráfico.

Con respecto a los interrogantes, cada vez que sucede una ola de homicidios la pregunta inevitable es: ¿por qué no se hizo nada antes en pos de la protección ciudadana?

Además, cuando en Argentina se vive un clima de campaña electoral, ¿los candidatos serán capaces de ofrecer propuestas distintas al problema de siempre, la inseguridad?

Y si se revisara quiénes fueron los homicidas, entre ellos es posible identificar a un adolescente de 16 años, que creció con sus hermanos presos y, sin razón que lo justifique, poseía un arma con la que asesinó a un niño de tres.

Por lo tanto, los seis homicidios en dos semanas y las repetidas protestas encendieron un debate electoral que exigirá sensibilidad política y un plan que coordine iniciativas multisectoriales para abordar a la inseguridad desde distintos ángulos y que reemplace a las viejas soluciones, “antisoluciones”.

EFE.